El Gobierno gallego vuelve a poner el dinero público donde más cómodo le resulta: en su propio entorno. Según ha revelado El Salto, la Xunta adjudicó 1,2 millones de euros a dedo a una empresa del sobrino de Miguel Lorenzo, presidente provincial del PP en A Coruña y uno de los hombres fuertes del partido. El destinatario, Gerardo Lorenzo Malvar, había constituido su sociedad apenas cuatro meses antes. Ni experiencia, ni auditoría, ni justificación pública de los criterios.
Un festival nuevo, una vieja costumbre
El Galicia Fest, el proyecto subvencionado con fondos de Turismo, Deportes y la Diputación de Pontevedra —todas controladas por el PP—, apenas logró vender 6.500 entradas por jornada, aunque el cartel colgó el “sold out” con rapidez sospechosa. El evento se presentó como una apuesta cultural estratégica, pero funcionó más como escaparate de autopromoción institucional: un festival montado con dinero público y con la fe ciega de la administración en un empresario recién llegado.
La cronología habla por sí sola. El 21 de enero de 2025, Lorenzo Malvar inscribe su empresa. Cuatro meses después, la Xunta le confía 900.000 euros. En paralelo, nace una segunda sociedad, Recfest AIE, con el mismo administrador y estructura calcada. En agosto, ambas reciben nuevos contratos directos por otros 280.000 euros. Todo ello bajo el paraguas de “promoción turística y deportiva de Galicia”. La justificación, según el expediente, se limita a exhibiciones y torneos menores.
La herencia que se hereda
Gerardo Lorenzo no es un empresario cualquiera. Hijo y sobrino de una familia con larga tradición de vínculos con el poder —un abuelo alcalde franquista, un tío senador y candidato al Congreso por el PP, y un hermano productor televisivo con décadas de contactos en la gran pantalla—, su irrupción en el negocio de los festivales fue tan rápida como bien financiada.
El nombre de Feijóo no aparece en los contratos, pero su sombra es inevitable: la red de lealtades tejida durante años por el expresidente de la Xunta sigue funcionando con la precisión de un reloj administrativo. El dinero se mueve, pero no se pierde: simplemente cambia de apellidos.
Silencio administrativo y opacidad política
Ni la Axencia de Turismo de Galicia ni la Consellería de Deportes han respondido a las preguntas de El Salto, el medio que destapó el caso. La Xunta se limitó a remitir a la plataforma de contratación pública, donde las resoluciones no incluyen memorias justificativas ni informes técnicos. En otras palabras, no hay una sola línea que explique por qué se eligió a una empresa sin experiencia para recibir más de un millón de euros.
El silencio es ya una forma de respuesta en la política gallega: ni desmentir, ni admitir, solo dejar pasar el tiempo hasta que el escándalo se desgaste. Mientras tanto, los festivales nacen y desaparecen con el mismo ritmo con que se firman las adjudicaciones.
La trama no sorprende, pero sí retrata un modo de gobernar. Un poder que confunde lo público con lo propio, que premia la proximidad y penaliza la transparencia. El clientelismo cultural se viste de modernidad, pero sigue oliendo a lo de siempre.