Donald Trump ha reaparecido como “garante de la paz” para Gaza. No en nombre de Naciones Unidas, ni como delegado de un acuerdo multilateral. Lo hace en nombre de sí mismo. Presidirá una Junta de Paz que nadie ha votado, que no representa a los gazatíes y que se define como apolítica pero con funciones ejecutivas.
La arquitectura del plan recuerda más a un protectorado de diseño occidental que a una transición legítima. Los elementos son familiares: cuerpo técnico internacional, gestión de recursos sin soberanía local, policía entrenada por fuerzas extranjeras, y una zona económica “especial” pensada como promesa de reconstrucción para un territorio aún en llamas.
Ningún organismo palestino ha sido consultado, salvo para figurar como futuro beneficiario de reformas que otros definirán. La autodeterminación, como idea, queda subordinada a un “proceso de maduración” que decidirán Washington y Tel Aviv. En términos prácticos, significa que la población gazatí seguirá bajo tutela militar, solo que con supervisión más pulida y pasaporte estadounidense.
De la ocupación militar a la ocupación tecnocrática
El documento presentado por Trump evita el lenguaje explícito de ocupación, pero consolida en la práctica un control absoluto sobre el enclave palestino. Mientras promete un alto el fuego y la liberación de rehenes, concede a Israel un “perímetro de seguridad” dentro del propio territorio gazatí y mantiene a Hamás como único interlocutor inaceptable, incluso para tareas humanitarias.
El nuevo cuerpo policial palestino será seleccionado, formado y supervisado por una Fuerza Internacional de Estabilización compuesta por países “afines”. El paso de Rafá será gestionado por observadores internacionales. La ayuda humanitaria dependerá de condiciones previas. Y los habitantes que quieran salir, o volver, necesitarán aprobación externa.
La lógica es inequívoca: Gaza no se gobernará a sí misma ni ahora ni a medio plazo. El discurso del desarrollo se convierte en coartada para el despojo de soberanía.
Rehenes, cadáveres y trueque geopolítico
En un gesto que evoca los peores capítulos del realismo diplomático, el plan establece proporciones de intercambio entre cuerpos israelíes y palestinos. Por cada rehén fallecido, quince cadáveres gazatíes. Por cada liberación de un prisionero político, una contrapartida simbólica.
No hay rastro de justicia transicional, ni referencia al derecho internacional, ni una mínima voluntad de investigar los crímenes cometidos durante la ofensiva que ha arrasado hospitales, escuelas y campos de desplazados. El documento apenas menciona la palabra “reparación” y elude sistemáticamente términos como “responsabilidad” o “castigo a los responsables”.
La promesa de reconstrucción se articula desde una narrativa empresarial: zona económica especial, incentivos fiscales, “expertos en ciudades milagro” y una paz entendida como proyecto de inversión, no como restitución de derechos.
Trump, Netanyahu y la geopolítica como empresa familiar
Pocas cosas hay menos creíbles que la imagen de Trump como mediador. Su papel en la política de Oriente Próximo ha sido siempre explícito: apoyo incondicional a Israel, desmantelamiento de los organismos multilaterales y promoción de pactos bilaterales asimétricos.
Ahora regresa con un plan que le sitúa como presidente de una estructura internacional sin legitimidad ni mandato. Comparte cartel con Benjamin Netanyahu, socio habitual en la diplomacia del intercambio desigual. Y lo hace en medio de una campaña de reelección donde el tema palestino vuelve a servir de plataforma electoral.
En vez de mediar, Trump tutela. En lugar de promover el fin del conflicto, institucionaliza el desequilibrio.
Sin transición, sin Estado, sin garantías
Detrás del plan queda una constatación que atraviesa décadas de negociaciones fallidas: no hay solución viable sin presencia palestina en la toma de decisiones. No habrá reconstrucción posible mientras se perpetúe el castigo colectivo y la ocupación militar.
Gaza no necesita una zona económica especial. Necesita un alto el fuego definitivo, justicia internacional, corredores seguros y derecho a decidir sobre su presente. Lo demás es cosmética para una estrategia de control con rostro diplomático.