Inmigración, ni fronteras abiertas ni deportaciones sin ley

La inmigración se ha convertido en el territorio perfecto para la propaganda porque ningún eslogan puede resolverla. La izquierda promete humanidad y termina chocando con la capacidad limitada de los servicios públicos. La derecha promete control y descubre que los muros no detienen las causas que empujan a millones de personas a emigrar. La extrema derecha ofrece violencia, deportaciones masivas y persecución, pero transforma la frontera en un espacio de abuso sin conseguir que desaparezcan las rutas clandestinas. Entre tanto, los migrantes continúan llegando porque las razones que les obligan a marcharse siguen siendo más fuertes que las barreras que Europa levanta frente a ellos.

Esa es la primera verdad que la política se resiste a aceptar: la inmigración no es una crisis que pueda cerrarse con una medida única. Es un fenómeno demográfico, económico, laboral, humanitario, geopolítico y de seguridad. Sus causas se encuentran en guerras, dictaduras, pobreza, desigualdad, falta de empleo, cambio climático, persecución religiosa o política y redes familiares que conectan los países de origen con los de destino. Ninguna valla puede resolver todas esas causas. Ninguna regularización puede absorber todos los flujos. Ningún centro de retorno puede contener indefinidamente a quienes intentan escapar.

La segunda verdad es igual de incómoda: decir “ningún ser humano es ilegal” puede expresar una intuición moral legítima, pero no constituye una política migratoria. Una persona no es ilegal en su dignidad, en sus derechos fundamentales ni en su condición humana. Sin embargo, una entrada o una permanencia pueden ser irregulares desde el punto de vista legal. Negar esa diferencia implica desconectarse de la realidad de los Estados, de sus fronteras y de su obligación de ordenar los flujos. La solidaridad sin gestión acaba produciendo frustración; la gestión sin solidaridad acaba produciendo crueldad.

La tercera verdad afecta a la derecha: no existe una solución militar para un fenómeno que se reproduce por causas económicas y sociales. El uso de la fuerza puede detener una salida concreta o controlar una frontera durante un tiempo, pero no impide que la persona que no pudo cruzar hoy lo intente mañana por otra ruta. Tampoco elimina a las mafias: las desplaza hacia itinerarios más peligrosos y aumenta el precio de los viajes. Cuando la frontera se militariza, el migrante no desaparece. Se hunde en el mar, muere en el desierto o cae en manos de una organización criminal.

El fracaso del buenismo

La izquierda europea ha cometido un error frecuente: confundir la defensa de los derechos humanos con la renuncia a controlar las fronteras. Esa confusión permite que la extrema derecha monopolice el lenguaje del orden y que cualquier medida de regulación sea presentada como una traición a la solidaridad. Pero una política pública responsable debe proteger simultáneamente a quien llega y a la comunidad que recibe.

Las fronteras abiertas de facto no son una solución humanitaria. En realidad, trasladan el poder a las mafias. Cuando no existen vías regulares suficientes, la persona que quiere entrar depende de una red clandestina que fija precios, decide rutas y abandona a los pasajeros si la embarcación falla. La ausencia de control estatal no elimina la violencia; la privatiza en manos de criminales.

El buenismo también fracasa cuando promete una integración inmediata sin recursos suficientes. Acoger requiere plazas, viviendas, médicos, intérpretes, trabajadores sociales, escuelas, formación profesional y mecanismos de empleo. Si el Estado promete derechos sin capacidad material para garantizarlos, la consecuencia es la saturación de los servicios y la aparición de conflictos entre personas vulnerables. La solidaridad se vuelve entonces una palabra abstracta que no protege ni al recién llegado ni al vecino que espera una vivienda pública, una cita médica o una plaza escolar.

La experiencia española con los menores extranjeros no acompañados muestra esa tensión. El interés superior del menor obliga a protegerlo, pero la protección no puede improvisarse cada vez que una ciudad fronteriza queda desbordada. La Unión Europea ha incorporado al Pacto de Migración y Asilo mecanismos de solidaridad, screening, acogida y retorno, precisamente porque ningún Estado puede gestionar en solitario la presión sobre sus fronteras exteriores.

La izquierda debería abandonar la idea de que toda exigencia de control es xenófoba. Controlar la entrada no equivale a despreciar al extranjero. Exigir documentación, tramitar una solicitud de asilo, investigar una red de tráfico o ejecutar una resolución de retorno no significa negar la humanidad de quien llega. La verdadera política progresista debería defender una frontera legal, segura y compatible con los derechos humanos, no una frontera inexistente.

El fracaso de la coerción

La derecha tradicional ha respondido con propuestas de endurecimiento: más vallas, más policías, más centros, más deportaciones y acuerdos con terceros países. Algunas de esas medidas son necesarias. Un Estado debe saber quién entra, por qué entra y si tiene derecho a permanecer. También necesita devolver a quienes no tienen derecho de residencia, siempre con procedimientos individuales, garantías y acuerdos de readmisión eficaces.

El problema aparece cuando la derecha presenta el control como una operación puramente física. Las barreras pueden ralentizar los cruces, pero no eliminan la presión. La experiencia de la frontera sur de Estados Unidos demuestra que los muros modifican las rutas y aumentan los riesgos. Cuando un itinerario se cierra, las mafias buscan otro. El migrante se desplaza hacia zonas más remotas, atraviesa ríos, desiertos o mares y paga más dinero por una probabilidad menor de supervivencia.

Las vallas pueden ser útiles como una parte del sistema de vigilancia, pero no pueden constituir la política completa. Si se colocan sin acuerdos con los países de origen y tránsito, sin vías legales y sin capacidad de retorno, se convierten en una fotografía de control más que en una solución. La frontera europea no se protege únicamente con acero. Se protege con información, cooperación policial, registro, análisis de riesgos, diplomacia y oportunidades legales.

Tampoco basta con aumentar las deportaciones. La tasa de retorno depende de que el país de origen acepte a sus nacionales, de que la persona esté correctamente identificada, de que no exista una solicitud de protección pendiente y de que el traslado respete el principio de no devolución. La Unión Europea ha alcanzado en 2026 un acuerdo para crear un sistema común de retornos, con órdenes europeas, reconocimiento mutuo y procedimientos más rápidos. El objetivo es corregir la fragmentación actual, pero la propia normativa mantiene la exigencia de respetar los derechos fundamentales.

El retorno efectivo es imprescindible para que el sistema sea creíble. Si una persona recibe una orden de salida que nunca se ejecuta, las normas pierden autoridad y las redes criminales ganan argumentos. Pero un retorno sin garantías también destruye la legitimidad del sistema y puede violar el derecho internacional. La solución consiste en hacer más rápidos los procedimientos, no en hacerlos arbitrarios.

La violencia de la extrema derecha

La extrema derecha añade una respuesta todavía más peligrosa: convertir la inmigración en una guerra contra un enemigo interno. La “caza del inmigrante”, las deportaciones indiscriminadas, las expulsiones colectivas y el uso de fuerzas militares contra civiles no son políticas migratorias. Son una renuncia al Estado de derecho.

La experiencia estadounidense durante la Administración de Donald Trump ha mostrado los riesgos de una política basada en redadas, detenciones aceleradas y deportaciones ejecutadas bajo presión política. Los errores de identificación, la separación de familias, la expulsión de personas con documentación válida y los casos de ciudadanos que son detenidos por su apariencia o por su lugar de nacimiento revelan el precio de la violencia administrativa. Una política que acepta errores irreparables no es una política firme; es una política irresponsable.

La violencia tampoco frena las causas del flujo. Puede crear miedo durante un tiempo, pero el miedo no detiene a quien no tiene empleo, seguridad o futuro. El migrante que huye de una guerra o de una dictadura no compara únicamente el riesgo de la travesía con la posibilidad de ser detenido. Compara ese riesgo con el peligro de quedarse. Si el segundo es mayor, seguirá intentando salir.

La extrema derecha promete deportar a todos, pero rara vez explica cómo, a qué países, con qué acuerdos, con qué identificación y con qué recursos. Tampoco explica qué ocurrirá con las personas cuya nacionalidad no pueda probarse, con los menores, con los solicitantes de asilo o con quienes serían perseguidos al regresar. La consigna funciona en redes sociales porque no necesita resolver ninguna de esas preguntas. En la administración real, se rompe contra la complejidad.

Los campos en terceros países

La propuesta de crear centros de internamiento o “hubs” de retorno en terceros países, defendida por dirigentes como Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, intenta superar el problema de las llegadas trasladando el procesamiento fuera de Europa. La Unión Europea ha aprobado en 2026 un marco que permite establecer centros de retorno en países terceros para personas sin derecho a permanecer, pero exige acuerdos con Estados que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Los menores no acompañados quedan excluidos de esos acuerdos.

La idea puede parecer sencilla: si una persona no puede ser devuelta inmediatamente a su país, se la traslada a un centro externo mientras se resuelve su situación. Pero la política real plantea problemas enormes. ¿Quién financia los centros? ¿Quién los administra? ¿Qué tribunal supervisa las decisiones? ¿Qué ocurre si el país receptor incumple sus garantías? ¿Puede una persona recurrir una decisión desde un territorio remoto? ¿Qué sucede si el país de origen se niega a aceptar el retorno?

El coste económico sería elevado. Mantener instalaciones seguras, personal médico, abogados, intérpretes, jueces, funcionarios, vigilancia y transporte requiere recursos ingentes. Si los centros se convierten en lugares permanentes de espera, pueden terminar reproduciendo los mismos problemas que los sistemas europeos de acogida, pero con menos supervisión y menos acceso a organizaciones independientes.

Estos nuevos “campos de concentración” ignoran el riesgo de que se conviertan en espacios de detención masiva, opacos y alejados del control judicial. La diferencia entre un centro de retorno legal y un lugar de internamiento abusivo depende de las garantías concretas, no del nombre que le otorguen los gobiernos.

El muro que siempre encuentra una grieta

Las barreras físicas cumplen una función limitada. Pueden proteger una zona concreta, canalizar los movimientos y dar tiempo a los servicios de seguridad. Pero no pueden cerrar completamente un territorio cuando existen miles de kilómetros de costa y fronteras terrestres. Las mafias son empresas criminales adaptativas. Cambian horarios, vehículos, rutas, documentación y métodos. Si se eleva una valla, buscan un túnel; si se vigila una playa, cambian de playa; si se endurece una frontera, exploran una ruta marítima.

El ejemplo de Ceuta y Melilla es evidente. Los cruces pueden producirse por la valla, por los espigones, a nado o mediante embarcaciones. En Canarias, las rutas se han desplazado hacia travesías atlánticas de enorme peligrosidad. El cierre de un punto no elimina la necesidad de emigrar; solo cambia el lugar donde se produce el intento.

Por eso el dinero destinado a barreras debe equilibrarse con inversión en inteligencia, cooperación con países de origen y tránsito, rescate marítimo, lucha contra las mafias y vías legales. Una frontera segura no es la que nadie puede cruzar, porque eso es imposible. Es la que reduce los cruces peligrosos, identifica a quienes llegan, protege a quienes necesitan asilo y devuelve con garantías a quienes no tienen derecho a permanecer.

La demanda supera a la oferta

La contratación en origen es una de las pocas medidas que podrían, en teoría, reducir la presión irregular sin negar las necesidades económicas de Europa. Si España, Portugal, Italia, Alemania o Francia necesitan trabajadores en agricultura, cuidados, construcción, hostelería, industria o salud, pueden ofrecer permisos temporales, contratos verificables y mecanismos de movilidad regulada. Eso reduce el poder de las mafias y permite seleccionar perfiles de acuerdo con las necesidades del mercado.

Pero la contratación en origen no puede ser presentada como una solución total. La demanda migratoria supera con mucho la oferta laboral legal. Los países europeos no necesitan, o no pueden absorber, a todas las personas que desean emigrar. Además, no todos los migrantes son trabajadores económicos. Algunos buscan protección internacional, otros huyen de conflictos y otros se desplazan por razones familiares.

La contratación debe formar parte de un sistema más amplio que incluya educación en los países de origen, reconocimiento de títulos, movilidad circular, cooperación empresarial y vías humanitarias. Los permisos deben ser transparentes para evitar la explotación y no pueden convertirse en una fórmula para importar mano de obra barata y descartable.

También hay que admitir que las vías legales pueden reducir la irregularidad, pero no eliminarla. Cuando la oferta de permisos es pequeña y el deseo de emigrar es enorme, seguirá existiendo un mercado clandestino. La solución pasa por gestionar esa diferencia, no por negarla.

Un nuevo pacto con los países de origen

Europa ha tratado durante años a los países de origen y tránsito como vigilantes subcontratados. Les da dinero para detener salidas, les entrega equipos y les ofrece ventajas comerciales a cambio de que controlen sus fronteras. El modelo puede ser útil, pero también genera chantaje, tal y como se ha visto en los últimos días con el ataque de guerra híbrida de Marruecos contra España. Un país que sabe que Europa depende de su colaboración puede abrir o cerrar el paso para obtener más beneficios.

La cooperación debe cambiar. Los acuerdos tienen que incluir indicadores públicos, auditorías, cláusulas de suspensión y consecuencias claras si se utiliza la migración como instrumento político. También deben financiar educación, empleo, sanidad y oportunidades reales en los países de origen. No porque Europa pueda “resolver” la pobreza mundial, sino porque la estabilidad económica reduce, aunque no elimina, la presión migratoria.

La relación con Marruecos ofrece un ejemplo de los riesgos de la dependencia. España y la Unión Europea necesitan a Rabat para controlar rutas, combatir mafias y cooperar en seguridad. Pero si la cooperación se convierte en una herramienta de presión, Europa debe poder responder con comercio, visados, financiación e inversiones. Una asociación no puede consistir en pagar indefinidamente a un socio que utiliza la frontera como arma.

La solución es menos espectacular y más difícil: controlar las fronteras sin abandonar los derechos, abrir vías legales sin prometer una entrada ilimitada, devolver a quienes no tienen derecho a permanecer mediante procedimientos rápidos y justos, integrar a quienes reciben protección, perseguir a las mafias, financiar a los países de origen sin convertirlos en policías subcontratados y preparar a Europa para una movilidad internacional que no va a desaparecer. Muchas cosas que se aplican siempre parcialmente porque se impone lo ideológico a lo funcional y, por esa razón, no hay solución que los políticos quieran poner a un problema muy serio.

Los migrantes seguirán huyendo de sus países mientras sus sociedades no ofrezcan seguridad y futuro. Europa no puede acoger a todas las personas que desean entrar, pero tampoco puede fingir que las barreras harán desaparecer el problema. El realismo exige decir ambas cosas al mismo tiempo.

El desafío consiste en abandonar los extremos, el sectarismo y el empecinamiento en que Rousseau tenía razón o en que la mano dura y las restricciones es la única salida. La inmigración no es una cuestión de abrir los brazos a todo el mundo ni de levantar muros contra todo el mundo. Es una política de selección, protección, integración, retorno y cooperación. Y esa política, precisamente porque no cabe en un eslogan, exige algo que hoy escasea: gobernantes capaces de soportar la complejidad sin convertirla en propaganda.