Alberto Núñez Feijóo ha intensificado su ofensiva contra Pedro Sánchez al asegurar que el PSOE tiene "el mismo número de imputados que de diputados". La frase resume la estrategia del Partido Popular en esta fase de la legislatura. La corrupción se ha convertido en el principal eje de su oposición y en el argumento con el que pretende justificar la necesidad de un adelanto electoral.
Que un líder de la oposición exija explicaciones cuando existen investigaciones judiciales abiertas entra dentro de la normalidad democrática. La rendición de cuentas fortalece las instituciones y protege la confianza ciudadana. Lo que resulta más difícil de sostener es un discurso de máxima exigencia cuando se prescinde de la memoria sobre la propia trayectoria política.
Feijóo describe el momento actual como el más grave de la democracia española y presenta al Gobierno como un Ejecutivo completamente erosionado por la corrupción. Son afirmaciones de enorme alcance político. Sin embargo, ese relato omite que el partido que preside protagonizó durante años algunos de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de España. Gürtel, la financiación irregular acreditada judicialmente, Púnica, Lezo, Brugal, Taula o Kitchen forman parte de un pasado que sigue presente en la memoria colectiva y, en algunos casos, todavía en los tribunales.
Ahí aparece el verdadero problema de credibilidad. La regeneración democrática solo resulta convincente cuando se aplica con el mismo rigor a todos. La exigencia pierde fuerza si parece reservarse únicamente para el adversario político y la prudencia reaparece cuando las investigaciones afectan al propio espacio ideológico.
También merece atención la facilidad con la que el debate político convierte las investigaciones judiciales en condenas anticipadas. Imputaciones, diligencias, acusaciones y sentencias pertenecen a fases distintas del procedimiento penal. Mezclarlas deliberadamente puede ofrecer un buen rendimiento en el terreno del enfrentamiento político, pero termina debilitando principios esenciales del Estado de derecho, entre ellos la presunción de inocencia, cuya defensa el propio Partido Popular reivindica cuando alguno de sus dirigentes se encuentra bajo investigación.
Especialmente significativa resulta la incorporación de José Luis Rodríguez Zapatero al relato construido por Feijóo. Asociar su nombre a una supuesta trama de corrupción antes de que exista una resolución judicial firme supone elevar considerablemente el nivel de la confrontación política. Las acusaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, especialmente cuando afectan a quienes han ocupado las más altas responsabilidades institucionales.
El líder popular volvió además a reclamar elecciones anticipadas, aunque mantiene su negativa a presentar una moción de censura porque reconoce que carece de los apoyos parlamentarios necesarios. La decisión tiene lógica desde el punto de vista institucional. Al mismo tiempo confirma que la estrategia del PP pasa por mantener una presión política constante sobre el Ejecutivo más que por articular una mayoría alternativa en el Congreso.
La democracia necesita dirigentes capaces de exigir responsabilidades sin reservas. También necesita que esa exigencia vaya acompañada de un ejercicio de honestidad sobre la propia historia. La corrupción no entiende de siglas y la ejemplaridad tampoco debería hacerlo. Cuando la memoria se vuelve selectiva, el discurso ético pierde parte de su fuerza y corre el riesgo de convertirse en una herramienta más de la batalla electoralista.