La Selección Española de Fútbol tuvo un momento crítico en la Eurocopa que ganó en 2024. En la fase de octavos de final, en el partido contra Georgia, España perdía 1-0, con gol en propia puerta de Le Normand. El juego de “la Roja” no estaba siendo el que había mostrado en los primeros tres partidos del torneo. Entonces, a mitad del primer tiempo se produjo una acción que fue clave. No fue un gol ni una parada espectacular. El balón estaba en el centro del campo. Los georgianos se replegaban y, en ese momento, Rodri pisó la pelota y paró el juego. Todo se congeló, incluso el tiempo. El mediocentro del Manchester City, quizá el mejor del mundo en su puesto, miró a sus compañeros y se lo dejó claro: hay que parar para poder arreglar todo lo que se estaba haciendo mal. A partir de ese momento, España fue imparable en todo el campeonato.
Esa es la actitud a tomar cuando algo que funciona, con sus deficiencias, deja de hacerlo, sobre todo en política.
La creciente fragmentación política en España ha colocado al PSOE y al PP ante una disyuntiva histórica que ya no puede seguir esquivándose: continuar atrapados en una lógica de bloqueo permanente o asumir que la gobernabilidad del país exige una profunda revisión de sus estrategias de alianzas y de su relación mutua. Tras una década marcada por la polarización, la dependencia parlamentaria de fuerzas minoritarias y la incapacidad para construir consensos estables, cada vez más sectores políticos, económicos e institucionales consideran inevitable algún tipo de entendimiento estructural entre los dos grandes partidos nacionales.
La política española vive instalada desde hace años en una dinámica de aritmética extrema donde pequeñas formaciones ideológicas y territoriales condicionan decisiones de Estado de enorme trascendencia. Tanto gobiernos del PSOE como del PP han terminado dependiendo, en distintos momentos, de fuerzas independentistas, nacionalistas o partidos situados en los extremos ideológicos para sostener mayorías parlamentarias extremadamente frágiles. El resultado ha sido una sensación creciente de inestabilidad crónica que afecta no solo a la política nacional, sino también a comunidades autónomas y ayuntamientos.
La cuestión ya no se limita a una disputa partidista. Empieza a emerger un debate más profundo sobre la propia capacidad del sistema político español para garantizar estabilidad institucional en un contexto de fragmentación permanente. En ámbitos empresariales, diplomáticos y académicos aumenta la preocupación por una gobernabilidad sometida constantemente a negociaciones de supervivencia, cesiones territoriales y tensiones ideológicas que dificultan la planificación económica, la seguridad jurídica y la continuidad de las políticas de Estado.
Durante años, tanto socialistas como populares han utilizado el miedo al adversario como principal herramienta de movilización electoral. El PSOE ha construido buena parte de su discurso sobre el riesgo de una derecha apoyada por la extrema derecha, mientras el PP ha denunciado de manera sistemática las alianzas socialistas con independentistas y fuerzas de extrema izquierda. Sin embargo, esa estrategia de confrontación total empieza a mostrar signos evidentes de agotamiento.
La realidad parlamentaria surgida de los últimos ciclos electorales demuestra que ninguno de los dos grandes partidos posee capacidad suficiente para gobernar en solitario y que las mayorías naturales tradicionales prácticamente han desaparecido. Esa situación ha convertido a fuerzas minoritarias en árbitros permanentes de la política española. Partidos con representación limitada en términos nacionales han adquirido una capacidad de influencia desproporcionada sobre presupuestos, investiduras, reformas legislativas e incluso cuestiones estratégicas vinculadas al modelo territorial del Estado.
El problema para el PSOE y el PP es que esa dependencia debilita progresivamente su credibilidad como grandes partidos de gobierno. Ambos corren el riesgo de aparecer ante parte de la sociedad como formaciones incapaces de garantizar estabilidad sin recurrir continuamente a apoyos externos que generan fuerte rechazo en amplios sectores del electorado.
En este contexto, comienza a abrirse paso la idea de que España necesita recuperar una cultura política de grandes acuerdos institucionales semejante a la existente en otros países europeos o a la que existió en la construcción de la democracia. No se trataría necesariamente de una gran coalición permanente al estilo alemán, pero sí de construir mecanismos de cooperación entre los dos principales partidos para garantizar gobernabilidad en asuntos esenciales de Estado. Es el parón de Rodri. Frenar para recolocarse y volver a hacer funcionar lo que se ha desestructurado.
La posibilidad de pactos transversales entre PSOE y PP ya no aparece únicamente como una hipótesis teórica. En numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas empiezan a surgir voces que defienden acuerdos puntuales o fórmulas de colaboración destinadas a evitar que gobiernos locales o regionales dependan de fuerzas extremas o independentistas. El debate sigue siendo políticamente incómodo para ambas direcciones nacionales, pero gana terreno silenciosamente entre dirigentes territoriales más preocupados por la gestión que por la confrontación ideológica permanente.
La presión internacional también influye en este cambio de percepción. España continúa siendo una de las grandes economías de la Unión Europea y un actor clave en el equilibrio mediterráneo y atlántico. Bruselas observa con creciente inquietud la dificultad española para alcanzar consensos duraderos en materias estratégicas como financiación autonómica, energía, inmigración, defensa, pensiones o política fiscal. La imagen exterior de un país sometido constantemente a tensiones parlamentarias y negociaciones de última hora empieza a generar preocupación en mercados e instituciones europeas.
A ello se suma un fenómeno político más amplio que afecta a gran parte de Occidente: el debilitamiento de los grandes partidos tradicionales frente a fuerzas más radicales o identitarias. En España, la polarización ha terminado alimentando precisamente a aquellos actores que viven políticamente del conflicto permanente. Cuanto mayor es el enfrentamiento entre PSOE y PP, mayor capacidad de presión obtienen los extremos ideológicos y los partidos territoriales. En su intento por destruir políticamente al adversario, socialistas y populares han terminado fortaleciendo durante años a fuerzas que cuestionan aspectos centrales del consenso constitucional surgido en 1978. Esa dinámica ha convertido la gobernabilidad en una negociación continua donde el interés general muchas veces queda subordinado a equilibrios parlamentarios extremadamente delicados.
Por eso empieza a consolidarse una idea que hasta hace poco resultaba casi tabú en la política española: la necesidad de reconstruir espacios de centralidad y acuerdos entre las dos grandes fuerzas nacionales. No como renuncia a la alternancia democrática ni a la competencia electoral, sino como mecanismo de protección institucional frente a la fragmentación extrema.
El desafío para ambos partidos será enorme. Tanto el PSOE como el PP han construido durante años identidades políticas basadas en la incompatibilidad absoluta con el otro. Cualquier acercamiento corre el riesgo de provocar tensiones internas y fugas electorales hacia posiciones más radicalizadas. Pero al mismo tiempo, mantener indefinidamente la actual dinámica de bloques amenaza con profundizar la percepción de una España políticamente ingobernable.
La cuestión ya no es únicamente quién gobierna, sino en qué condiciones puede gobernarse el país sin depender constantemente de minorías capaces de bloquear legislaturas enteras o imponer agendas particulares sobre decisiones de alcance nacional. Y esa reflexión empieza a situarse lentamente en el centro del debate político español, aunque todavía pocos dirigentes se atrevan a formularla abiertamente.