La condena al fiscal general del Estado no solo ha generado una reacción política inmediata. Ha puesto en primer plano la cuestión de confianza en la judicatura, especialmente en aquellas salas donde la orientación conservadora aparece de manera recurrente en las resoluciones de mayor impacto. No se trata de impugnar la autoridad judicial, sino de observar cómo decisiones que deberían ser estrictamente jurídicas se ven acompañadas, otra vez, de una lectura política demasiado evidente.
Una condena que abre más preguntas de las que cierra
La resolución del Supremo contra el fiscal general se presenta como un ejercicio de depuración institucional, pero el contenido y el momento generan dudas difíciles de ignorar. El tribunal amplía el alcance del delito de revelación de secretos sin explicar con suficiente detalle la razón de ese giro interpretativo. No es la primera vez que ocurre, aunque sí una de las ocasiones más visibles.
La falta de unanimidad interna, los votos discrepantes y la rapidez con que se ha comunicado el fallo contrastan con la complejidad del caso. Es legítimo esperar que, en decisiones de tal calado, la motivación sea ejemplar en claridad, rigor y cautela. Sin embargo, lo que se percibe es una resolución que deja zonas sin iluminar, lo cual abre la puerta a interpretaciones que en nada favorecen a la justicia.
La ironía reside en que quienes reclaman un respeto reverencial a sus decisiones deberían ser los primeros interesados en evitar que sus resoluciones parezcan alinearse con intereses ajenos a la estricta aplicación del derecho.
La ideología que se cuela por las rendijas
La imparcialidad judicial no se acredita con declaraciones de principios, sino con prácticas consistentes. Y en España, el poder judicial ha mantenido durante años una cultura corporativa resistente a cualquier cuestionamiento interno. Esa falta de revisión crítica propicia que, en asuntos sensibles, las inclinaciones ideológicas de algunos magistrados se perciban como un factor relevante.
Nadie pide —ni sería deseable— una judicatura sin ideas ni convicciones. La cuestión es otra: si esas convicciones se mantienen a raya cuando lo que está en juego es la estabilidad institucional. Y lo que muestra este caso es que el sistema carece de herramientas de supervisión efectivas para garantizar que la imparcialidad no se dé simplemente por supuesta.
El fallo contra el fiscal general coincide con un clima político en el que sectores conservadores llevan meses insistiendo en un relato sobre la supuesta intervención del Gobierno en la justicia. Que la sentencia avance en la dirección que más celebran esos sectores no prueba nada por sí mismo, pero tampoco ayuda a preservar la apariencia de neutralidad que debería ser indiscutible.
Lo que está en riesgo no es un cargo, sino un sistema
El impacto de la condena excede la figura del fiscal general. Toca directamente la relación entre instituciones y el equilibrio de poderes. Si quienes deben aplicar la ley proyectan dudas sobre su autonomía real, el deterioro no afecta solo a quienes ocupan cargos relevantes: recae sobre quienes más necesitan que la justicia funcione sin sesgos, aquellos que no cuentan con redes de protección ni acceso al poder.
Cuando la ciudadanía percibe que determinadas resoluciones judiciales coinciden de forma demasiado puntual con posiciones partidistas, no se erosiona únicamente la confianza en un tribunal concreto. Lo que se resiente es la idea misma de igualdad ante la ley. Y en ese terreno, la ironía deja de ser un recurso literario para convertirse en una contradicción institucional: se exige confianza mientras se acumulan señales que la ponen en duda. La imparcialidad no es un privilegio del juez; es un derecho del ciudadano.