En un momento de intensa exposición pública del Poder Judicial, la idea de respeto recíproco entre instituciones y ciudadanía se resquebraja. Las últimas decisiones de algunos órganos han generado más desconcierto que confianza, más sospecha que serenidad. Y en una democracia madura, el deterioro de esa credibilidad no es un matiz técnico: es un síntoma profundo.
La distancia entre el respeto formal y el respeto real
“Respetamos las decisiones judiciales, las acatamos”, se repite con un rigor casi litúrgico cada vez que un fallo sacude el debate político. La frase funciona como un recordatorio institucional y como una forma educada de evitar incendios. Pero, si se enuncia completa, falta la segunda parte: ¿se sienten los ciudadanos igualmente respetados por quienes dictan esas resoluciones?
La pregunta incomoda, y por eso asoma poco. Sin embargo, es inevitable cuando determinadas decisiones judiciales, especialmente en las altas instancias, parecen moverse por una agenda que no siempre coincide con la estrictamente jurídica. Y el asunto se vuelve serio cuando ese patrón deja de ser apreciación subjetiva para convertirse en conversación pública, casi cotidiana.
En los últimos años, algunas actuaciones del Poder Judicial, lejos de reforzar su prestigio, han proyectado una imagen de selectividad, por no recurrir a palabras más duras. No se trata de cuestionar la legalidad de los fallos —eso sería irresponsable—, sino de observar el contexto, los tiempos, las contradicciones y, en ocasiones, la sorprendente plasticidad doctrinal.
Cuando un tribunal sostiene un criterio un día y lo desmiente al siguiente en un caso de naturaleza similar, la ciudadanía no tiene obligación de fingir que no ha visto nada. La imparcialidad no es un concepto místico: es una práctica, y como tal, debe poder explicarse. La confianza democrática no se pierde por un desacuerdo puntual, sino por la sensación acumulada de que, en ciertos niveles, la toga pesa más cuando conviene y menos cuando incomoda. Y eso, aunque nadie lo admita en voz alta, erosiona silenciosamente la legitimidad de un poder que debería ser el más impermeable a las presiones.
En el fondo, el mayor riesgo no es que un fallo sea discutible —todos lo son—, sino que empiece a calar la idea de que algunas resoluciones responden más a un ecosistema interno, a afinidades corporativas o incluso a rivalidades estructuradas, que a una lectura estrictamente técnica de la ley. La pregunta debería formularse sin dramatismos, pero con la seriedad que exige: ¿Estamos seguros de que el respeto es realmente mutuo?
Porque la ciudadanía cumple con su parte. Respeta, acata, incluso cuando no entiende del todo. Pero parece que ciertos sectores judiciales han perdido la capacidad de interpretar ese respeto como una obligación propia. Y eso sí es peligroso: sin esa reciprocidad, el vínculo democrático se resquebraja por su lado más vulnerable, que es la confianza.
De ahí que preocupe menos un fallo concreto y más la sensación de deriva, la impresión de que la cúspide judicial funciona con dinámicas que no responden precisamente al interés general. Y cuando esa percepción avanza, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político —en el sentido más noble del término: el que afecta a la salud del sistema democrático—. La Justicia, para ser creíble, necesita no solo ser independiente, sino parecerlo. Y en estos tiempos convulsos, parecerlo es casi tan difícil como serlo.