Ceuta y Melilla ya no pueden explicarse con el lenguaje rutinario de la política migratoria. Lo que ocurre en esos dos enclaves españoles en el norte de África desborda la categoría de crisis humanitaria y entra en otra mucho más incómoda: la de la guerra híbrida. Esa es la conclusión de los análisis y precedentes revisados. Y no se trata de una exageración retórica, sino de una lectura estratégica de la relación entre España y Marruecos en la que la frontera deja de ser una línea administrativa para convertirse en un instrumento de presión política. Cuando la entrada de personas, la relajación del control fronterizo y la diplomacia se conectan en una misma secuencia, el problema ya no es solo migratorio. Es geopolítico.
La distinción es esencial. En Canarias o en Lampedusa, los picos migratorios pueden explicarse, sobre todo, por rutas, mafias, pobreza, inestabilidad y factores estacionales. En Ceuta y Melilla, en cambio, existe un actor estatal con capacidad de modular la frontera desde el otro lado. Esa diferencia lo cambia todo. Si la presión llega porque Marruecos afloja el control o decide tolerar una salida masiva, la migración se convierte en una herramienta de coerción. Y cuando la coerción se usa para alterar la conducta de otro Estado, el debate deja de pertenecer a una cuestión migratoria y entra en la esfera de la seguridad nacional y de la defensa colectiva.
Los hechos más recientes sobre Ceuta y Melilla son claros al respecto. El análisis de la llamada “zona gris” describe cómo Marruecos actúa sin cruzar el umbral de una guerra abierta, pero alterando progresivamente el statu quo. El objetivo no es necesariamente conquistar mañana las ciudades autónomas, sino debilitar la posición española, desgastar su capacidad de respuesta y convertir la frontera en un espacio de incertidumbre permanente. Esa lógica no necesita tanques ni invasión directa. Le basta con presión migratoria, narrativa histórica, peso diplomático y una estrategia de hechos consumados.
Ese marco encaja con lo que la OTAN ha empezado a reconocer en sus propios documentos. La Alianza habla ya de amenazas híbridas como una combinación de instrumentos militares y no militares: desinformación, ciberataques, coerción económica, sabotaje, presión sobre infraestructuras y uso de grupos o flujos humanos para desestabilizar a un aliado. En su concepto estratégico adoptado en Madrid, la OTAN afirmó que defendería “cada pulgada” del territorio aliado y dejó claro que las operaciones híbridas podrían, en ciertos casos, alcanzar el umbral de un ataque armado. Pero ese reconocimiento no resuelve el caso de Ceuta y Melilla; lo complica, porque abre una puerta doctrinal sin convertirla en garantía automática.
Ahí está el primer gran hallazgo de los informes: la protección de la OTAN no es mecánica. El artículo 5 no funciona como un interruptor que se enciende por acumulación de titulares o por la gravedad moral de una crisis. Requiere una decisión política del Consejo del Atlántico Norte, consenso entre aliados y una valoración de si el hecho constituye un ataque armado. En cambio, el artículo 4 permite consultas cuando un miembro considera amenazada su seguridad. Aplicado a Ceuta y Melilla, ese orden importa muchísimo. Lo más razonable, lo más realista y lo más defendible sería llevar primero el caso al artículo 4, acumular pruebas y construir una posición aliada antes de plantear cualquier salto al 5.
La razón es sencilla: Ceuta y Melilla están en el centro de una ambigüedad jurídica y geográfica que lleva años sin resolverse. Varios análisis geopolítico han recordado que el artículo 6 del Tratado delimita el ámbito territorial de la defensa colectiva y deja fuera las dos ciudades autónomas al situarlas en territorio africano. Ese detalle no es menor. Significa que la OTAN no ha ofrecido nunca una garantía automática inequívoca para estos territorios, pese a la insistencia política del Gobierno español en interpretaciones más amplias del concepto de integridad territorial. La nueva estrategia aliada en Madrid suavizó el mensaje, pero no cambió el texto del tratado. Y mientras el artículo 6 siga intacto, la discusión jurídica seguirá abierta.
Eso explica la tensión entre el discurso político y la realidad legal. Durante años, el Gobierno español ha querido vender la idea de que Ceuta y Melilla quedaban reforzadas por la OTAN, especialmente tras la cumbre de Madrid. Pero los propios responsables de la Alianza han evitado cerrar esa puerta de forma inequívoca. Cuando Jens Stoltenberg explicó que la invocación del artículo 5 es una decisión política basada en el consenso y en el caso concreto, estaba diciendo algo muy importante: la seguridad de Ceuta y Melilla no está excluida automáticamente de la discusión, pero tampoco está blindada sin más.
En este contexto, la estrategia marroquí adquiere una dimensión más inquietante. Los informes sobre la “guerra híbrida” de Rabat contra las ciudades autónomas subrayan que Marruecos no actúa como un vecino normal que expresa una discrepancia diplomática. Actúa como un actor que explota las grietas de su relación con España para debilitarla. Los ejemplos acumulados son reveladores: reivindicaciones históricas, presión económica, cierre unilateral de la frontera comercial con Melilla, concesión de pasaportes marroquíes en territorios españoles, narrativa soberanista y, sobre todo, la crisis migratoria de 2021, en la que la presión humana fue usada como palanca política.
Ese episodio de 2021 no puede seguir minimizándose como una simple “ola de llegadas”. Lo que mostraron los hechos fue la capacidad de Marruecos para relajar su control y permitir una entrada masiva con un coste propio mínimo y un impacto enorme en España. Esa es la definición funcional de una operación de guerra híbrida exitosa: bajo coste para quien presiona, alto coste para quien recibe la presión. El objetivo no es solo colapsar temporalmente la frontera, sino provocar una crisis política interna, dañar la imagen del Gobierno y obligar a Madrid a mover ficha en otro tablero, generalmente el diplomático o el territorial.
La lectura de los analistas es especialmente dura porque rompe con la comodidad del relato oficial. España ha tendido a responder a estas crisis como si fueran problemas de orden público, reforzando la presencia policial, activando recursos humanitarios y negociando discretamente con Rabat. Pero los estudios revisados sugieren que esa respuesta es insuficiente si el otro lado está usando la migración como arma. En ese caso, actuar como si todo fuera una anomalía humanitaria es aceptar el marco impuesto por el adversario. Y ese marco favorece a Marruecos porque diluye la atribución de responsabilidad estatal.
La implicación para la OTAN es todavía más delicada. La Alianza ha ampliado su mirada hacia el flanco sur y reconoce que la estabilidad del Mediterráneo, el Sahel y el norte de África afecta directamente a la seguridad euroatlántica. Pero eso no quiere decir que vaya a convertir automáticamente cada presión sobre Ceuta y Melilla en un caso de defensa colectiva. Aquí entran dos factores decisivos: la ubicación geográfica de los enclaves y la voluntad política de los aliados. Porque mientras Canarias queda claramente dentro del paraguas del tratado, Ceuta y Melilla siguen en una posición ambigua que hace depender su protección de la interpretación política del momento.
Esa ambigüedad es, paradójicamente, parte del problema. Sirve para mantener la estabilidad diplomática, pero también para dejar a España con una sensación de protección incompleta. El Gobierno puede decir que toda la integridad territorial está cubierta por la solidaridad aliada, pero la letra del tratado sigue sin mencionar expresamente a Ceuta y Melilla. Y en geopolítica, lo que no está escrito termina siendo discutido. Por eso algunos sectores defienden desde hace años una revisión del artículo 6, aunque reconocen que exigiría unanimidad entre los 32 miembros y que, por ahora, ningún aliado quiere abrir ese melón.
De ahí que la estrategia más sensata para España no sea exigir de inmediato el artículo 5, sino construir una narrativa de seguridad compatible con la doctrina aliada. Eso implica reconocer que la presión migratoria puede ser un instrumento de coerción estatal, que Ceuta y Melilla son un punto de acceso estratégico y que Marruecos ha desarrollado durante años una política de zonas grises para desgastar la posición española. También implica abandonar la costumbre de presentar la frontera como un problema meramente operativo. No lo es. Es un frente político, jurídico y de defensa.
Además, la idea de que la migración pueda ser usada como arma no es una invención española ni un capricho de analistas alarmistas. La OTAN ha incorporado ese lenguaje porque ha entendido que los actores hostiles ya no necesitan invadir para desestabilizar. Pueden hacerlo a través de movimientos humanos masivos, campañas de desinformación o presión sobre corredores logísticos. Ese cambio doctrinal debería hacer reflexionar a España. Si la Alianza reconoce el problema, el Estado afectado debe aprender a nombrarlo correctamente. Y nombrarlo correctamente significa dejar de decir “migración” cuando lo que a veces ocurre es guerra híbrida.
La conclusión de fondo es dura, pero clara. Ceuta y Melilla no pueden seguir en la periferia del debate estratégico español. Son dos puntos en los que se cruzan soberanía, seguridad, frontera, migración y el límite práctico de la protección atlántica. Si Marruecos utiliza la presión humana como herramienta política, España tiene que elevar el conflicto al terreno donde puede ganar legitimidad: el de la legalidad internacional, la OTAN y la Unión Europea. Lo que no puede hacer es seguir reaccionando como si se tratara de una crisis episódica. Porque el adversario ya no actúa episódicamente. Actúa con método. Y cuando el vecino convierte la frontera en un instrumento de poder, la única respuesta seria es tratar esa frontera como una cuestión de Estado
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.