La indignación debería ser unánime en una sociedad sana y cívicamente comprometida. Más de 4.500 mujeres víctimas de violencia machista han visto potencialmente comprometida su protección debido a fallos técnicos en las pulseras telemáticas que debían garantizar su seguridad. Sin embargo, la respuesta del Gobierno y de Unidas Podemos ante esta crisis ha resultado casi tan preocupante como los propios fallos: una estrategia de comunicación basada en la minimización, la negación y, en el peor de los casos, el ataque directo contra quienes han alertado de los problemas calificándolo de "bulos" y de ser mentiras orquestadas por la "extrema derecha".
La realidad que no se puede negar
Los hechos son irrefutables. La Fiscalía General del Estado documentó en su memoria de 2024 que durante el cambio de empresa gestora —de Telefónica a una UTE entre Vodafone y Securitas— se perdió el acceso a datos históricos anteriores al 20 de marzo de 2024. Esta pérdida no fue un mero inconveniente administrativo: provocó “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios” de maltratadores que, supuestamente, habían quebrantado sus órdenes de alejamiento.
Pero los problemas van mucho más allá del volcado de datos. Un informe interno elaborado por cinco trabajadores del centro COMETA en octubre de 2024 revela la dimensión real de la crisis. Los técnicos documentaron “problemas críticos” que incluyen la capacidad de los agresores para quitarse las pulseras sin que salte ninguna alarma, imprecisiones geográficas del GPS, y fallos en la comunicación que dejaban a las víctimas desprotegidas. Es especialmente grave que “los agresores pueden apagar su dispositivo” y “quitarse la pulsera” sin que el centro COMETA tenga conocimiento.
Los propios magistrados habían alertado desde julio de 2024 de estas “disfunciones a nivel nacional”. En las actas de las distintas reuniones mantenidas por responsables de COMETA con Vodafone, Securitas, representantes de la Delegación de Gobierno y del propio Ministerio de Igualdad, es evidente la cantidad de fallos que, de manera reiterada, se daban y no hallaban respuesta, generando un serio problema para las víctimas, y también para los trabajadores, que llegaron a solicitar un servicio de atención psicológica ante la tensión que estaban experimentando. Las actas a las que hemos tenido acceso son del mes de septiembre de 2024, enero, febrero y marzo de 2025.
En Granada, la Guardia Civil comunicó que las víctimas se sentían “desprotegidas” debido a los problemas con los dispositivos, llegando algunas a entregar sus pulseras en sede judicial. Esta realidad contrasta dramáticamente con las declaraciones oficiales, que han minimizado una y otra vez la importancia de lo sucedido, queriendo hacer entender que los fallos habían sido mínimos, y que nadie había corrido peligro por ello. Sin embargo, conocemos cada día nueva información que evidencia lo contrario. Y por ello, considero que, además de la necesidad de presentar la información detallada, el Gobierno ha añadido un elemento más para el daño de las víctimas, pero también de la confianza del sistema en su conjunto: su nefasta comunicación hacia la ciudadanía.
Una comunicación gubernamental irresponsable
La ministra Ana Redondo ha desplegado una estrategia comunicativa que roza la irresponsabilidad institucional en mi opinión. Sus declaraciones afirmando que “las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario” no solo contradicen la documentación oficial, sino que transmiten un mensaje peligroso a las víctimas que han experimentado directamente los fallos. He podido hablar con algunas de ellas y su indignación es comprensible. No solamente sienten que el sistema les ha fallado con el mal funcionamiento del servicio de protección (lo que implica a los fallos en las pulseras-tobilleras, pero también el trato recibido en algunos casos), sino que además, ahora sienten que el Gobierno no dice la verdad sobre algo que ellas mismas han vivido (y padecido).
Redondo ha reconocido “algunas incidencias técnicas” pero las ha minimizado como “problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente”. Esta versión choca frontalmente con los testimonios de los trabajadores del centro COMETA, quienes en una carta abierta denuncian una “nefasta gestión interna” por parte de las empresas adjudicatarias. Los trabajadores relatan que la empresa “ralentizó la aceptación de los fallos, desacreditando lo que los operadores trasladaban”, lo que retrasó la búsqueda de soluciones. Es visible en las actas de las reuniones que las trabajadoras de COMETA pedían que se solucionaran una serie de fallos graves y urgentes, y que persistían pasados los meses. Sus peticiones eran reiteradas sobre fallos que a veces eran considerados "avalanchas de incidencias" en los propios textos, y se descartaba, además, en algunos casos, que fueran fallos puntuales.
Más grave aún es el reconocimiento posterior de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, de que el periodo de migración problemático duró “cinco meses” y que “hubo datos que no estuvieron accesibles para todos los juzgados”. Esta confesión desmiente las declaraciones previas de la ministra sobre la naturaleza “puntual” de los problemas. Además, no se trata solamente de enfocarlo sobre si la vida de la víctima ha corrido peligro, que sería lo más extremo e inaceptable, sino que ha habido casos en los que los acusados han quedado libres de cargos por el fallo del sistema, con lo que esto implica para las víctimas y para el propio sistema de Justicia.
El espectáculo bochornoso de Unidas Podemos
Si la comunicación gubernamental ha sido deficiente, la de Unidas Podemos ha resultado directamente vergonzosa. Pablo Fernández, coportavoz del partido, ha calificado de “bulo” y “fake” las informaciones sobre los fallos de las pulseras. Su negacionismo alcanza cotas surrealistas cuando afirma que “las pulseras no son de AliExpress, lo que es de AliExpress es el título de jueza de la señora Carmona”, refiriéndose a la magistrada María Ángeles Carmona, quien alertó públicamente de los problemas.
Esta estrategia de ataque personal contra una magistrada que cumplía con su deber de alertar sobre riesgos para las víctimas revela una mentalidad sectaria incompatible con la responsabilidad institucional. Fernández llegó a calificar las declaraciones de Carmona como “absolutamente infame”, cuando la jueza había documentado problemas reales que posteriormente confirmaría la propia Fiscalía. Y además, Fernández alentaba a que los jueces implantasen más pulseras, cuando la realidad de las salas nos detalla que están siendo rechazadas por las propias víctimas, precisamente por la cantidad de fallos y problemas que esto genera.
Irene Montero, por su parte, mantiene que “es un bulo que las pulseras hayan fallado”, una afirmación que contradice no solo los informes oficiales sino también los testimonios de los propios trabajadores del sistema que ella misma puso en marcha, y los testimonios de las víctimas. La ministra que fue responsable durante su mandato del cambio en la licitación no ha comparecido todavía para detallar punto por punto los cambios que se realizaron en los contratos ni las explicaciones pertinentes ante el comportamiento del ministerio ante los reclamos de las trabajadoras de COMETA, que se produjeron desde el primer momento.
¿Negligencia en la contratación?
La documentación revela que los problemas eran previsibles. El propio Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Montero, valoró con apenas un 3,6 sobre 10 el “Plan de transición de salida del servicio” de la nueva adjudicataria. El propio Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Montero, valoró con apenas un 3,6 sobre 10 el “Plan de transición de salida del servicio” de la nueva adjudicataria. Es decir, el propio ministerio sabía que la transición sería problemática, pero procedió igualmente con la adjudicación sin establecer medidas complemetarias para garantizar que no se produjera lo que finalmente se produjo: la desaparición de datos esenciales para garantizar una justicia efectiva.
Esta negligencia se agrava cuando consideramos que estamos hablando de un servicio que protege vidas humanas. Los trabajadores de COMETA lo expresan con claridad: han sido testigos de las consecuencias de “migrar un servicio… que acaba perdiéndose en la externalización a través de empresas privadas cuyo objetivo es maximizar su margen de beneficios en algo tan delicado como es el trato y la protección a víctimas de violencia de género”.
El coste humano de la mala gestión
Detrás de las cifras y los informes técnicos hay mujeres reales, hay hijos e hijas cuyas vidas se han puesto en riesgo, por mucho que el gobierno lo niegue. Hay testimonios que explican cómo se encontraron frente a frente con sus agresores, sin recibir alerta alguna. Los trabajadores de COMETA, así como funcionarios de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, denuncian un “número creciente de víctimas que rechaza los dispositivos o los apaga voluntariamente”, precisamente por la pérdida de confianza en el sistema. Cuando las herramientas de protección fallan, las víctimas quedan en una situación de mayor vulnerabilidad.
La Comunidad de Madrid ha reportado 40 fallos detectados en las pulseras telemáticas, en la información que se hizo pública ayer, lo que sugiere que el problema no se ha resuelto completamente. Los trabajadores del centro señalan que han tenido que lidiar con “bajas por salud mental absolutamente insostenibles” debido a la presión de trabajar en un sistema defectuoso.
Cuando la comunicación oficial es contraproducente
La gestión comunicativa de esta crisis constituye un manual de cómo no actuar ante un problema de seguridad pública. En lugar de aportar transparencia y asunción de responsabilidades, hemos asistido a la negación sistemática de los problemas documentados oficialmente, ataques personales contra quienes alertaban de los fallos, minimización de riesgos que afectan a la seguridad de las víctimas, contradicciones constantes en las versiones oficiales, utilización partidista de un tema que debería estar por encima de la confrontación política. A día de hoy, para un ciudadano de a pié, que no esté por la labor de dedicarse a buscar y a contrastar toda la información al respecto, la sensación de confusión es la norma.
Esta estrategia no solo ha dañado la credibilidad institucional, sino que ha enviado un mensaje peligroso a las víctimas: que sus preocupaciones sobre la efectividad de su protección no son tomadas en serio por quienes tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad.
La Necesidad de un Cambio de Rumbo
Los sindicatos CC.OO. y UGT han planteado una solución que, de entrada, debería ser la más sensata: que el sistema sea “cien por cien público”. Como apunta Carolina Vidal de CC.OO., “no es lo mismo subcontratar el asfaltado de una calle que la vida de estas personas”. La externalización de servicios vitales a empresas privadas cuyo objetivo primario es el beneficio económico ha demostrado ser incompatible con la protección efectiva de las víctimas.
La ministra Redondo ha anunciado una nueva licitación “en unos meses” con “mejoras técnicas”, pero esta medida llega tarde y no aborda el problema de fondo: la falta de transparencia y responsabilidad en la gestión de un servicio esencial para la protección de las mujeres.
Conclusión: más allá de la tecnología
Esta crisis no es solo sobre fallos técnicos en unas pulseras. Es sobre la responsabilidad política, la transparencia institucional y la priorización real de la protección de las víctimas de violencia machista. La estrategia de comunicación desplegada por el Gobierno y Unidas Podemos ha convertido un problema técnico grave en una crisis de confianza institucional.
Las víctimas de violencia de género merecen bastante más que discursos grandilocuentes sobre el compromiso con su protección. Merecen sistemas que funcionen, responsables que asuman sus errores cuando estos sistemas fallan, y una comunicación institucional que priorice su seguridad por encima de los cálculos políticos. En este caso, hemos tenido exactamente lo contrario. Por no hablar de los millones de euros invertidos en un sistema que realmente, no funciona como debería.
La pregunta que debería obsesionar a todos los responsables es simple: ¿cuántas mujeres más tienen que sentirse desprotegidas antes de que la protección real sustituya a los eslóganes vacíos? Porque mientras seguimos escuchando que “las pulseras funcionan”, hay mujeres devolviendo sus dispositivos en los juzgados por no confiar en ellos. Y esa es una realidad que ninguna estrategia de comunicación puede ocultar