El borrador de sesenta y nueve páginas que aspira a reordenar el mercado inmobiliario español se ha convertido en un auténtico campo de minas político. Lo que el Ejecutivo concibió como el esqueleto legislativo definitivo para atajar la emergencia habitacional es, en realidad, un complejo puzzle normativo. Toca desde la Ley de Arrendamientos Urbanos hasta la Ley del Suelo. Pasando por la reformulación de la fiscalidad local.
Tras el estallido social provocado por el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, y la urgencia de encauzar el malestar de la calle, el Palacio de La Moncloa se ha visto obligado a desempolvar un texto que ya naufragó en julio.
Sin embargo, la brecha filosófica entre las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno vuelve a amenazar la convalidación del paquete de medidas en el Congreso de los Diputados.
La presión ciudadana ha alterado el ritmo de las negociaciones. Y ha forzado una aceleración en los contactos parlamentarios.
Según ha señalado El País citando a fuentes del Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez ha trasladado una disponibilidad casi absoluta para ceder en aspectos clave con tal de salvar la norma. Esta flexibilidad ha abierto de par en par la puerta a las pretensiones de Junts per Catalunya. Cuya agenda pasa por reinstaurar desgravaciones fiscales al arrendamiento e incluso incentivos a la compra de inmuebles.
Herramientas que numerosos analistas económicos desaconsejaron tras los excesos de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo. Pero que los independentistas conservadores consideran indispensables para dinamizar el sector.
Pues bien. Ahí empieza el verdadero baile.
La rebelión de los socios
El viraje pragmático hacia las posiciones del nacionalismo conservador catalán ha encendido inmediatamente las alarmas en el resto de los aliados parlamentarios.
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha liderado la reacción frontal. Advirtiendo de que su formación no permitirá que la derecha catalana fije el perímetro de las políticas públicas de vivienda.
En una línea de rechazo idéntica se sitúa Podemos. Cuyos dirigentes consideran inaceptable cualquier concesión que beneficie a los grandes propietarios o diluya el control de precios.
Desde Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Pedro Sánchez hizo una llamada explícita a la responsabilidad colectiva. Dejando entrever que el desenlace de la negociación se precipitará a su regreso a Madrid.
El núcleo duro del borrador utiliza la palanca tributaria como el principal elemento corrector sobre la oferta.
La propuesta plantea un sistema de incentivos y castigos en el IRPF mediante un esquema progresivo de reducciones. Que premia a los arrendadores que bajen los precios o alquilen a jóvenes en zonas declaradas tensionadas. Alcanzando bonificaciones de hasta el cien por cien.
Por el contrario, la deducción general del cincuenta por ciento caerá de manera escalonada hasta un suelo del quince por ciento para aquellos propietarios que encarezcan las rentas respecto al contrato anterior.
En el ámbito municipal, se faculta a los ayuntamientos a aplicar recargos en el IBI de hasta el ciento cincuenta por ciento a las viviendas desocupadas de forma continuada. Y del cien por cien a los inmuebles de uso turístico en áreas tensionadas.
Una medida que busca penalizar la infrautilización del suelo urbano.
La reforma de la Ley del Suelo y el cerco al alquiler de temporada
Uno de los puntos de mayor fricción doctrinal radica en la modificación de la Ley del Suelo para simplificar la tramitación de licencias constructivas.
Mientras los sectores liberales y los promotores consideran que esta agilización es la única vía para incrementar la oferta de inmuebles y reducir los precios finales, la bancada de Podemos califica la medida como una patente de corso para el urbanismo especulativo.
Asimismo, el texto intenta tapar las vías de escape del mercado regulando de forma estricta el alquiler por habitaciones. Cuyas rentas sumadas no podrán rebasar el tope legal del piso completo.
Y exigiendo una causa justificada e irrefutable en los contratos de alquiler de temporada. Para evitar que se utilicen como fraude de ley frente a los arrendamientos habituales.
El borrador incorpora además cláusulas de protección social diseñadas específicamente para evitar episodios traumáticos como el lanzamiento de la octogenaria madrileña.
A través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de una disposición transitoria de carácter retroactivo, la norma contempla la paralización de los desahucios por motivos de vulnerabilidad sobrevenida. Incluso cuando exista una sentencia judicial firme.
La prohibición expresa de repercutir honorarios inmobiliarios, tasas locales o seguros de impago sobre el inquilino completa un diseño que pretende blindar a las familias frente a los abusos del mercado.
Un acuerdo al filo de la navaja
El desenlace de esta batalla legislativa medirá la verdadera capacidad de cohesión del bloque de investidura en un momento de altísima polarización política.
Con la posibilidad sobre la mesa de que el propio presidente del Gobierno aproveche un acto público en la localidad de Getafe para anunciar un principio de acuerdo, las distintas familias políticas apuran las últimas horas de negociación al límite de sus líneas rojas.
Si el Ejecutivo logra equilibrar las exigencias fiscales de Junts con las demandas de intervención social de la izquierda, habrá conseguido salvar un escollo histórico.
De lo contrario, la falta de consenso sobre el modelo de propiedad volverá a condenar al país a un estancamiento normativo en medio de una crisis habitacional de consecuencias impredecibles.
Porque en política, como en la vida, hay momentos en los que o te mueves o te quedas fuera del juego. Y este es uno de ellos.
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