Pánico de Moncloa al "Moha 6"

Hay una diferencia fundamental entre gestionar una crisis y aceptar su verdadera naturaleza. En Ceuta, esa diferencia se ha convertido en el corazón del problema político. Ursula von der Leyen ha dejado caer en su carta a Pedro Sánchez lo que en Bruselas ya muchos asumen con más claridad que en Madrid: no se puede permitir que la migración irregular sea utilizada como medio de presión sobre un Estado miembro. Es decir, ningún país miembro debe quedarse quieto ante un episodio de guerra híbrida. Esa frase, cuidadosamente escrita para no dinamitar la relación con Marruecos, equivale en la práctica a señalar al único actor con capacidad para provocar un episodio así: Rabat. Y, sin embargo, en La Moncloa persiste un temor casi reverencial a pronunciar ese nombre en voz alta.

El desconcierto no está en Bruselas. El desconcierto está en Madrid. Porque si la presidenta de la Comisión Europea admite que la crisis de Ceuta exige reforzar el apoyo técnico y financiero a Marruecos, al tiempo que subraya que la migración no puede usarse como herramienta de presión, está describiendo exactamente el tipo de operación que España se resiste a verbalizar. Von der Leyen evita el choque frontal, protege la relación con Rabat y, aun así, deja claro que no está hablando de mafias en abstracto. Está hablando de un país que puede decidir, por acción u omisión, abrir la compuerta de una frontera para enviar un mensaje político.

La respuesta del Gobierno español, sin embargo, insiste en una coartada que cada vez convence menos dentro y fuera de España. La versión de Moncloa sostiene que la crisis tiene su origen en una interpretación interesada de la sentencia del Tribunal Supremo, explotada por mafias y organizaciones criminales. Es cierto que esos actores existen y se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Pero la cuestión es otra: ¿quién crea el contexto que hace posible esa explotación masiva? La respuesta incómoda, la que el Ejecutivo evita, es Marruecos. No las mafias. Las mafias actúan sobre una grieta; no fabrican la grieta.

Por eso resulta tan revelador que la presidenta de la Comisión, aun sin nombrar directamente a Rabat como agresor, describa la crisis como una situación que obliga a mejorar los sistemas de alerta temprana, reforzar fronteras y desmantelar redes de tráfico. Si el origen fuera puramente criminal, el lenguaje sería otro. Pero la carta de von der Leyen combina dos planos: el operativo y el político. Habla de cooperación con Marruecos, sí, pero también de que no se puede aceptar el uso de la migración como instrumento de presión. Esa frase contiene, sin subrayarlo, la acusación más seria que Bruselas está dispuesta a formular.

El miedo de Moncloa a señalar a Marruecos es sorprendente porque ya no se trata de una percepción marginal. A estas alturas, incluso parte de la reacción europea ha entendido que la crisis de Ceuta no es un accidente. Italia, Francia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Lituania, República Checa y otros socios han criticado la política migratoria de España, pero el subtexto de sus mensajes es todavía más importante: ven en lo ocurrido un factor de atracción y una amenaza para Schengen. Eso significa que el debate ha dejado de ser exclusivamente español. España está siendo juzgada ante Europa por un episodio que muchos interpretan como descontrol interno, pero cuya mecánica apunta a una presión externa mucho más seria.

La diferencia entre admitir un ataque y negarlo es, en política exterior, la diferencia entre tener iniciativa o quedar a la defensiva. Moncloa se empeña en afirmar que Marruecos “colaboró desde el primer momento”, que la relación es excelente y que la coordinación sigue siendo intensa. Lo primero es absolutamente falso, como quedó demostrado. Esa insistencia no despeja dudas; las agrava. Porque si todo fuera cooperación, no harían falta tantos matices, tantas referencias al trabajo conjunto ni tanta cautela léxica. La realidad es que el Gobierno español intenta no romper con Rabat mientras trata de convencer a la UE de que la situación no es un fracaso de soberanía. El resultado es una narrativa deshilachada: delante de Bruselas se admite que hay crisis; delante de Rabat se evita decir quién la provocó; delante de la opinión pública se insiste en que todo es culpa de las mafias.

Ese triángulo discursivo revela una debilidad política de fondo. Sánchez parece más preocupado por no irritar a Marruecos que por nombrar al responsable del episodio que ha puesto a España en la diana de media Europa. Y esa prudencia, que en tiempos normales podría presentarse como diplomacia, ahora se parece demasiado al miedo. Miedo a admitir que España ha sido atacada por un vecino que sabe perfectamente cómo usar la frontera como arma. Miedo a reconocer que la presión migratoria no nació de la nada, sino de una combinación de cálculo político, relajación del control fronterizo y explotación del fallo de una cadena institucional que no empezó en Madrid ni en el Supremo, sino en la conducta del lado marroquí.

Von der Leyen, al menos, no se esconde del todo detrás de eufemismos. Al hablar de “utilizar la migración irregular como medio para ejercer presión sobre un Estado miembro”, está describiendo la lógica de una guerra híbrida sin pronunciar esas dos palabras. No hace falta más. Porque en el lenguaje de la seguridad europea, esa formulación basta para poner el foco donde debe estar: en el Estado que tiene capacidad de modular el flujo y de convertir la frontera en un instrumento político. Y ese Estado es Marruecos. Que la Comisión, por prudencia diplomática, siga llamándolo “socio estratégico” no cambia el hecho central: la UE sabe que hay una presión estatal detrás. El problema está en que el Gobierno español también lo sabe pero tiene miedo a actuar. 

La necesidad de reforzar Frontex, Europol, la Agencia Europea de Asilo y los sistemas de alerta temprana tampoco aparece por casualidad. Bruselas está reaccionando a un caso que no encaja del todo con el relato español. Si se tratara solo de mafias, bastaría con policía, patrullas y devoluciones. Pero la Comisión habla de medidas más amplias, de coordinación con Marruecos y de una hoja de ruta colectiva para prevenir que episodios así se repitan. Eso es exactamente lo que se hace cuando se sospecha que una frontera ha sido usada como palanca geopolítica.

La reacción de Estados Unidos añade otro nivel de presión. Donald Trump y JD Vance han convertido Ceuta en una advertencia contra las políticas migratorias de la izquierda radical, alineando su discurso con el de los sectores europeos más duros. No están defendiendo a España; están usando España como ejemplo. Pero el efecto para Sánchez es el mismo: el país aparece como débil, desbordado y cuestionado por sus socios más relevantes. 

La pregunta incómoda es por qué Moncloa sigue resistiéndose a lo obvio. La respuesta parece una mezcla de temor diplomático, dependencia estratégica y cálculo interno. Nombrar a Marruecos como autor del ataque supone admitir que la relación bilateral atraviesa una zona de coerción y que España no tiene margen para seguir fingiendo normalidad. Implicaría también reconocer que la narrativa sobre las mafias es insuficiente. Y eso obligaría al Gobierno a revisar no solo su lenguaje, sino su política hacia Rabat, su posición en la UE y su forma de gestionar la seguridad de Ceuta y Melilla. Es una admisión demasiado costosa para un Ejecutivo que ha hecho de la contención una forma de supervivencia.

El problema es que la contención ya no protege. Cada vez que Sánchez y Albares insisten en que Marruecos es un socio excelente, la impresión que dejan es que el Gobierno teme perder algo más que una cooperación puntual: teme admitir la fragilidad del equilibrio sobre el que descansa su política exterior. Y esa fragilidad se ve ahora, con toda crudeza, en la comparación entre el discurso oficial español y el mensaje de Bruselas. Von der Leyen reconoce la eficacia de la coordinación con Marruecos, pero al mismo tiempo admite que la migración no puede usarse para presionar a un Estado miembro. La Moncloa, en cambio, coloca el foco en mafias y devoluciones, como si el problema naciera en el mar y no en la voluntad política de quien decide cuándo se abre o se cierra la frontera.

No es solo una cuestión semántica. Es una cuestión de soberanía. Si España no es capaz de decir con claridad que ha sido atacada por Marruecos, entonces renuncia a situar el conflicto en el plano adecuado. Y si no lo sitúa en el plano adecuado, seguirá respondiendo como si fuera un fenómeno criminal y no una operación de presión estatal. Moncloa no quiere entender que las avalanchas de Ceuta no fue un fenómeno migratorio, fue un ataque. Esa confusión beneficia a Rabat. También beneficia a quienes en Europa prefieren una solución de control fronterizo a una confrontación diplomática. Pero no beneficia a España, que queda atrapada entre la necesidad de no romper con Marruecos y la obligación de defender su integridad territorial.

Ceuta se ha convertido así en una prueba no solo para la frontera, sino para la honestidad política del Gobierno. La tesis de que todo fue obra de las mafias resulta cada vez más difícil de sostener frente a la secuencia de mensajes procedentes de Bruselas y frente a la propia forma en que la crisis fue generada. Lo sorprendente no es que Marruecos actúe como una autarquía que usa la migración como presión. Lo sorprendente es que Moncloa se siga resistiendo a decirlo. Y en política exterior, a veces el silencio no es prudencia: es una forma de rendición.