La política española se mueve en ciclos cada vez más cortos, dictados menos por el calendario institucional que por las necesidades tácticas de supervivencia. En ese terreno, Pedro Sánchez ha demostrado una capacidad singular: convertir la gestión gubernamental en un escenario de campaña continua. La última batería de medidas sociales, que va desde la ampliación de becas y ayudas al alquiler hasta bonificaciones fiscales y refuerzos en sanidad, no solo refuerza la narrativa progresista de La Moncloa. También despierta la sospecha de que el presidente prepara el terreno para un eventual adelanto electoral.
En política, las coincidencias rara vez son casuales. La concatenación de anuncios, su puesta en escena cuidadosamente televisada y la insistencia en presentarlos como conquistas de un Gobierno “que no deja a nadie atrás” recuerdan más al lenguaje electoral que al de la administración rutinaria.
El arte del timing
La historia de la democracia española ofrece precedentes elocuentes. Felipe González en 1989, José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y Mariano Rajoy en 2015 utilizaron políticas sociales o rebajas fiscales como antesala de las urnas. En todos los casos, la frontera entre gestión y campaña se difuminó. Sánchez parece dispuesto a seguir esa tradición.
El contexto le acompaña: con una economía que crece por encima de la media europea, una inflación moderada y los fondos europeos aún irrigando proyectos estratégicos, el Gobierno dispone de margen fiscal para exhibir políticas expansivas. Pero ese margen también se erosiona con rapidez. Bruselas reclama disciplina presupuestaria, y la oposición ya denuncia un uso “partidista” de los recursos públicos.
Narrativa frente a realidad
La estrategia del presidente descansa en una idea: que los votantes recuerdan más los anuncios que las ejecuciones. La ampliación de becas o la rebaja en el transporte público generan titulares inmediatos, incluso aunque su impacto material tarde meses en percibirse o se diluya en la maraña burocrática. El riesgo es que el electorado, cada vez más escéptico, perciba estas medidas como maniobras oportunistas y no como parte de un proyecto sostenido de transformación social.
Además, la fatiga de legislatura juega en contra. Tras años marcados por la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación, el ciudadano medio podría interpretar la súbita aceleración de reformas sociales como una señal de que el Gobierno busca despedirse con fuegos artificiales más que afianzar un legado.
Promesas sin presupuesto
El despliegue de medidas sociales adquiere un matiz aún más paradójico al hacerse sin el instrumento esencial de toda política económica: los Presupuestos Generales del Estado. Anunciar programas de alcance nacional sin un marco presupuestario aprobado es como inaugurar una autopista sin asfaltar. Se multiplica la visibilidad política, pero se posterga la viabilidad real.
En la práctica, gobernar sin presupuestos convierte cada iniciativa en un acto de prestidigitación: el Ejecutivo promete, pero no garantiza. Los compromisos dependen de prórrogas, reasignaciones o ingeniería contable. Esta brecha entre anuncio y ejecución permite a Sánchez mantener la iniciativa comunicativa (los titulares) sin someterse a la prueba de fuego parlamentaria.
El contraste es llamativo: un Gobierno que presume de músculo social y de haber "blindado el Estado del bienestar" evita, al mismo tiempo, el examen más riguroso de su programa, que es el de traducir sus prioridades en partidas concretas y sostenibles. El efecto inmediato es doble. Por un lado, se erosiona la confianza de los ciudadanos en la seriedad de las promesas oficiales. Por otro, se ofrece a la oposición un argumento sólido: que las medidas no son más que papel mojado.
La política española ya conoce esta dinámica. Los gobiernos minoritarios de las últimas décadas han recurrido a menudo a la prórroga presupuestaria como mecanismo de supervivencia. Pero en este caso la disonancia es mayor, porque el Ejecutivo insiste en proyectar una agenda ambiciosa de reformas mientras carece del instrumento básico para financiarlas. Es un recordatorio de que la política del anuncio puede resultar rentable en el corto plazo, pero vacía de credibilidad si no se acompaña de un andamiaje presupuestario.
El cálculo electoral
Convocar elecciones anticipadas no es solo una cuestión de oportunidad, sino de control de la agenda. Sánchez sabe que los próximos meses traerán nubarrones: el enfriamiento económico en Europa, el repunte de la deuda y las tensiones con sus socios de coalición y aliados parlamentarios. Adelantar los comicios podría permitirle capitalizar la iniciativa y evitar que el desgaste erosione aún más su popularidad.
Pero el movimiento es arriesgado. Una convocatoria prematura daría oxígeno a una oposición que busca cohesionar a su electorado en torno a un discurso anticorrupción y que ya ha convertido a la figura del presidente en el blanco principal de su estrategia. Y no está claro que los votantes castiguen más la espera que la precipitación.
Por otro lado, a medida que pasa el tiempo se refuerza la sospecha de que Sánchez podría esperar a que Juan Manuel Moreno Bonilla anuncie la fecha de las elecciones andaluzas para convocar las generales.
Política de campaña continua
En última instancia, lo que está en juego no es solo la fecha de unas elecciones, sino la calidad del debate democrático. La transformación del Gobierno en una maquinaria de anuncios constantes convierte la política en un escaparate, en el que la gestión se mide más por su capacidad de generar titulares que por la solidez de sus resultados.
España no es una excepción. En buena parte de Europa, los líderes han aprendido a vivir en campaña permanente, impulsados por la inmediatez mediática y la presión de encuestas semanales. Pero el riesgo de esa estrategia es claro: la política se convierte en un ejercicio de marketing a corto plazo, mientras el pueblo sufre cómo las reformas estructurales quedan en segundo plano.
Si Sánchez decide finalmente adelantar las elecciones, la batería de medidas sociales será recordada no como una política de Estado, sino como el prólogo de una campaña. Y si no lo hace, el Gobierno habrá contribuido igualmente a consolidar la percepción de que, en la España actual, el poder se ejerce con un ojo siempre puesto en las urnas.