Donald Trump reaccionó a su condena por 34 delitos graves en 2024 con una frase contundente: “el que salva a su país no viola ninguna ley”. Con estas palabras no estaba simplemente defendiendo su reputación política. Estaba describiendo, quizá sin proponérselo, la lógica de gobierno que ha marcado su segunda presidencia: una estrategia que combina ilegalidad abierta con el uso calculado de la manipulación de la ley para legitimar decisiones extraordinarias.
El mismo líder que fue condenado por falsificación de registros empresariales fue sentenciado únicamente a libertad condicional por el juez Juan Merchan, quien sostuvo que una pena más dura podría interferir con la autoridad de la presidencia. Aquella resolución, inusual en la historia judicial estadounidense, simbolizó el terreno ambiguo donde hoy se mueve el poder ejecutivo: entre la excepcionalidad política y la reinterpretación estratégica del Estado de derecho. Más que ignorar la ley, la administración Trump ha aprendido a utilizarla como arquitectura de legitimación, tanto en política interior como en su proyección geopolítica.
La estrategia se aproxima a lo que juristas describen como “hiperlegalismo”: una adhesión formal a la legalidad acompañada de interpretaciones extremadamente flexibles que permiten justificar políticas previamente decididas.
Durante el último cuarto de siglo, Estados Unidos ha desarrollado una tradición jurídica que permite expandir el poder ejecutivo bajo la retórica de la seguridad nacional. La administración Trump parece haber llevado ese mecanismo a una nueva etapa. El patrón es claro: primero se adopta la decisión política; después se construye el marco legal que la legitime.
El instrumento clave para ello ha sido la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC), cuyos memorandos funcionan como el equivalente moderno de los dictámenes que durante la presidencia de George W. Bush justificaron prácticas como la tortura en la llamada guerra contra el terrorismo.
Un ejemplo paradigmático se produjo en septiembre de 2025. Por orden directa de Trump, fuerzas estadounidenses bombardearon un barco en el Caribe supuestamente vinculado a la organización criminal Tren de Aragua, que la Casa Blanca había designado previamente como grupo terrorista. Desde entonces se han registrado 46 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de un centenar de muertos.
La administración defendió estas operaciones como actos de autodefensa colectiva contra “narcoterroristas”. El secretario de Defensa Pete Hegseth insistió en que las operaciones cumplían el derecho de los conflictos armados y contaban con la aprobación de abogados militares. Sin embargo, numerosos expertos en derecho internacional discrepan. Argumentan que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, una práctica que excede tanto el derecho estadounidense como el marco legal internacional.
La clave del debate no es solo la legalidad de los bombardeos. Es el lenguaje que los justifica. Al etiquetar a los carteles o pandillas como “terroristas”, la Casa Blanca activa el mismo marco jurídico que permitió operaciones globales tras el 11-S. Como advierten varios juristas, la categoría de terrorismo se ha convertido en una herramienta flexible para ampliar el campo de batalla de Washington.
La misma lógica apareció en otra operación aún más polémica: la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En enero de 2026, Trump anunció que ambos serían juzgados en Estados Unidos por narcoterrorismo. La operación, que implicó fuerzas especiales y apoyo aéreo en Caracas, fue descrita por el gobierno como una simple acción policial para detener a un fugitivo, no como una intervención militar.
El argumento jurídico fue igualmente elaborado en un memorando de la OLC: si la misión tenía alcance limitado y duración breve, no constituía una guerra y, por tanto, no requería autorización del Congreso. En la práctica, la interpretación ampliaba de forma extraordinaria el poder del presidente para ordenar operaciones armadas en el extranjero.
Las similitudes con la era posterior al 11-S son difíciles de ignorar. Durante aquella etapa, memorandos jurídicos redactados por funcionarios como John Yoo redefinieron los límites de la tortura y permitieron el sistema de detenciones de Guantánamo. Esos documentos no solo interpretaron la ley: crearon una nueva realidad legal que permitió prácticas previamente prohibidas. Hoy, los memorandos que justifican ataques navales o capturas extraterritoriales parecen cumplir una función similar. Su objetivo no es únicamente resolver dudas jurídicas; es blindar políticamente decisiones estratégicas y reducir el riesgo de escrutinio judicial o legislativo.
Desde una perspectiva geopolítica, la estrategia refleja una transformación más profunda del poder estadounidense. Durante décadas, Washington se presentó como garante del orden jurídico internacional. Sin embargo, en la era Trump, el énfasis ha cambiado hacia una doctrina más nacionalista: la ley existe para proteger los intereses del Estado, incluso si ello implica reinterpretarla radicalmente.
El resultado es una forma de poder híbrido. Estados Unido reconfigura la ley para adaptarla a sus objetivos estratégicos. Esta ambigüedad tiene ventajas tácticas. Permite a la Casa Blanca actuar con rapidez en escenarios transnacionales mientras mantiene una narrativa de legitimidad jurídica. Pero también tiene riesgos. Cada reinterpretación del derecho puede convertirse en precedente, ampliando los márgenes de acción de futuros gobiernos. .