En los últimos años, España ha presenciado un creciente enfrentamiento entre el Gobierno y el poder judicial, una tensión que amenaza con reconfigurar los límites del equilibrio institucional y poner en riesgo la credibilidad del Ejecutivo. La estrategia de confrontación adoptada por Pedro Sánchez y su equipo no solo desafía la tradición de respeto a la independencia judicial, sino que expone al gobierno a riesgos políticos y personales difíciles de calibrar.
Impunidad de jueces y magistrados
Uno de los elementos centrales de este conflicto reside en la percepción, ampliamente compartida entre sectores críticos, de que los jueces y magistrados en España operan con un nivel de impunidad que resulta insólito en comparación con otros sistemas democráticos avanzados. Las decisiones de los tribunales rara vez son revisadas en términos disciplinarios efectivos, y los procesos de control interno dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se perciben como insuficientes para sancionar actuaciones cuestionables.
Esta impunidad se ve reforzada por la estructura misma del sistema judicial español. Los jueces disfrutan de estabilidad laboral, inmunidad parcial en el ejercicio de sus funciones y mecanismos de protección que dificultan su responsabilidad directa frente a decisiones que afectan a terceros. En la práctica, esto crea un espacio donde la autoridad judicial puede operar con autonomía casi absoluta, lo que se traduce en un poder desmesurado en el marco de un Estado democrático que depende del equilibrio entre poderes.
Élite que no rinde cuentas
El poder judicial español no solo actúa con impunidad relativa, sino que ha consolidado una especie de élite cerrada. Magistrados y jueces que alcanzan posiciones de influencia, ya sea en tribunales superiores o en órganos de gobierno como el CGPJ, se colocan fuera del alcance efectivo de la rendición de cuentas política o administrativa.
Este aislamiento del control externo genera, además, una percepción de desigualdad: mientras el ciudadano medio o el funcionario público está sujeto a reglas claras y sanciones inmediatas por incumplimiento, los jueces operan en un entorno donde sus errores, parcialidades o abusos raramente tienen consecuencias tangibles. La sensación de impunidad alimenta la desconfianza social y ofrece un caldo de cultivo para la confrontación política.
Represalias
Los críticos del sistema subrayan que quienes cuestionan la actuación judicial pueden afrontar represalias indirectas. La existencia de listas negras, que agrupan abogados, ciudadanos y funcionarios que han presentado querellas contra jueces o han cuestionado sus decisiones, es un fenómeno documentado aunque discretamente manejado. Estos listados, aunque no oficiales, son percibidos como herramientas de presión, capaces de condicionar la carrera profesional de los involucrados o de generar un clima de intimidación silenciosa.
El efecto psicológico y profesional de estas represalias contribuye a una cultura de autocensura. Abogados y ciudadanos dudan antes de denunciar irregularidades judiciales, temerosos de consecuencias a largo plazo. El resultado es un poder judicial reforzado por la intimidación y protegido por estructuras internas, mientras los mecanismos externos de supervisión permanecen insuficientes para garantizar la transparencia y la equidad.
El gobierno Sánchez y la confrontación judicial
En este contexto, la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez de confrontar al poder judicial se presenta como particularmente arriesgada. La retórica de choque con los jueces y magistrados ha buscado proyectar un relato de resistencia frente a una élite judicial que supuestamente actúa en contra del Gobierno, reforzando la narrativa de victimismo que ya ha marcado la carrera política del presidente.
Sin embargo, esta postura de enfrentamiento cuerpo a cuerpo tendrá efectos contraproducentes. En primer lugar, legitima indirectamente la percepción de independencia y fortaleza del poder judicial: al ser atacado públicamente, los jueces pueden presentarse como guardianes de la legalidad frente a un Ejecutivo que intenta erosionar sus competencias. En segundo lugar, la confrontación política aumenta la exposición del gobierno a riesgos jurídicos y personales: las críticas a jueces pueden derivar en demandas, además de generar tensiones internas en la propia coalición gubernamental.
El riesgo más significativo es el desgaste institucional. Al colocar al Ejecutivo en una posición de conflicto abierto con un poder clave del Estado, Sánchez abre la puerta a un debate sobre el equilibrio de poderes que trasciende la esfera electoral. La confrontación puede erosionar la legitimidad percibida del Gobierno, especialmente entre votantes que valoran la estabilidad institucional por encima de la dramatización política.
El choque con los jueces no solo tiene implicaciones políticas inmediatas, sino también efectos personales para los miembros del Ejecutivo y sus allegados. La estrategia de victimismo frente a tribunales poderosos puede generar exposición a querellas, investigaciones o fiscalizaciones más estrictas, aumentando la vulnerabilidad de Sánchez y de su entorno.