Cuando miles de personas huían del agua desbordada, el presidente de la Generalitat Valenciana aparece en el sumario judicial como máxima autoridad con poder de decisión. Ahora, la petición formal del listado de sus llamadas por parte de la jueza instructora abre una pregunta incómoda: ¿cuándo dejó de gobernar y empezó a esperar para esquivar la rendición de cuentas? La gestión pública se vuelve crítica allí donde no hay emergencia que remienda la demora.
El registro que desnuda el mando fragmentado
La solicitud judicial de las llamadas del 29 de octubre revela un dato esencial: el Gobierno valenciano remitió a la comisión de investigación un listado que no incluye las duraciones, las llamadas perdidas ni el contexto completo de cada conexión. El País+2elconfidencial.com+2 En un momento en que la vida de 229 víctimas dependía de respuesta institucional —y cuando más de 15.000 llamadas de socorro habían entrado al 112 antes de que se activara la alerta oficial— tales lagunas sugieren que el mando estratégico falló.
El gesto de depositar el listado, incompleto y tardío, revela que el mando se desplazó del papel ejecutivo al escenario de la excusa: el presidente defiende que “estaba comunicado” y que “respondió” —y sin embargo, el registro demuestra que entre las 18:30 y las 19:43 la entonces consejera de Emergencias no logró localizarlo. Así, la autoridad máxima se presenta como ausente, no por kilómetros, sino por decisión política: no estar visible en el momento clave es también una forma de rendición.
Mando, organización y fragmentación institucional
El auto de la magistrada hace hincapié en que Mazón “ostenta la condición de máxima autoridad ... y tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación” del Consell. Este reconocimiento formal choca con la gestión real del incidente: la alerta a la población se envió a las 20:11 h; para entonces, el barranco del Poyo había sido desbordado ya.
En esa línea, el mando centralizado se diluye en una estructura burocrática que no asume responsabilidad. La externalización de datos, la transmisión de listados y la participación de numerosos organismos permiten que el liderazgo político se convierta en meramente representativo, no operativo. La jueza lo entiende: la clave no es solo qué se dijo, sino qué se hizo y cuándo. Y Mazón ha optado por delegar, retrasar y defenderse en vez de coordinar.
Credibilidad política y riesgo institucional
El principal coste del caso no es solo judicial —que lo es— sino político: mantener en el puesto a Mazón tras la DANA implica asumir que el daño político aún no alcanza para provocar una ruptura interna. El líder nacional de su partido respalda esa continuidad. Y sin embargo, la legitimidad pública se erosiona. Cuando un ejecutivo no rinde cuentas, pierde su autoridad. En el ámbito regional valenciano, la presencia del presidente en medios se mezcla con la ausencia completa de respuestas a quienes esperaban protección.