Toda la verdad del ático público para Ayuso: lujo, opacidad y millones sin justificar

El Ejecutivo regional anuncia ahora la venta del inmueble y de otros cuatro edificios para recaudar 20 millones destinados a las zonas incendiadas, una rectificación precipitada tras ser pillados por la prensa

30 de Julio de 2026
Actualizado a la 13:56h
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Toda la verdad del ático público para Ayuso: lujo, opacidad y millones sin justificar

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado un giro radical a la operación del ático de lujo adquirido por la empresa pública Planifica Madrid. Apenas un día después de que trascendiera la compra del inmueble de 485 metros cuadrados en Chamberí, inicialmente presentado como una futura oficina temporal para la presidenta, el Ejecutivo regional anuncia ahora que lo pondrá a la venta junto con otras cuatro propiedades situadas en el centro de la capital.

La justificación es recaudar alrededor de 20 millones de euros para financiar la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios, pero el repentino cambio de planes, después de días de explicaciones contradictorias y sin que se haya revelado cuánto pagó la Administración, alimenta la impresión de que el Gobierno madrileño intenta utilizar la emergencia como salida política a una operación inmobiliaria difícil de defender. La adquisición del ático, formalizada en abril y conocida públicamente esta semana, no figuraba en los presupuestos de Planifica Madrid y había sido justificada como un espacio provisional para reuniones durante las obras de la Real Casa de Correos.

El precio exacto continúa oculto. Isabel Díaz Ayuso fue preguntada expresamente por el coste, pero evitó responder. El valor calculado a partir de los precios medios notariales de la zona superaría los 4,5 millones de euros, aunque profesionales del sector elevan la estimación hasta aproximadamente seis millones por tratarse de un ático con una terraza excepcional. Por ahora, cualquier cifra es una aproximación, porque el Gobierno regional no ha facilitado el importe pagado con recursos de una sociedad pública.

Una necesidad temporal resuelta con una compra millonaria

La primera explicación oficial fue que Ayuso utilizaría el inmueble como oficina mientras se rehabilita la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol. Posteriormente, el Ejecutivo habló de un espacio para reuniones y recepción de visitas. La propia presidenta afirmó que serviría para celebrar encuentros temporalmente, pero fuentes próximas a ella reconocieron después que el destino como oficina “no está tomado al cien por cien”.

La contradicción es evidente. Se ha comprado primero un inmueble de lujo y todavía se está decidiendo para qué servirá. En una Administración mínimamente ordenada, el procedimiento debería ser el contrario: identificar una necesidad pública, estudiar diferentes alternativas, justificar la más eficiente, comprobar la compatibilidad urbanística y, solo entonces, gastar el dinero.

La explicación de la provisionalidad tampoco sostiene la operación. Una necesidad temporal derivada de unas obras puede resolverse mediante un traslado a otro edificio público o, en último término, mediante un arrendamiento limitado a la duración de la reforma. Comprar un ático multimillonario para utilizarlo durante unos meses solo tiene lógica si la operación persigue una finalidad patrimonial o inmobiliaria a largo plazo. Y esa finalidad no ha sido explicada.

Planifica Madrid reconoce oficialmente que posee más de una decena de inmuebles, muchos de ellos situados en el centro de la capital y utilizados por consejerías y organismos autonómicos. Entre sus propiedades figuran edificios en las calles Aduana, Alcalá, General Díaz Porlier, Santa Hortensia, Gran Vía y otros emplazamientos. Su propia web asegura que la gestión patrimonial debe optimizar la inversión, aprovechar los recursos existentes y garantizar una administración eficiente de los fondos públicos.

¿Por qué ninguno de esos espacios podía acoger temporalmente las reuniones de Presidencia? ¿Por qué no utilizar dependencias de la Asamblea de Madrid? ¿Por qué era imprescindible elegir un ático residencial con una terraza de casi 200 metros cuadrados? Hasta ahora, el Gobierno regional no ha aportado un informe de necesidades que responda a esas cuestiones.

Una compra que no figuraba en los presupuestos

La adquisición tampoco aparecía prevista en los presupuestos de Planifica Madrid para 2026. Las cuentas detallan proyectos, inversiones, obras y operaciones patrimoniales, pero no mencionan la compra de un nuevo piso en Chamberí. Tampoco consta públicamente una ampliación presupuestaria específica para financiarla.

La contradicción más grave se encuentra en el propio documento presupuestario de la empresa pública. Planifica Madrid tenía previsto vender sus inmuebles de Gran Vía, 6, y Santa Catalina, 6, porque, aunque se habían empleado históricamente como oficinas, su uso urbanístico es residencial y resultaba imposible obtener la correspondiente licencia de oficinas. Esa es la explicación literal ofrecida por la sociedad para desprenderse de ambos edificios.

Sin embargo, meses después, la misma compañía ha comprado otra propiedad residencial para presentarla inicialmente como oficina. La normativa urbanística conocida del ático adquirido en Chamberí solo permitiría utilizarlo como vivienda. Si esa limitación se confirma, la operación reproduciría exactamente el problema por el que Planifica Madrid había decidido vender otros activos.

No es una cuestión menor. Adaptar una vivienda a un uso administrativo exige comprobar licencias, accesibilidad, seguridad, evacuación, protección contra incendios y compatibilidad con la comunidad de propietarios. Y todavía habría que sumar al precio de compra el coste de las reformas que el propio Ejecutivo regional ya ha anunciado.

Óscar López pide el expediente completo

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha reclamado el expediente íntegro de la compra y la comparecencia urgente de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. Los socialistas quieren saber de qué partida salieron los millones, cuál será el destino real de la propiedad y si existen las licencias necesarias para convertirla en dependencia institucional.

López ha resumido la anomalía con una pregunta difícil de esquivar: “¿Hacen falta 200 metros de terraza para unas oficinas?”. También ha calificado de contradictorias las explicaciones de Ayuso y ha asegurado que resulta muy difícil imaginar cómo puede justificarse administrativamente un expediente de cuatro, cinco o seis millones de euros para comprar un ático en Chamberí.

El dirigente socialista sostiene que, si la Comunidad pretende crear una residencia o una sede oficial para la Presidencia, debería plantearlo abiertamente, presupuestarlo y aprobarlo con transparencia. Lo inadmisible, afirma, es adquirir propiedades sin explicar previamente su finalidad ni el coste asumido por los madrileños.

Marta Carmona cuestiona el posible uso personal

Más Madrid también ha registrado iniciativas en la Asamblea regional. La diputada Marta Carmona exige que Ayuso comparezca y aclare si contempla algún uso personal del ático, por qué se escogió una propiedad exclusivamente residencial y qué obras concretas obligarán a abandonar la Real Casa de Correos.

Carmona cuestiona además por qué la presidenta no utiliza su despacho en la Asamblea o cualquier otra dependencia pública. La formación reclama que Rocío Albert explique los criterios empleados para seleccionar el inmueble y la justificación económica y administrativa de la adquisición.

No existe por ahora una prueba de que Ayuso vaya a residir en el ático. La oposición ha planteado esa posibilidad como una pregunta que debe esclarecerse, no como un hecho acreditado. Pero las dudas nacen de la opacidad del proceso y de las versiones cambiantes ofrecidas por el propio Ejecutivo.

La respuesta de Ayuso no despeja las incógnitas

Ayuso ha presentado la publicación de la compra como una “campaña de desprestigio” y ha insistido en que el inmueble no será su casa ni una residencia oficial. “Yo no me estoy comprando nada”, afirmó. El argumento, sin embargo, responde a una acusación distinta de la cuestión principal: nadie discute que la titularidad corresponde a una empresa pública, sino si esa empresa ha administrado correctamente el dinero de todos.

Negar que vaya a vivir allí no explica cuánto costó, por qué no estaba presupuestado, qué informe aconsejó la compra, qué otras alternativas se estudiaron, cómo podrá utilizarse como oficina si su uso es residencial, cuánto costará reformarlo ni qué destino tendrá cuando terminen las obras de Sol.

La operación parece diseñada con una lógica más próxima a la inversión inmobiliaria que a la gestión administrativa. Una empresa pública compra un activo de lujo en un barrio de máxima cotización y después busca una utilidad institucional que permita justificarlo. Puede que finalmente el patrimonio público gane valor, pero esa eventual revalorización no convierte automáticamente la compra en necesaria, transparente o racional.

El expediente completo deberá aclarar si todo se hizo legalmente. Pero políticamente la operación ya resulta difícil de defender: varios millones de dinero público, un ático residencial, una terraza descomunal, una necesidad supuestamente temporal y un Gobierno que decidió comprar antes de explicar. En una Comunidad atravesada por una grave crisis de vivienda, el símbolo es devastador: mientras miles de madrileños no pueden acceder a una casa, su Administración adquiere una de las más exclusivas de Chamberí sin ser capaz de decir con claridad para qué la quiere.

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