Las palabras nunca son neutrales. Nombran la realidad, ordenan las prioridades y delimitan el espacio de lo aceptable. Quien consigue imponer un determinado vocabulario acaba condicionando también la manera en que una sociedad comprende los conflictos y busca soluciones. El lenguaje no acompaña a la política. Es una de sus herramientas más poderosas.
Eso explica que la cesión más significativa del Partido Popular a Vox no se encuentre únicamente en los acuerdos de gobierno o en el reparto de responsabilidades institucionales. La concesión más profunda está en el terreno de las ideas y comienza por las palabras. Porque aceptar el marco lingüístico de un adversario supone aceptar, al menos en parte, la visión del mundo que ese lenguaje contiene.
La extrema derecha lleva años construyendo un diccionario propio. La violencia machista se transforma en "violencia intrafamiliar". La memoria democrática se sustituye por la "concordia". La emergencia climática deja de presentarse como una evidencia científica para convertirse en una supuesta imposición ideológica. Las políticas de igualdad pasan a identificarse con la "ideología de género". La inmigración deja de abordarse como un fenómeno complejo para reducirse a una cuestión de orden público. Nada de ello responde al azar. Cada expresión persigue alterar la percepción social de problemas que durante décadas habían alcanzado un amplio consenso democrático.
Lo realmente trascendente es que ese vocabulario ya no pertenece exclusivamente a Vox. El Partido Popular ha empezado a incorporarlo con creciente naturalidad allí donde necesita a la extrema derecha para gobernar. A veces reproduce literalmente sus expresiones. Otras adopta el marco conceptual sobre el que se construyen. En ambos casos el efecto es idéntico. El centro del debate político se desplaza y posiciones antes marginales comienzan a presentarse como razonables.
La reciente defensa de la ley del "concebido no nacido", impulsada por Isabel Díaz Ayuso y asumida después por Alberto Núñez Feijóo como modelo para toda España, ilustra con claridad ese proceso. La cuestión trasciende las ayudas vinculadas al embarazo. La elección de esa expresión responde a una determinada concepción de los derechos reproductivos y del papel del Estado en una decisión que corresponde a las mujeres. El lenguaje vuelve a anticipar el proyecto político.
Algo parecido sucede con la llamada ley de concordia. El término transmite una imagen amable, casi reconciliadora. Sin embargo, sustituir la memoria democrática por la concordia implica modificar el sentido de una política pública que nació para reconocer a las víctimas de la dictadura, preservar la verdad histórica y garantizar que determinadas vulneraciones de derechos no vuelvan a repetirse. La reconciliación necesita memoria. Sin ella solo queda el olvido.
También en materia de igualdad el cambio de vocabulario tiene consecuencias. Cuando desaparece la expresión violencia machista desaparece también la explicación de un fenómeno que hunde sus raíces en la desigualdad entre hombres y mujeres. Diluir esa realidad en una categoría genérica no amplía la protección. La debilita porque dificulta comprender la naturaleza específica del problema.
Durante años, Feijóo intentó construir un liderazgo basado en la moderación y la distancia respecto a los planteamientos más extremos de la derecha española. Los pactos territoriales con Vox y la progresiva incorporación de su lenguaje han erosionado esa imagen. Hoy resulta difícil sostener que el Partido Popular actúa como un dique frente a la extrema derecha cuando buena parte de su discurso empieza a parecerse al de su principal aliado.
La estrategia de Vox nunca consistió únicamente en conquistar gobiernos. Su objetivo ha sido más ambicioso. Modificar el sentido común. Conseguir que determinadas palabras dejaran de provocar rechazo, que ciertos conceptos perdieran legitimidad y que consensos democráticos construidos durante décadas pasaran a considerarse discutibles.
Ese proceso avanza sin grandes gestos. Lo hace mediante pequeñas renuncias, expresiones aparentemente inocuas y eufemismos que terminan normalizando posiciones que antes permanecían en los márgenes. Cada vez que el Partido Popular incorpora ese lenguaje contribuye a desplazar un poco más los límites del debate democrático.
Las democracias no solo se sostienen sobre leyes e instituciones. También descansan sobre un lenguaje compartido que permite identificar con claridad qué significan la igualdad, la violencia machista, la memoria democrática o los derechos humanos. Cuando esas palabras pierden su significado, los derechos que representan empiezan a perder parte de su protección.
El mayor triunfo de Vox no sería alcanzar por sí solo el poder. Sería lograr que la derecha tradicional terminara describiendo España con su mismo diccionario. Ese objetivo ya no pertenece al terreno de la especulación. Empieza a formar parte de la realidad política de nuestro país.
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