Hay declaraciones que explican mejor que cualquier programa político cómo entiende un partido la vida pública. Las palabras de Miguel Tellado sobre las investigaciones que afectan a Alberto González Amador pertenecen a esa categoría.
Según el secretario general del Partido Popular, todo lo relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso constituye una cuestión estrictamente personal. Un asunto privado. Un problema que debe resolverse en los tribunales y que, según sostiene, no afecta en absoluto a la presidenta madrileña.
La afirmación tendría cierta lógica si el Partido Popular aplicara el mismo criterio en todos los casos. Pero precisamente ahí aparece la contradicción.
El PP lleva años convirtiendo cualquier investigación relacionada con familiares, parejas, colaboradores o personas próximas al Gobierno en una responsabilidad política directa del presidente del Ejecutivo. Ha construido buena parte de su estrategia de oposición sobre esa premisa. Ha exigido explicaciones inmediatas, comparecencias, dimisiones y elecciones anticipadas. Ha repetido hasta la saciedad que los dirigentes políticos deben responder por todo lo que ocurre en su entorno, hasta que el entorno investigado ha sido el suyo. Entonces las reglas cambian.
Entonces aparece la presunción de inocencia. Entonces se invoca la separación entre responsabilidades personales y responsabilidades institucionales. Entonces se pide respeto a los procedimientos judiciales y prudencia en las valoraciones públicas.
Lo que para Pedro Sánchez es una responsabilidad política automática, para Isabel Díaz Ayuso se convierte en un asunto estrictamente privado. La diferencia resulta tan evidente que ni siquiera se esfuerzan demasiado en ocultarla.
Feijóo lleva meses recorriendo España pronunciando discursos sobre regeneración democrática, ejemplaridad y lucha contra la corrupción. Habla de reconstruir la confianza ciudadana. Habla de devolver prestigio a las instituciones. Habla de limpieza política.
Sin embargo, cada vez que surge una investigación incómoda en las proximidades de su propio partido, la contundencia desaparece con una rapidez sorprendente.
La corrupción deja de ser una cuestión moral para convertirse en una cuestión procesal, la indignación se transforma en cautela y, las exigencias se convierten en excusas.
La verdadera prueba de la coherencia política no consiste en denunciar los errores ajenos. Consiste en aplicar los mismos criterios cuando los problemas aparecen dentro de casa.
Por eso las declaraciones de Tellado tienen una importancia que va más allá del caso concreto. Lo que reflejan es una forma de entender la política basada en la conveniencia y no en los principios. Si el entorno de Ayuso merece prudencia, el entorno de cualquier otro dirigente también la merece, si una investigación judicial no implica automáticamente responsabilidades políticas para unos, tampoco debería implicarlas para otros.