El careo entre Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, no ha aclarado la pregunta central de la instrucción: quién frenó —y con qué argumentos— la posibilidad de confinar a la población durante la tarde de la dana. Ha servido, eso sí, para perfilar el mapa de responsabilidades: un Cecopi que discutía medidas de alto impacto con debates largos, una Presidencia que aparece como interlocutor permanente y un dispositivo de emergencia atravesado por dudas jurídicas, pulsos políticos y teléfonos que, en el momento clave, dejaron de responder.
El dato duro no ha cambiado: la dana dejó 230 víctimas mortales y una estela de daños materiales que todavía condiciona la vida en decenas de municipios. Lo que cambia, semana a semana, es la reconstrucción de la tarde del 29 de octubre: quién estaba, quién no estaba, quién decidió y quién intentó influir. En ese rompecabezas, el mensaje atribuido a Cuenca —“Salo, de confinar nada”— se ha convertido en una pieza incómoda. No por la frase en sí, sino por lo que implica: una discusión política sobre una medida de protección civil cuando el margen para la improvisación era mínimo.
El problema no es un WhatsApp, es el “quién decide”
Pradas sostiene ahora, ya en sede judicial, que Mazón “debía conocer” que se valoraba el confinamiento y que interpreta las intervenciones de Cuenca como una prolongación de Presidencia. Su tesis es clara: no era una opinión espontánea de un asesor, sino un intento de persuasión —o directamente de freno— sobre una medida que la propia Ley de Emergencias permite activar en situaciones de riesgo grave.
Cuenca niega haber actuado por delegación del president y se refugia en un argumento frecuente en este tipo de causas: él no tenía competencia, solo preocupación. Alega además que el término “confinamiento” le remitía al Covid y a decisiones del Gobierno central, y que temía problemas de cobertura legal. El planteamiento tiene una grieta evidente: en una emergencia, la discusión sobre derechos fundamentales se resuelve con criterios de necesidad y proporcionalidad, no con apriorismos semánticos. Y, sobre todo, se resuelve a tiempo.
El elemento más corrosivo del careo no es el choque de versiones —previsible— sino la asimetría probatoria. Cuenca no aportó mensajes porque reseteó el teléfono tras la riada. La jueza se lo reprochó. Y ese reproche importa: sin trazabilidad de comunicaciones, la instrucción se convierte en una disputa de credibilidad. Pradas, en cambio, sostiene que conservó el móvil y que dio orden expresa de no borrar nada. En un procedimiento donde la cronología es el corazón de la causa, la destrucción de rastros no es un detalle administrativo.
A partir de ahí, todo encaja en un patrón que ya se había insinuado en declaraciones previas: el Es-Alert se valoró horas antes de enviarse, se discutió el tono, se rebajó el lenguaje, se buscaron coberturas. Y, mientras tanto, la Presidencia aparece como un nodo de llamadas, consultas y tiempos muertos. Pradas afirma que a mediodía Mazón dejó de estar localizable y que Cuenca le pidió que informara “por él” porque el president estaba “de actos”. Si esa cadena de intermediación fue real, el dispositivo de emergencias quedó sometido a un cuello de botella político en el peor momento.
En ese contexto reaparece la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro, convertida ya en un símbolo de ausencia en hora crítica. Pradas dice que si lo hubiera sabido le habría llamado “más veces”. No es una frase menor: describe un mando operativo que, en un punto de inflexión, decide insistir o no insistir según crea que el presidente está disponible o no. La gestión de una catástrofe no puede depender de conjeturas sobre agendas privadas ni de la intuición de una consellera sobre cuánto insistir.
Lo más relevante del careo, por tanto, no es si Cuenca “ordenó” o “opinó”. Es el modelo de gobernanza que se desprende: decisiones de protección civil filtradas por Presidencia; un asesor que se permite desautorizar —aunque luego lo niegue— una medida sobre la que no tiene rol; y una dirección política que aparece y desaparece del radar en la franja horaria decisiva. Si el Cecopi es el centro técnico de coordinación, la interferencia política no solo es un riesgo: es una responsabilidad.
La jueza tendrá que decidir si el expediente avanza hacia responsabilidades penales o queda en un catálogo de negligencias y descoordinaciones. Pero el careo deja un diagnóstico nítido: en la dana, la Generalitat no falló solo por falta de información o por la velocidad del agua. Falló, sobre todo, por un problema de mando y de prioridades. Y ese problema tiene nombre propio cuando se investiga quién estaba al frente y quién estuvo, durante horas, fuera de cobertura.