Marruecos sí tiene claro que está en guerra contra España

Las guerras, según se indica en los manuales militares antiguos, empezaban con una declaración solemne y el retumbar de la artillería en la frontera. Así, más o menos, se ha hecho durante siglos. Pero el siglo XXI ha cambiado las reglas... y de qué manera. Las contiendas más dañinas de nuestro tiempo ya no necesitan tanques ni ocupar un territorio. Les basta con algo mucho más silencioso. Marruecos mantiene desde hace años una guerra híbrida no declarada contra España, donde los flujos migratorios, el narcotráfico y el terrorismo se usan como munición diplomática y los algoritmos han sustituido a la infantería.

Desde el año 1975, la diplomacia y los políticos españoles han repetido, casi como un mantra, que Marruecos es un socio estratégico indispensable. Palabras edulcoradas, cumbres bilaterales, aperturas de aduanas. Todo muy protocolario. Pero bajo esa superficie de buena vecindad late otra cosa bien distinta: una estrategia de desgaste ejecutada, según fuentes de inteligencia, de forma sistemática por Rabat. No son incidentes sueltos ni fricciones de frontera, sino una auténtica aplicación de la Doctrina de Zona Gris pensada para destruir la soberanía española de Ceuta y Melilla y condicionar las decisiones del Gobierno español desde dentro.

El primer frente de este conflicto que España no quiere reconocer que exista, a pesar de que es tan real como el oxígeno que respiramos, se libra sobre la desesperación de miles de personas. Las fronteras de Ceuta y Melilla dejaron hace tiempo de ser simples pasos aduaneros para convertirse en primera línea de combate, un lugar donde Marruecos regula el flujo de personas casi como quien abre o cierra un grifo según le convenga presionar a Madrid. Las entradas masivas vividas en el Tarajal y en los perímetros fronterizos de ambas ciudades autónomas no fueron, defienden los servicios de inteligencia españoles y extranjeros, desbordamientos espontáneos. Fueron, más bien, la puesta en práctica de un chantaje migratorio convertido en herramienta de coerción estatal.

Basta con relajar la vigilancia de las Fuerzas Auxiliares marroquíes en los momentos de mayor fricción política, tal y como se comprobó el 30 de julio, para que en cuestión de horas se desestabilicen los sistemas de acogida, la paz social y hasta la economía de Ceuta y Melilla. El objetivo no es la invasión militar, porque Marruecos sabe que si se disparara una sola bala España estaría acompañada de toda la fuerza militar de la OTAN, es la asfixia lenta, convertir ambas ciudades en territorios permanentemente convulsos, económicamente dependientes, hasta que en Moncloa, sea quien sea el inquilino, alguien empiece a preguntarse si merece la pena sostener esa soberanía.

Esa presión fronteriza no viaja sola: llega acompañada de su prima hermana, la desinformación. A través de redes sociales, las imágenes de las vallas se combinan con campañas digitales que buscan proyectar una España débil, incapaz de proteger sus propias fronteras. Mientras la Guardia Civil contiene oleadas humanas en los espigones, el aparato de propaganda marroquí, con la ayuda de su aliado Israel, según afirmó la inteligencia china, trabaja en paralelo para desgastar la cohesión interna de España.

Pero toda guerra moderna necesita, también, su teatro de operaciones en el terreno intangible del ciberespacio. Aquí Marruecos ha demostrado, según los servicios de inteligencia occidentales, una ambición creciente. Mientras la diplomacia pública firmaba acuerdos de cooperación con una mano, con la otra, afirman estas mismas fuentes, unidades vinculadas a Marruecos ejecutaban incursiones destinadas a extraer información confidencial del Estado español.

El episodio más sonado saltó a la luz con el software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. El teléfono del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura fueron objeto de una intrusión que investigadores forenses y organizaciones como Citizen Lab vincularon, con distintos grados de certeza, a un cliente marroquí de la herramienta. Rabat lo ha negado siempre, conviene decirlo, pero los diplomáticos, en su afán de "comer la mierda que haga falta" para no violentar a Marruecos, prefirieron echar tierra sobre el asunto antes que forzar una crisis diplomática abierta.

Sin embargo, y esto es lo verdaderamente inquietante, Pegasus no fue el principio. Fue, en todo caso, la cima visible de un patrón que se remonta más de quince años atrás. Ya entre 2007 y 2010, empresas y organismos públicos españoles registraron campañas de phishing y código malicioso con un interés muy concreto: vigilar el despliegue militar español en la región y la postura de Exteriores sobre el Sáhara Occidental. Luego, en 2011, el objetivo mutó hacia periodistas y activistas que cubrían derechos humanos en el norte de África. Tres años después, en 2014, la filtración de documentos de Interior y Defensa sobre protocolos migratorios confirmó algo preocupante: los intrusos ya tenían presencia estable dentro de servidores del Estado. Y en 2019, coincidiendo con un repunte de tensión en Ceuta y Melilla, los ataques de denegación de servicio y robo de credenciales se multiplicaron, ya con la firma inconfundible de equipos organizados.

Para entender el calibre real de esta amenaza hace falta mirar cómo ha evolucionado el aparato tecnológico marroquí. A través de la Dirección General de Seguridad de Sistemas de Información (DGSSI) y de sus equipos de respuesta ante incidentes, Marruecos ha dejado de ser un actor pasivo para construir, dicen los analistas en ciberseguridad, un auténtico pilar de inteligencia ofensiva.

Con apoyo de transferencias tecnológicas de industrias extranjeras de ciberdefensa, sobre todo de Israel, el país ha formado ingenieros especializados en vulnerabilidades de día cero y en ingeniería social avanzada. La lógica es clara, casi de manual: compensar con asimetría cibernética lo que no se tiene en superioridad militar convencional. Esa capacidad permite, en teoría, recopilar inteligencia sobre lo que se cuece en Moncloa, anticipar movimientos diplomáticos en Bruselas y mapear infraestructuras críticas, desde la red eléctrica hasta los puertos, sin mover una sola tropa.

España es cierto que no está desarmada. El Centro Criptológico Nacional, el INCIBE y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad han construido una de las infraestructuras de defensa digital más sólidas de la Unión Europea, reforzada además por el paraguas de la OTAN y las directivas europeas de ciberseguridad. La banca, la energía, las telecomunicaciones: los sectores críticos han resistido, hasta ahora, los intentos de penetración más serios.

El problema, sin embargo, no es técnico. Es político. Mientras los servicios de inteligencia españoles conocen con bastante precisión el origen de buena parte de estos ataques, que siempre es el mismo, la respuesta de los diferentes gobiernos ha optado, una y otra vez, por la pacificación mediante concesiones. Un país que sabe que libra una guerra no declarada frente a un Gobierno que actúa como si disfrutara de una alianza tranquila: ahí, precisamente, reside la ventaja estratégica que conserva Rabat.

Este pulso en la zona gris del Estrecho deja una lección incómoda: las viejas categorías de defensa territorial ya no sirven para explicar lo que ocurre. Sostener que Marruecos es un socio fiable mientras se investigan intrusiones de software espía en los teléfonos del gabinete ministerial y se instrumentaliza la presión migratoria como estrategia de guerra híbrida en Ceuta y Melilla es, cuando menos, un ejercicio de negación bastante ingenuo.

Conviene matizar, eso sí, que Rabat rechaza sistemáticamente estas acusaciones y las enmarca como parte de una campaña de desprestigio, y que buena parte de las atribuciones, tanto en el terreno cibernético como en el migratorio, se basan en indicios de inteligencia y análisis forense más que en pruebas judiciales cerradas. No es un matiz menor.

Con todo, si algo queda claro es que reforzar la ciberdefensa ya no basta con la contención pasiva. Hace falta una política exterior capaz de fijar costes reales ante cada episodio de presión encubierta. Solo así, entendiendo que la soberanía de Ceuta, Melilla y el propio espacio digital español se defiende activamente y no a base de silencios diplomáticos, Madrid podrá frenar, si es que puede, el avance lento de esta guerra iniciada desde el otro lado del Estrecho.