Los informes de la Guardia Civil en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre las supuestas "cloacas del PSOE" revelan un patrón sistemático de interferencias políticas sobre la Unidad Central Operativa, el brazo judicial más temido por las tramas de corrupción en España. El sumario del caso SEPI dibuja un escenario en el que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, habría ordenado a los investigadores que no fueran "proactivos" en los casos que afectaban a Moncloa y al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Leonardo Marcos ocupó la dirección general de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, designado directamente por el Ejecutivo de Sánchez. En ese período, según los testimonios recogidos en el sumario, mantuvo al menos dos reuniones decisivas con los responsables de la UCO en las que el mensaje fue inequívoco: el informe sobre los correos electrónicos del hermano del presidente, David Sánchez, debía concluir que "no había nada".
La primera de esas reuniones tuvo lugar el 12 de julio de 2024. Según los informes de la UCO, Marcos convocó al Director Adjunto Operativo (DAO), al Jefe de Policía Judicial y al jefe de la UCO a raíz de un requerimiento de información relacionado con la investigación sobre la contratación presuntamente irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. En esa cita, según el testimonio de uno de los mandos presentes, el director general calificó la solicitud de la UCO de "totalmente prospectiva y malintencionada" y aseguró que la credibilidad del cuerpo "estaba por los suelos". No fue lo más grave. El mismo testigo relató que Marcos exigió que para el viernes siguiente, el 19 de julio, el informe de la unidad debía estar "analizado" y "que no haya nada". Si hacía falta dejar a personal sin vacaciones para lograrlo, añadió, "que así se hiciera".
Cuatro días después de aquella reunión, el 16 de julio, el propio DAO se desplazó personalmente a las oficinas de la UCO para reforzar el mensaje. En esa segunda visita, los mandos presentes escucharon la instrucción de que, en aquellos procedimientos con "afectación política", no se fuera proactivo. La expresión que quedó grabada en la memoria de los testigos fue elocuente: debían "ponerse de perfil" y dejar que fuera la autoridad judicial quien tomara la iniciativa.
Expedientes disciplinarios como herramienta de presión
El mecanismo de presión no se limitó a reuniones verbales. El sumario revela que la Dirección General de la Guardia Civil abrió expedientes o informes reservados contra agentes que participaban en las diligencias relacionadas con la corrupción del entorno del Gobierno. El juez Pedraz investiga precisamente estos procedimientos, que los testigos enmarcan en un contexto de coacciones institucionales.
El primero de esos expedientes se habría abierto en diciembre de 2024, con la excusa de que la UCO podría haber filtrado una noticia sobre la causa contra David Sánchez. El propio mando que lo admitió ante los investigadores señaló el argumento como inconsistente: la información publicada se refería a mensajes y archivos posteriores a 2021, año en el que terminaban los documentos que en ese momento obraban en poder de la unidad. La filtración, por tanto, era materialmente imposible desde la UCO.
Los otros dos expedientes surgieron en mayo de 2025, esta vez a raíz de la publicación en El Mundo de mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. La lógica fue la misma: señalar a los investigadores sin base real, con el efecto práctico de generar incertidumbre y desincentivar la proactividad en causas políticamente sensibles.
La fontanera del PSOE y sus reuniones en la Fiscalía General
Paralelo al hostigamiento interno a la UCO, el sumario del caso SEPI documenta una operación exterior igualmente reveladora. Los informes de la unidad confirman que Leire Díez, identificada en la investigación como "la fontanera del PSOE", mantuvo varias reuniones en la sede de la Fiscalía General del Estado, situada en el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, durante los primeros meses de 2025.
La Guardia Civil localizó uno de los teléfonos intervenidos a Díez y comprobó que el 6 de marzo de 2025 se encontraba físicamente en ese edificio. Los mensajes incautados refuerzan la cronología: semanas antes, Díez había anticipado a su interlocutor, el abogado Jacobo Teijelo, que ya tenían "vía libre" para reunirse en la Fiscalía General con "ese tema". Días después confirmó la cita y, una vez celebrada, le escribió al abogado del comisario Villarejo para decirle que "el jueves estuvo en FGE" y que "cuando puedas hablamos".
La carga emocional de esas gestiones queda reflejada en sus propias palabras. En un mensaje a su pareja, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, Díez describió una de las reuniones en la Fiscalía como "el día más importante" de su vida a nivel profesional. Fernández le preguntó si era porque iba a verse con Pedro Sánchez. Ella respondió que no, y precisó que lo que le parecía tan trascendente era que aquella reunión podía hacer que el presidente "directamente me adore".
Los investigadores aún desconocen la identidad concreta de las personas de la Fiscalía General que habrían participado en esos encuentros. Sin embargo, en conversaciones intervenidas, Díez y Teijelo hablan de "un fiscal" con el que estaban en contacto y, en otras ocasiones, la referencia parece apuntar directamente al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, mencionado por sus iniciales: "FGE". "¿Te ha escrito el FGE?", pregunta Díez en uno de los mensajes. La UCO subraya en su informe que esa abreviatura correspondería al titular del Ministerio Público.
El intento de acuerdo con Villarejo: información a cambio de impunidad
El sumario desvela también el contenido de una propuesta que la UCO encontró en un iPhone 15 Pro Max intervenido a Leire Díez. El documento, titulado "Acuerdo V", recogía los términos de una oferta planteada presuntamente al comisario José Manuel Villarejo: a cambio de que el PSOE gestionara un acuerdo con la Fiscalía General que aliviara su situación penal —aceptar una condena sin vuelta a prisión y preservar parte de su patrimonio—, el policía debía entregar a Ferraz información comprometida sobre un extenso listado de personas e instituciones.
Los nombres incluidos en ese acuerdo abarcan desde Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal hasta el BBVA, el Grupo Planeta y asuntos de corrupción del propio PSOE, además de causas relacionadas con Podemos. El abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, confirmó a los investigadores que se reunió con Díez y que esta le trasladó la propuesta. También admitió que ni él ni el comisario se tomaron en serio la oferta y que el encuentro con la Fiscalía General nunca llegó a producirse.
El rastro del dinero: facturas falsas y fondos electorales desviados
La financiación de la estructura que el sumario denomina "las cloacas de Ferraz" también aparece documentada en las últimas diligencias. La UCO encontró una factura que acredita que el PSOE desvió 18.125 euros de una campaña electoral para pagar al medio Crónica Libre, por haberle suministrado grabaciones del comisario Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente durante los cinco días en que Sánchez anunció que reflexionaba sobre su continuidad.
El pago quedó camuflado bajo el concepto "Campaña Partido Socialista Obrero Español PSOE Elecciones Europeas 2024", con fechas que coincidían con la campaña de mayo y junio de ese año. La factura fue emitida por Crónica Libre y abonada por Iki Group Communications SL, una agencia barcelonesa vinculada habitualmente al PSC. Una empleada del medio reconoció ante la Guardia Civil ser la autora del documento y haber gestionado su cobro.
Esta cantidad se suma a otros pagos que el partido habría realizado a través de facturas presuntamente falsas: 27.225 euros a Leire Díez mediante el abogado Ismael Oliver, otros 16.000 euros a través del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, y al menos 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo. En todos los casos, según los investigadores, el PSOE utilizó pantallas intermedias para ocultar el verdadero origen y destino de los fondos.
Una investigación que apunta al núcleo del poder
Lo que el sumario del caso dibuja en su conjunto es una arquitectura de interferencia institucional que habría operado en varios niveles de forma simultánea: presiones directas sobre los mandos policiales encargados de investigar la corrupción, expedientes disciplinarios para amedrentar a los agentes, contactos con la Fiscalía General para condicionar las causas en curso y pagos encubiertos a periodistas y operadores políticos. El juez Santiago Pedraz investiga si estas piezas forman parte de un mismo mecanismo orquestado desde las más altas instancias del poder ejecutivo.