Cualquier persona con un mínimo de empatía humana tiene grabada en su retina la imagen de la infamia: una mujer anciana, golpeada por la vida y despojada de su hogar por el ansia implacable de la especulación inmobiliaria. Rodeada por cascos y porras en lugar de por asistentes sociales.
El desahucio de Maricarmen a manos de la maquinaria financiera de Urbagestión no es un accidente del sistema. Es el sistema en su expresión más pura y despiadada.Sin embargo, lo verdaderamente nauseabundo de esta tragedia no reside únicamente en la frialdad con la que un fondo de inversión ejecuta un lanzamiento judicial sobre el alambre de la vulnerabilidad. Lo insoportable, lo que clama al cielo y retrata la decadencia ética de cierta dirigencia política y mediática, es la jauría de miserables que ha acudido a justificar el atropello jaleando el desahucio con un sadismo ideológico que hiela la sangre.
Mientras Maricarmen contemplaba desconcertada cómo la puerta de su vida quedaba sellada por el lucro corporativo, una articulada orquesta de voceros liberales y portavoces del conservadurismo liberal más rancio se apresuraba a construir el relato de la impunidad. Para esta estirpe de cínicos, Maricarmen no era una víctima de la voracidad inmobiliaria, ni el síntoma desgarrador de una crisis de la vivienda en España que asfixia a miles de familias.
No. En su retorcida dialéctica de servilismo hacia el gran capital, Maricarmen Abascal fue convertida de inmediato en una amenaza para la propiedad privada. En una cifra incómoda que había que borrar a cualquier precio para garantizar que las grandes carteras de inversión sigan extrayendo rentas desorbitadas de la necesidad básica de tener un techo. Ahí está la verdadera vergüenza.
Resulta revelador observar la rapidez con la que los defensores del dogmatismo de mercado han salido a la arena pública a actuar como sicarios dialécticos de las empresas tenedoras de inmuebles. Incapaces de mostrar una sola brizna de piedad ante el sufrimiento de una persona vulnerable, estos heraldos de la desregulación prefieren rendir pleitesía a los fondos buitre y desahucios de vulnerables. Vendiendo la ficción de que la sacrosanta seguridad jurídica consiste en echar a la calle a quien no puede competir con los precios inflados de la especulación.
Para esta facción político-mediática, el dolor ajeno no es más que un daño colateral perfectamente asumible cuando lo que está en juego es la tasa de retorno de los fondos de inversión. La bajeza moral alcanza cotas grotescas cuando se analiza la argumentación de quienes aplauden la firmeza judicial frente a la desprotección social.
Ocultos tras un eufemístico discurso de legalidad y respeto a los contratos, estos tertulianos y cargos públicos omiten deliberadamente que la ingeniería financiera que vacía nuestros barrios opera sobre lagunas normativas diseñadas a medida del especulador.
Celebrar la expulsión de una anciana de su entorno bajo el pretexto de defender el libre mercado no es un análisis económico. Es una exhibición de miseria humana. Que busca normalizar la crueldad y transformar la vivienda, un derecho constitucional básico, en un mero activo financiero sin alma ni escrúpulos.
El ensañamiento con Maricarmen trasciende el caso individual para convertirse en un calculado elemento de confrontación ideológica. Las plataformas ciudadanas y los vecinos que acudieron a las puertas del inmueble para hacer de escudo humano frente a la comitiva judicial no solo se encontraron con la contundencia policial. Se encontraron, también, con una feroz campaña de desprestigio orquestada desde las tribunas del conservadurismo.
El objetivo de este linchamiento propagandístico es evidente: activar el mecanismo de la criminalización de la protesta social por la vivienda. Para aplastar cualquier intento de resistencia colectiva y disuadir a la sociedad civil de responder ante la injusticia. Para la derecha mediática, la solidaridad comunitaria se transforma por arte de magia en "violencia radical". Y los activistas que exigen una alternativa habitacional digna son tildados de agitadores que atentan contra el orden democrático.
Esta inversión del sentido común pretende desviar la atención del verdadero foco de delincuencia moral: el acoso inmobiliario y la desposesión sistemática de los sectores golpeados por la precariedad.
Al criminalizar a quienes ponen el cuerpo contra los desalojos, los voceros del capital buscan anestesiar la conciencia colectiva. Y lanzar un mensaje aleccionador a la población: el derecho a la rentabilidad privada siempre estará por encima de la dignidad y la supervivencia humana.
La encarnizada contienda en torno al decreto ley de vivienda y la protección de inquilinos cobra un sentido de urgencia dramático a la luz de lo ocurrido en las calles. Cada enmienda recortada. Cada maniobra parlamentaria para diluir la limitación a los desahucios. Y cada guiño fiscal a los grandes tenedores de vivienda se traducen, en el mundo real, en más vidas rotas y más cerraduras cambiadas a la fuerza.
La tibieza de las instituciones y las concesiones al lobby inmobiliario alimentan a esa jauría de voceros que hoy celebran la victoria del capital sobre la fragilidad de una anciana. Consolidando un modelo donde las personas son prescindibles y los beneficios corporativos son sagrados.
Frente a la crueldad de los especuladores y la vileza de sus palmeros políticos, el drama de Maricarmen debe actuar como un catalizador de la indignación popular. La verdadera decadencia de una sociedad se mide por su capacidad para tolerar que los poderosos pisoteen a los desprotegidos mientras una cohorte de cínicos jalea la injusticia desde el confort de sus tribunas.
La defensa del derecho a un hogar y la denuncia implacable de quienes justifican la barbarie inmobiliaria no son solo una bandera política. Son, más bien, la última trinchera de la decencia humana en un país que no puede permitirse vender su alma al mejor postor. Porque hay líneas que, una vez cruzadas, ya no tienen vuelta atrás. Y esta se cruzó hace demasiado tiempo.
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