Feijóo le está haciendo la campaña a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo quería presentar su «Contrato con España» como la puerta de entrada a una nueva etapa política. Sin embargo, en una campaña en la que la vivienda se ha convertido en una de las principales angustias de los hogares y las pensiones representan una garantía material para millones de personas, el líder del Partido Popular ha colocado sobre la mesa promesas que se le están volviendo en contra. Pedro Sánchez no necesita inventar una oposición a las propuestas populares. Le basta con señalar sus zonas oscuras, exigir explicaciones y presentar al PSOE como el partido que defiende las certezas sociales frente a las dudas de la derecha.

Feijóo pretende convertir las elecciones del 29 de noviembre en un plebiscito sobre la gestión de Sánchez, pero algunas de sus propias propuestas o de su partido pueden desplazar el debate hacia el terreno en el que los socialistas tienen más oportunidades de movilizar a sus votantes: la protección de las pensiones, el acceso a la vivienda y la seguridad económica de las familias. No significa que el PSOE tenga resueltos esos problemas, que no los tiene, significa que el PP puede estar facilitándole el argumento con el que sus adversarios intentarán defenderse de su propio balance de Gobierno.

La vivienda no se puede despachar con un millón de casas

La vivienda se ha convertido en una prueba decisiva para cualquier candidatura que aspire a gobernar España. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre de 2026 situó este asunto en el centro de las preocupaciones nacionales. Un 55,7% de los encuestados lo mencionó entre los tres principales problemas del país. La inquietud no se limita a un sector ideológico ni a una generación, aunque golpea con especial intensidad a quienes intentan emanciparse y a las familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler.

Feijóo ha respondido con una cifra contundente. Construir al menos un millón de viviendas y conceder ayudas para que los jóvenes puedan acceder antes a un hogar. La propuesta tiene fuerza comunicativa. Pero no despeja las preguntas que deciden si una política de vivienda funciona y que analizamos en Diario Sabemos la semana pasada.

La promesa de reducir la burocracia y facilitar suelo puede contribuir a incrementar la construcción, pero no constituye por sí sola una política completa. Una vivienda levantada en una zona sin transporte, servicios o empleo puede no responder a la demanda real. Una vivienda nueva cuyo precio quede fuera del alcance de los jóvenes no resuelve el problema de quienes hoy comparten piso, retrasan su emancipación o renuncian a formar una familia.

Aquí aparece la oportunidad política para Sánchez que puede cuestionar el modelo popular y defender la intervención pública como respuesta a una emergencia que el electorado percibe en su vida cotidiana. El PSOE no necesita demostrar que todas sus medidas funcionan, que ya ha mostrado en 8 años que ha sido incapaz de solucionar el problema de la vivienda, le basta con obligar a Feijóo a explicar por qué su cifra de un millón de viviendas produciría resultados más rápidos, asequibles y verificables.

El líder del PP ha presentado la vivienda como símbolo del fracaso del Gobierno y ha reclamado elecciones. No obstante, al hacerlo, ha elevado las expectativas sobre su propia alternativa. Si la propuesta no se acompaña de calendario, financiación y compromisos de asequibilidad, la cifra acabará siendo una promesa difícil de defender en los debates electorales.

Pensiones: una sola duda puede pesar más que doce promesas

Si la vivienda enfrenta a los partidos con el presente, las pensiones los enfrenta con el miedo al futuro. Millones de jubilados dependen de sus prestaciones de jubilación para pagar la compra, la energía, los medicamentos y, en muchos casos, ayudar económicamente a sus hijos y nietos. Para ellos, la sostenibilidad del sistema no es una discusión abstracta entre economistas, como ha hecho el Partido Popular, es una cuestión de seguridad vital.

Feijóo se ha comprometido a actualizar las pensiones actuales conforme al IPC y a garantizar que los jóvenes también cobren las suyas. Pero la controversia se ha alimentado de las declaraciones de dirigentes populares sobre la viabilidad del modelo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que el sistema «va a petar». Mientras otros dirigentes han reclamado reformas sin que Feijóo haya detallado por completo qué cambios impulsaría. El líder popular tampoco ha cerrado con claridad el debate sobre una posible transformación del modelo, aunque insiste en proteger las prestaciones actuales.

Ese vacío es políticamente costoso. Decir que las pensiones se actualizarán con la inflación tranquiliza en apariencia, pero esa revalorización ya está contemplada en la legislación vigente. La pregunta que importa es qué propone el PP para garantizar la financiación futura, qué papel tendrán las cotizaciones y qué reformas considera necesarias. Pero, sobre todo, si mantendrá inequívocamente el carácter público del sistema o contempla fórmulas complementarias que alteren la relación entre la pensión y la protección estatal, tal y como ha propuesto Vox.

La ausencia de respuestas concluyentes permite al PSOE dibujar una línea divisoria sencilla. De un lado, la defensa de las pensiones públicas. Del otro, una derecha que habla de sostenibilidad, cuestiona las reformas existentes y no despeja todas las dudas sobre sus alternativas. Esa simplificación puede ser interesada, pero es también una consecuencia de la comunicación del propio PP y de la incapacidad de Feijóo.

Sánchez tiene, además, un historial que sus adversarios pueden recordar. En 2010, como diputado, votó a favor de la congelación de las pensiones aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Feijóo ha recurrido a ese antecedente para cuestionar la credibilidad socialista. Sin embargo, recuperar episodios del pasado no elimina la obligación de aclarar las decisiones futuras. Si el PP quiere disputar la confianza de los pensionistas, necesita presentar una propuesta precisa y sostenible, no limitarse a garantizar que cobrarán.

En política social, una promesa genérica de seguridad puede resultar menos convincente que una explicación transparente sobre cómo se financiará esa seguridad y cuanto más incierto sea el mensaje del PP, más sencillo será para el PSOE presentar las pensiones como una línea roja electoral.

A contracorriente de las preocupaciones cotidianas

El contrato de Feijóo intenta abarcar doce grandes asuntos. Desde la regeneración democrática hasta la política exterior. Pero una campaña no se decide por la cantidad de materias que aparecen en un documento, sino por la capacidad de conectar con las prioridades de la ciudadanía y explicar qué cambiará en su vida.

Los datos del CIS dibujan un escenario incómodo para una estrategia centrada exclusivamente en denunciar al Gobierno, aunque haya, con los datos sobre la mesa, mucho que denunciar. La vivienda lidera las preocupaciones, seguida por la inmigración y la crisis económica. La sanidad también figura entre los problemas relevantes. La percepción de los ciudadanos, además, no es uniforme porque puede convivir una valoración relativamente positiva de la economía personal con una visión mucho más negativa de la situación general del país.

Ese contraste importa. Los ciudadanos no evalúan la política solo mediante grandes indicadores macroeconómicos o debates institucionales, la juzgan por el alquiler que deben pagar, la lista de espera médica, el precio de los alimentos, el salario que reciben y la posibilidad de llegar a fin de mes. Un discurso sobre la decadencia nacional puede movilizar a quienes ya están convencidos de que el Ejecutivo debe cambiar. Pero difícilmente sustituye una respuesta detallada a esas preocupaciones materiales.

Feijóo habla de reconstrucción mientras sus adversarios hablan de protección. Su contrato promete bajar impuestos, mejorar la sanidad, elevar los salarios, reforzar la seguridad, ampliar la oferta de vivienda y garantizar las pensiones. Todas son aspiraciones legítimas de un programa de gobierno. La dificultad aparece al explicar cómo se financiarán simultáneamente, qué prioridades tendrán y qué sacrificios presupuestarios implicarán.

La combinación de rebajas fiscales y ampliación de servicios públicos exige cuentas claras. Sin ellas, la promesa se convierte en una suma de beneficios sin costes y los españoles ya llevan 8 años de promesas incumplidas.

Sánchez sólo necesita que Feijóo siga hablando

La campaña del PP parte de una premisa comprensible: presentar el cambio político como respuesta al desgaste del Gobierno, pero ese planteamiento exige que el candidato ofrezca una alternativa reconocible y suficientemente detallada. Si cada promesa abre una nueva polémica, el debate se desvía del balance de Sánchez hacia las incertidumbres del propio Feijóo.

La estrategia socialista podría consistir en insistir en tres preguntas muy concretas. Qué ocurrirá con las pensiones públicas. Cuánto tardarán en llegar las viviendas asequibles. Y qué medidas tendrán un efecto inmediato sobre el coste de la vida. Son cuestiones que obligan al PP a abandonar el lenguaje solemne del contrato y entrar en el terreno de los plazos, los presupuestos y las consecuencias.

Eso no convierte automáticamente a Sánchez en el beneficiario seguro de la situación. El presidente del Gobierno también tiene responder por los resultados de sus políticas y por la persistencia de una crisis habitacional que las estadísticas identifican como la principal preocupación nacional.