El ataque a Ceuta pone a Sánchez contra las cuerdas

La coartada de Pedro Sánchez y de su Gobierno se ha venido abajo con el ruido seco de un archivador al cerrarse. No fue una avalancha imprevisible, ni un fallo repentino de los servicios de inteligencia, ni una tragedia imposible de anticipar: los documentos desclasificados dibujan, más bien, la historia de una advertencia repetida que nadie quiso atender.

Sánchez, acorralado por las preguntas, optó por abrir papeles con urgencia. Un gesto de aparente transparencia. Pero ocurrió lo que suele pasar cuando se descuelga una cortina demasiado deprisa: detrás estaba la realidad. Y la realidad, esta vez, le destroza.

Los informes oficiales dejan a Interior en una posición difícil, por no decir insostenible. Durante días hubo avisos. Alertas sobre movimientos inusuales, convocatorias en redes sociales, cruces a nado y un sistema de acogida ya reventado antes de que la situación acabara por desbordarse. No era una intuición. Estaba escrito.

El 27 de julio, tres días antes del colapso, la Policía Nacional registró un “hecho relevante”. A las doce y media de la mañana. Sin margen para la confusión. Los agentes sobre el terreno alertaban de una “entrada masiva a nado” desde Marruecos. La expresión no admite mucho maquillaje. No habla de una posibilidad remota ni de un rumor de pasillo. Habla de una dinámica ya en marcha, visible desde la orilla, con uniformados contando llegadas mientras el agua devolvía una y otra vez la misma escena.

La causa también aparecía identificada: tras una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio, que limitaba las devoluciones en caliente, el flujo había aumentado. El sistema comenzaba a tensarse. Y cuando un sistema se tensa durante días, acaba rompiendo. Es casi una ley de la política... y de las tuberías de los servicios de inteligencia.

Ese informe no se perdió en una comisaría de Ceuta. Llegó al Centro Nacional de Comunicaciones, la estructura que depende del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Por tanto, cuesta entender que el ministro haya sostenido después que nadie podía prever lo que se venía encima. Entre el “entrada masiva” que escribió la Policía y el “no se podía saber” que difundió el Gobierno hay un abismo. Y alguien tendrá que explicar quién decidió saltarlo.

Las alarmas sí sonaron

La misma mañana, media hora antes del informe policial, el CNI había emitido otra alerta. Sus analistas detectaban convocatorias para cruzar la frontera difundidas en redes sociales. Mensajes abiertos, grupos de WhatsApp activos, páginas de Facebook con miles de seguidores y consignas que señalaban incluso el momento propicio para actuar.

Los servicios secretos avisaban. La Policía avisaba. La fotografía estaba completa.

En los veinte días previos ya habían llegado a nado 748 personas. El Centro de Estancia Temporal de Extranjeros acumulaba alrededor de 1.200 ocupantes, después de sumar a esas llegadas las casi 500 personas que ya permanecían allí. Las costuras estaban cediendo antes de que llegara el gran golpe.

Y, sin embargo, no consta que la advertencia fuera tratada con la urgencia necesaria por quienes debían ordenar el refuerzo la frontera. Ni Guardia Civil ni Ejército aparecían, según los documentos conocidos, como destinatarios de una alarma que iba camino de convertirse en crisis. El aviso entró en el engranaje burocrático. Y allí, al parecer, se evaporó.

Las consecuencias las pagaron los de siempre: los agentes destinados en Ceuta. Mientras los informes subían y bajaban por despachos de Madrid, policías y guardias civiles aguardaban en la frontera con los medios ordinarios de cualquier jornada normal.

Después llegaron las imágenes: espigones desbordados, carreras, uniformes improvisando frente a una marea humana imposible de contener. Escenas de caos. Pero ya no cabe presentarlas como un fenómeno caído del cielo.

Madrid sabía que algo grave podía ocurrir. Lo sabía tres días antes. Y, según los propios documentos, recibió nuevos avisos apenas veinticuatro horas antes del estallido.

El contenido de los documentos desclasificados hacen dudar entre si hubo una descoordinación monumental o se congeló deliberadamente la alerta para no incomodar a Rabat. O ambas porque la versión de la tragedia imprevisible ha quedado seriamente dañada.

El 29 de julio, un agente del CNI en Ceuta contactó con el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Hubo mensajes. Hubo petición de refuerzos. Y hubo una conversación telefónica de más de once minutos.

Once minutos no son una llamada perdida. No son un mensaje leído a medias entre reuniones. Son tiempo suficiente para explicar una amenaza, valorar alternativas y pedir que alguien haga algo. Sin embargo, la Delegación del Gobierno sostuvo después que nadie les había advertido. Que no había informes. Que no había aviso alguno.

Ahí la historia empieza a adquirir un aire casi berlanguiano, si no fuera porque lo que estaba en juego era la seguridad fronteriza, la integridad de los agentes, la soberanía nacional y la capacidad del Estado para reaccionar ante una crisis.

Mientras tanto, los analistas del CNI trataban de localizar a mandos del Servicio de Información de la Guardia Civil. Según la documentación, hubo ausencias, trámites, excusas y llamadas que no llegaban a quien tenían que llegar. El mando principal estaba fuera. Ya se encargaría otro. Más tarde. Cuando pudiera. Y las horas pasaban.

Rabat, una vez más

También está Marruecos. Siempre Marruecos, la pieza que el Gobierno español trata con una mezcla de prudencia, temor y silencio diplomático.

El CNI alertó a los servicios de inteligencia marroquíes. Les trasladó la información disponible sobre lo que se preparaba. Sin embargo, cuando miles de personas comenzaron a avanzar hacia la frontera, la reacción al otro lado fue, según los informes posteriores, de una pasividad difícil de justificar. ¿Rabat no pudo frenar aquella movilización o no quiso hacerlo? Todo parece indicar, y así lo dicen las principales agencias de análisis geopolítico del mundo, que fue lo segundo. 

El Gobierno de Sánchez no ha respondido con claridad. Y esa falta de claridad pesa todavía más al comprobar que la ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció la existencia de la alerta del CNI, mientras Interior insistía en que el suceso había resultado imposible de prever. Un Gobierno puede sobrevivir a una mala decisión. Incluso a una crisis mal gestionada. Lo que no puede normalizar es que sus ministros ofrezcan relatos incompatibles sobre un asunto que afecta a la seguridad nacional.

El CNI detectó el riesgo. La Policía documentó la entrada masiva. Se remitieron avisos. Se solicitaron refuerzos. Había datos, fechas, interlocutores y señales evidentes. Lo que falló no fue la inteligencia: falló la respuesta política.

Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska no pueden refugiarse eternamente detrás de frases preparadas, ruedas de prensa y el ya gastado “nadie podía saberlo”. Los papeles del propio Estado han desmontado esa defensa.

Cuando una cadena de mando recibe alertas y deja a sus agentes expuestos, no basta con buscar culpables en la burocracia ni señalar a los demás (salvo a Marruecos, por supuesto). Hay que mirar hacia arriba. Hacia quienes dirigían Interior, hacia quienes coordinaban la respuesta y hacia quien presidía el Gobierno.

Porque la inacción, la descoordinación o la decisión política de no incomodar a Rabat, requieren una respuesta. Y esa responsabilidad política no puede quedar enterrada, una vez más, bajo otra montaña de informes, silencios y excusas. Ha llegado el momento en el que, de tanto resistir, el cabo se rompe.