En un momento en que la protección de la infancia se ha convertido en un consenso político casi universal, la propuesta de Reglamento CSA, conocida como “Chat Control”, plantea un dilema inquietante: ¿hasta qué punto la seguridad justifica la erosión de derechos fundamentales? La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de la Coordinadora de Informática y FETAP-CGT, ha puesto en marcha la campaña NoChatControl.org, alertando sobre los riesgos que la iniciativa europea entraña para la privacidad y la libertad de comunicación.
La normativa, cuyo debate alcanza un punto crítico el 14 de octubre en el Consejo de la Unión Europea, permitiría el escaneo preventivo de mensajes, correos electrónicos y archivos en la nube, incluso en plataformas con cifrado de extremo a extremo. El argumento oficial es la lucha contra el abuso sexual infantil; la práctica, según críticos como CGT, abre la puerta a una vigilancia masiva de toda la población europea, reemplazando el control judicial por algoritmos automatizados que inspeccionan comunicaciones privadas de forma indiscriminada.
El proyecto tiene implicaciones legales profundas. En España, vulnera el artículo 18.3 de la Constitución y los principios de proporcionalidad y finalidad de la LOPDGDD. A nivel europeo, choca con los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, el RGPD y la Directiva ePrivacy, además de los compromisos internacionales asumidos por el Estado español. En otras palabras, el Reglamento CSA no solo propone una tecnología intrusiva, sino que desafía directamente los pilares jurídicos sobre los que descansan la privacidad y el Estado de derecho.
El contexto político añade complejidad. La presidencia danesa del Consejo de la UE impulsa la norma con respaldo parcial de España, mientras Eslovenia y Estonia se oponen, y Alemania, Bélgica e Italia aún vacilan. La votación del 14 de octubre se perfila como un punto de inflexión: una decisión que podría redefinir la relación entre derechos digitales y seguridad en todo el continente.
CGT apuesta por alternativas que no impliquen vigilancia masiva: educación sexual feminista, refuerzo de recursos en sanidad, justicia y servicios sociales, protocolos especializados de detección y atención a menores, y asistencia psicológica y jurídica gratuita. En su análisis, la seguridad infantil y la protección de derechos no son mutuamente excluyentes, sino que exigen políticas públicas bien diseñadas y recursos efectivos, no algoritmos que conviertan a todos los ciudadanos en sospechosos por defecto.
El debate en torno a Chat Control no es meramente técnico; es un ensayo sobre los límites del poder estatal en la era digital, la fragilidad de los derechos fundamentales frente a la tecnología y la responsabilidad de los gobiernos europeos en la protección de la ciudadanía. Como advierte CGT, “defender el cifrado y el secreto de las comunicaciones es defender la democracia”. La votación del 14 de octubre no solo decidirá el destino de un reglamento: pondrá a prueba la capacidad de Europa para equilibrar seguridad y libertad en el siglo XXI.