Gabriel Rufián ha lanzado esta semana una de esas frases que se instalan en el debate político con la fuerza de un clavo bien dado. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ha afirmado públicamente estar convencido de que las iniciales «P.S.» que aparecen en las agendas de Leire Díez, la presunta fontanera de las supuestas “Cloacas del PSOE”, corresponden a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. No lo ha probado. No podía probarlo. Pero tampoco ha necesitado hacerlo para que la afirmación resuene con una fuerza que va mucho más allá de su contenido estrictamente verificable. En política, como en literatura, hay veces en que la sospecha bien articulada dice más que la prueba mal presentada.
La declaración de Rufián no es gratuita ni inocente. Es, sobre todo, un ejercicio de memoria histórica muy precisa. Porque España ya vivió una vez este mismo ritual de las siglas, el mismo juego de letras convertidas en abismos políticos, cuando los papeles de Luis Bárcenas sacaron a la luz una contabilidad en negro del Partido Popular en la que aparecía, una y otra vez, “M. Rajoy”. Entonces también hubo quienes dijeron que era una interpretación. Que podía ser cualquier otra persona. Que las iniciales no probaban nada, por más que fuera evidente. Que la presunción de inocencia amparaba la ambigüedad de una anotación manuscrita en un cuaderno. Y entonces también hubo quien, como hace ahora Rufián, fue más allá de la cautela procesal para articular en voz alta lo que todos pensaban en voz baja.
El paralelismo entre ambos casos no es caprichoso ni forzado: es estructural. En ambas situaciones, el mecanismo es idéntico. Una persona de confianza, con acceso a círculos de poder, lleva una agenda o una contabilidad en la que los grandes nombres aparecen reducidos a sus iniciales, como si el pudor burocrático pudiera proteger lo que la ética política no consigue blindar. En ambos casos, los documentos emergen en el contexto de una investigación judicial que toca al partido en el gobierno. Y en ambos casos, la respuesta del partido aludido sigue el mismo patrón: negación, descalificación de la fuente y acusación de instrumentalización política.
Pero hay diferencias que importan, y que dicen mucho sobre cómo ha evolucionado o involucionado la cultura política española en estos años. Cuando estalló el caso Bárcenas, el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta y Rajoy pudo permitirse durante años una estrategia de silencio activo que sus propios compañeros de partido admiraban en privado con una mezcla de asombro y repugnancia. El expresidente convirtió el mutismo en un método, la evasión en una forma de gobierno. “No voy a hablar de esto”, decía, y España entera se quedaba sin respuesta. Funcionó durante más tiempo del que debería haber funcionado en una democracia mínimamente exigente con sus gobernantes.
Pedro Sánchez, en cambio, ha construido toda su narrativa política sobre la antítesis de ese modelo. Su discurso, desde que llegó al poder en 2018, ha pivotado sistemáticamente sobre la distinción moral entre su proyecto y la corrupción estructural de la derecha española. La regeneración democrática, la transparencia, la lucha contra los poderes fácticos: estos han sido los ejes retóricos con los que el presidente ha intentado no solo gobernar, sino definirse ante la ciudadanía. Por eso la aparición de las iniciales “P.S.” en las agendas de Leire Díez no es solo un problema judicial ni un problema político en sentido técnico. Es, ante todo, un problema de coherencia narrativa. Y los problemas de coherencia narrativa son, en política contemporánea, los más difíciles de gestionar, porque afectan a la identidad del sujeto político, no solo a su conducta.
Rufián lo sabe. Y por eso su intervención no ha sido la de un investigador ni la de un fiscal, sino la de un intérprete político. Ha leído el contexto, ha convocado la memoria colectiva del caso Bárcenas, que sigue siendo la referencia involuntaria de toda corrupción española, y ha trazado una línea que conecta aquellas páginas de papel cuadriculado con estas agendas . La operación retórica es brillante en su sencillez: si antes “M. Rajoy” era algo obvio, ¿por qué las “P.S.” no iban a ser Sánchez? No como prueba. Como pregunta. Y las preguntas en política, bien formuladas, tienen a veces más potencia que las respuestas.
Lo que está en juego en este asunto va más allá del nombre que se esconde o no se esconde detrás de dos letras mayúsculas. Lo que está en juego es la credibilidad de un sistema político que ha sido incapaz, desde la Transición, de cortocircuitar la cultura de la intermediación corrupta, esa red de favores, contratos, comisiones y silencios que no entiende de ideologías y que ha colonizado indistintamente a partidos de izquierda y de derecha, a gobiernos autonómicos y nacionales, a administraciones locales y a instituciones del Estado. El caso Bárcenas fue el retrato más descarnado de esa cultura en su versión conservadora. Si las investigaciones en curso confirman que las iniciales de las agendas de Leire Díez corresponden efectivamente al presidente del Gobierno, estaríamos ante el retrato equivalente en su versión socialista.
No hay que ser ingenuo, pero tampoco cínico. La presunción de inocencia es un principio jurídico irrenunciable, y las iniciales en una agenda no constituyen prueba de nada mientras no exista un proceso judicial que las acredite como tales. Rufián, de hecho, no ha dicho que haya pruebas: ha dicho que está convencido. Esa es una afirmación de naturaleza política, no judicial, y debe ser leída como tal. Pero el hecho de que no tengamos aún pruebas no significa que la pregunta sea ilegítima. La ciudadanía tiene derecho a formular preguntas incómodas sobre sus gobernantes sin esperar a que un juez le dé permiso para hacerlo. Y los periodistas, los políticos de la oposición y los representantes de partidos como ERC tienen no solo el derecho sino la obligación de articularlas.
La historia de España en las últimas cuatro décadas puede contarse, entre otras formas, como una historia de siglas que fueron negadas antes de ser confirmadas. Si la «P.S.» tarda lo mismo que el “M. Rajoy” en convertirse (o en no convertirse) en Sánchez, habremos aprendido poco. Y la lección más importante que debería extraerse de todo esto no es sobre las iniciales en sí, sino sobre el tipo de relaciones del poder político que hacen necesario, una y otra vez, ocultar nombres detrás de letras. Porque mientras esa cultura siga siendo la norma, las agendas seguirán llenándose de abreviaturas. Y los españoles seguirán aprendiendo a deletrearlas.