Todo liderazgo prolongado acumula logros, errores y, finalmente, una factura política. En el caso de Pedro Sánchez, 2025 ha operado como ese punto de inflexión silencioso en el que las crisis dejan de ser episódicas y pasan a formar un patrón estructural. No fue un año de colapso súbito, sino de degradación progresiva del poder, un desgaste que afectó a la gobernabilidad, la economía, la arquitectura institucional y, sobre todo, a la credibilidad del proyecto político que lo llevó a La Moncloa.
Lo que distingue a 2025 no es la magnitud aislada de cada problema, sino su simultaneidad. Cada frente abierto debilitó la capacidad del Ejecutivo para gestionar los demás. El resultado fue un Gobierno formalmente en pie, pero estratégicamente a la defensiva, obligado a administrar su supervivencia más que a proyectar futuro.
Parálisis negociada
Durante años, Sánchez hizo de la aritmética parlamentaria fragmentada una virtud. En 2025, esa habilidad se convirtió en un lastre. La legislatura entró en una fase de minoría permanente, en la que cada iniciativa exigía negociaciones largas, opacas y crecientemente costosas. Los socios parlamentarios, conscientes de que el Ejecutivo carecía de alternativas, elevaron el precio de su apoyo voto a voto.
Esta dinámica tuvo consecuencias concretas. Los presupuestos se volvieron a prorrogar, algunos decretos clave se aprobaron con concesiones de última hora que diluían su coherencia y varias reformas comprometidas con Bruselas quedaron descafeinadas o pospuestas. La política económica empezó a transmitir una señal de incertidumbre regulatoria, especialmente en sectores estratégicos como energía, vivienda o infraestructuras.
Más allá de lo técnico, se instaló una percepción peligrosa: el Gobierno ya no lideraba la agenda, la seguía. En política, perder la iniciativa es a menudo más dañino que perder una votación.
Amnistía: cuando el coste supera al beneficio
Si 2024 fue el año de la apuesta, 2025 fue el de la factura. La ley de amnistía, presentada como un cierre pragmático del conflicto catalán, se convirtió en un foco permanente de fricción institucional. Las decisiones judiciales, los recursos ante tribunales nacionales y europeos y las protestas de asociaciones profesionales mantuvieron el asunto en primera línea durante todo el año.
Lejos de estabilizar el sistema, la amnistía reconfiguró el conflicto. El independentismo no se desmovilizó; adaptó su estrategia. Desde una posición reforzada en el Congreso, trasladó nuevas exigencias, mientras el resto del país percibía una asimetría creciente en el trato territorial. El Gobierno quedó atrapado entre dos narrativas incompatibles: la de la “normalización” y la de la “cesión permanente”.
En términos políticos, Sánchez perdió por ambos lados. No logró desactivar del todo el conflicto catalán ni contener su impacto en el resto del Estado. La agenda territorial dejó de ser un activo de estabilidad para convertirse en un recordatorio constante de fragilidad.
Economía: resistir sin avanzar
España evitó una recesión abierta en 2025, pero eso fue, en sí mismo, un listón bajo. El crecimiento se desaceleró, la inflación se mantuvo especialmente alta en servicios esenciales y el empleo empezó a mostrar señales de enfriamiento tras años de expansión. La deuda pública siguió siendo elevada y el margen fiscal, limitado.
El Gobierno insistió en un discurso comparativo (España crece más que otros, sufre menos que otros) que, aunque técnicamente defendible, perdió eficacia política. Para muchos hogares, la experiencia cotidiana es otra: pérdida de poder adquisitivo, presión fiscal sostenida y servicios públicos cada vez más tensionados.
Además, la dependencia de los fondos europeos redujo la autonomía estratégica del Ejecutivo. Cada retraso en reformas estructurales no era solo un problema interno, sino una señal incómoda hacia Bruselas. En 2025, la economía española no colapsó, pero dejó de ofrecer un relato convincente de progreso.
Normalización del conflicto entre poderes
Uno de los rasgos más inquietantes del año fue el endurecimiento del clima institucional. La relación con el poder judicial se deterioró aún más, el bloqueo se cronificó y el lenguaje político se volvió abiertamente confrontacional. Lo que comenzó como un desacuerdo técnico derivó en una pugna de legitimidades.
Sánchez, que en etapas anteriores había cultivado una imagen de garante del reencuentro institucional, terminó adoptando una lógica defensiva: cada crítica era interpretada como una ofensiva política. Esta dinámica erosionó la confianza en las instituciones y alimentó la percepción de que las reglas del juego estaban sometidas a una negociación constante.
El daño no fue inmediato, pero sí acumulativo. La estabilidad institucional, uno de los principales activos de cualquier economía avanzada, empezó a percibirse como condicional y frágil.
Desgaste del relato
Quizá el fenómeno más sutil y más peligroso de 2025 fue la fatiga democrática. No hubo una rebelión masiva contra el Gobierno, pero tampoco una movilización sostenida en su defensa. Las encuestas reflejaron apatía, desapego y una creciente indiferencia hacia el debate político.
El problema no era solo la gestión, sino el agotamiento del relato. El discurso del “mal menor”, de la resistencia frente a alternativas peores, funcionó durante un tiempo. En 2025 empezó a sonar hueco. Gobernar contra algo es eficaz a corto plazo; gobernar a favor de algo requiere un proyecto que el Ejecutivo ya no parecía capaz de articular con claridad.
Escándalos y la lógica del control de daños
En 2025, el deterioro político del Gobierno no se explicó solo por decisiones estratégicas fallidas o por una aritmética parlamentaria adversa. Hubo un factor más corrosivo, menos programático y más personalista: la acumulación de escándalos y causas judiciales en el entorno inmediato del presidente, combinada con una sucesión de episodios internos que dañaron la autoridad moral del PSOE. No se trató de un solo caso devastador, sino de una constelación de controversias que, en conjunto, erosionaron la narrativa de regeneración y superioridad ética que había acompañado a Pedro Sánchez desde su regreso al poder.
La respuesta del Ejecutivo fue coherente con un Gobierno en fase defensiva: control de daños, compartimentación de crisis y aceleración del ciclo informativo. La estrategia evitó un colapso inmediato, pero tuvo un coste político elevado: convirtió la acción del Gobierno en una sucesión de reacciones y reforzó la percepción de que La Moncloa vivía en modo supervivencia.
El caso que más incomodó al presidente fue, sin duda, la investigación judicial que afectó a Begoña Gómez, su esposa. Las diligencias abiertas, relacionadas con presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y corrupción en los negocios, colocaron a Sánchez en una posición excepcionalmente delicada. No tanto por el contenido concreto de la causa, aún en fase de investigación, como por su impacto simbólico.
Durante años, Sánchez había construido un discurso frontal contra la confusión entre lo público y lo privado, presentándose como antítesis de los viejos vicios del poder. El simple hecho de que un juez considerara verosímil investigar la actividad profesional de su esposa, vinculada a instituciones y empresas que mantenían relaciones con la administración, dinamitó esa frontera discursiva.
La reacción presidencial (una mezcla de victimización, denuncia de “lawfare” y una breve retirada teatral para “reflexionar” sobre su continuidad) buscó cerrar filas en el electorado propio. Funcionó parcialmente. Pero fuera de ese núcleo, el episodio reforzó una percepción inquietante: cuando el poder se personaliza, los riesgos también lo hacen. La política dejó de girar en torno a decisiones públicas y pasó, durante semanas, a orbitar alrededor del círculo íntimo del presidente.
Como si el caso de su esposa no fuera suficiente, 2025 también estuvo marcado por las investigaciones en torno a David Sánchez, hermano del presidente, por su contratación en una institución pública. Aunque el Gobierno insistió en que se trataba de un asunto estrictamente administrativo y ajeno a la acción del Ejecutivo, el daño ya estaba hecho.
En política, la legalidad no siempre coincide con la legitimidad. Y el apellido Sánchez, repetido en titulares judiciales, rompió el cortafuegos que tradicionalmente protege al líder cuando los escándalos afectan a terceros. La oposición explotó el relato del nepotismo, y aunque no logró probar una implicación directa del presidente, sí consiguió algo más sutil y duradero: instalar la sospecha.
Para un Gobierno que había hecho de la lucha contra los privilegios heredados una bandera, el efecto fue demoledor. Cada explicación técnica sonaba a excusa; cada matiz jurídico, a evasiva.
A estos casos se sumaron acusaciones de presunta financiación ilegal del PSOE, reactivando un fantasma que el partido creía enterrado tras décadas de distancia con los grandes escándalos de los años noventa. Investigaciones periodísticas y diligencias judiciales apuntaron a posibles irregularidades en donaciones, contratos y estructuras paralelas de financiación en determinados territorios.
Aunque ninguna causa ha alcanzado, de momento, directamente a la cúpula nacional del partido, el problema fue político antes que penal. El PSOE, que había gobernado durante años desde una posición moralmente acusatoria, se vio obligado a adoptar el mismo lenguaje defensivo que había criticado en sus adversarios: presunción de inocencia, hechos aislados, confianza en la justicia.
Ese giro discursivo tuvo un efecto devastador sobre la credibilidad. No porque las acusaciones fueran necesariamente más graves que otras en la historia reciente, sino porque contradecían la identidad moral que Sánchez había construido como activo central de su liderazgo.
El golpe más incómodo, sin embargo, vino desde dentro. En 2025 salieron a la luz varios casos de acoso sexual protagonizados por cargos y militantes del PSOE, algunos de ellos con responsabilidades orgánicas o institucionales. La reacción oficial fue rápida: expedientes internos, suspensiones cautelares, comunicados firmes. Pero la herida ya estaba abierta.
El PSOE no es un partido cualquiera en esta materia. Ha sido uno de los principales impulsores de la legislación feminista y de los discursos más contundentes contra el machismo estructural. Precisamente por eso, los casos de acoso no se percibieron como simples desviaciones individuales, sino como una contradicción profunda entre el discurso público y la realidad interna.
La oposición no necesitó exagerar. Bastó con señalar la incoherencia. Y para una parte del electorado progresista, especialmente el más joven y el más movilizado en cuestiones de igualdad, el daño fue real y duradero.
Ante este cúmulo de frentes, el Gobierno optó por una estrategia clara: no negar frontalmente, no asumir responsabilidades políticas de alto nivel y no permitir que ningún caso monopolizara la agenda durante demasiado tiempo. Fue una táctica racional, incluso eficaz a corto plazo. Pero tuvo un efecto secundario peligroso: normalizó el escándalo.
Cuando los casos se suceden sin consecuencias políticas visibles, el mensaje implícito es que el sistema ha entrado en una fase de tolerancia al deterioro. No hay estallido, pero sí erosión. No hay caída, pero sí desgaste. El Gobierno sobrevivió a cada episodio, pero salió de todos ellos un poco más débil, un poco menos creíble.
La oposición no gana, Sánchez pierde terreno
Paradójicamente, el debilitamiento de Sánchez no se tradujo automáticamente en una alternativa sólida. La oposición capitalizó el malestar, pero sin articular aún un proyecto claro de gobierno. El resultado fue un equilibrio inestable: un Ejecutivo agotado frente a una oposición incompleta.
Este tipo de escenario no genera cambios inmediatos, pero sí prolonga la sensación de bloqueo. España no entró en crisis política abierta, pero se instaló en una especie de interregno, donde nadie parece plenamente capaz de tomar el relevo.