La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, lo que deja al empresario a un paso del juicio. Con esta decisión, los magistrados desestiman el recurso presentado por la defensa y ratifican la resolución de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que ya había considerado que existían indicios suficientes de delito.
González Amador alegaba indefensión y pedía nuevas pruebas —entre ellas, la declaración de dos testigos y un informe pericial—, pero el tribunal ha considerado que se trata de peticiones “extemporáneas” y orientadas únicamente a dilatar el proceso. El auto recuerda que el derecho a la prueba no es ilimitado y que los jueces no están obligados a admitir diligencias innecesarias o fuera de plazo.
Un paso más hacia el juicio
El auto de la Audiencia deja el caso prácticamente listo para el siguiente paso: la apertura de juicio oral, un trámite que no admite recurso. Esto significa que el novio de la presidenta madrileña se encuentra a las puertas del banquillo.
La investigación se remonta a 2022, cuando la Agencia Tributaria detectó irregularidades en las declaraciones fiscales de González Amador, propietario de dos consultoras del sector sanitario. Hacienda concluyó que había defraudado 350.910 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 mediante la presentación de 15 facturas falsas.
El caso saltó a la esfera política en marzo de 2024, cuando se filtró la denuncia de la Fiscalía. La presidenta madrileña reaccionó denunciando una “cacería” contra su entorno, lo que avivó el debate público sobre los límites entre la responsabilidad política y la vida privada.
Acusaciones y penas solicitadas
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para el empresario tres años y nueve meses de prisión y una multa de más de 600.000 euros. Por su parte, las acusaciones populares, ejercidas por PSOE y Más Madrid, solicitan cinco años de cárcel y sostienen que en el caso concurren otros delitos, como delito contable continuado y pertenencia a organización criminal.
La jueza Rodríguez-Medel ya procesó también a cuatro supuestos colaboradores de González Amador: el empresario mexicano Maximiliano Niederer y los sevillanos David Herrera Lobato y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido.
El Código Penal castiga el fraude fiscal con entre uno y cinco años de prisión, y la falsedad documental con penas de seis meses a tres años. Si el acusado es condenado en las dos causas abiertas —la del fraude y la del presunto soborno—, podría perder la posibilidad de eludir la cárcel incluso si no tiene antecedentes.
Una segunda causa por presunto soborno
El caso de fraude no es el único frente judicial del empresario. El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid mantiene abierta otra investigación por corrupción en los negocios y administración desleal, delitos que conllevan penas de hasta cuatro años de prisión.
En esa causa se investiga una operación de diciembre de 2020, cuando González Amador compró por 500.000 euros una empresa de estética sin actividad, llamada Círculo de Belleza SL, a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, un alto directivo del grupo sanitario Quirón. La jueza sospecha que esa compra encubría el pago de una comisión al directivo, con quien Amador había hecho negocios relacionados con la venta de mascarillas durante la pandemia.
Según Hacienda, el empresario usó esa sociedad para simular operaciones entre sus propias consultoras y así reducir su carga fiscal. Las acusaciones creen que el pago fue un modo de “devolver el favor” a Camino tras haber recibido 1,9 millones de euros por intermediar en una operación de mascarillas meses antes.
Un intento fallido de pacto
Antes de llegar a esta situación, la defensa de González Amador intentó pactar con la Fiscalía. En un correo enviado el 2 de febrero de 2024, su abogado reconocía que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. A cambio de una confesión, esperaban una condena reducida.
Sin embargo, ese acuerdo fue frenado por las acusaciones populares, que consideraban insuficiente la respuesta penal y pedían investigar más a fondo. La jueza aceptó sus argumentos y abrió una pieza separada, lo que frustró cualquier posibilidad de pacto.
Desde entonces, la estrategia del empresario ha cambiado por completo. Ha pasado de admitir su responsabilidad a defender su inocencia, recurriendo cada decisión judicial sin éxito. La Audiencia de Madrid considera ahora que no hay motivos para anular el procesamiento y que existen indicios sólidos de fraude y falsificación.
Un horizonte judicial cada vez más oscuro
La confirmación del procesamiento deja a González Amador en una posición complicada. Si es condenado en ambas causas, podría ingresar en prisión. Aunque el Código Penal permite suspender la pena en casos sin antecedentes, esa posibilidad se extinguiría con una segunda condena.
El caso tiene además un fuerte componente político. Desde el inicio, la defensa del empresario ha insistido en que el proceso se ha convertido en una persecución por su relación con la presidenta madrileña. Sin embargo, los jueces han mantenido que la investigación se basa exclusivamente en hechos comprobados por Hacienda y en documentación mercantil.
El futuro judicial del empresario dependerá ahora del juicio que se abrirá en los próximos meses. Allí deberá responder por haber defraudado presuntamente al fisco y haber falsificado facturas para ocultar ingresos millonarios procedentes de la venta de mascarillas y contratos sanitarios.
Con la decisión de la Audiencia, se cierra la etapa de recursos y comienza la cuenta atrás para el juicio. Un proceso que no solo determinará el destino judicial de González Amador, sino que podría tener consecuencias políticas de primer orden en la Comunidad de Madrid.
El procesamiento confirmado por la Audiencia de Madrid marca un punto de no retorno para Alberto González Amador. Las sospechas de fraude, falsificación y corrupción en los negocios lo sitúan en el centro de una tormenta judicial que amenaza con extenderse más allá de los tribunales. Mientras la justicia avanza, la presidenta Ayuso guarda silencio ante un caso que, inevitablemente, ya tiene repercusión política.