Al menos siete presidentes autonómicos verán incrementada su retribución en 2026 al calor de la actualización salarial prevista para los empleados públicos. La decisión, incorporada de forma casi automática a los proyectos de Presupuestos regionales, vuelve a colocar bajo el foco una cuestión recurrente: cómo se articulan las reglas del poder político cuando la contención se predica hacia abajo y la excepción se normaliza arriba.
La lógica automática del incremento
El mecanismo es conocido y, precisamente por eso, poco discutido. Las comunidades que han optado por trasladar la subida salarial de los funcionarios a sus máximos responsables lo hacen amparándose en una fórmula técnica: las retribuciones de los altos cargos se actualizan “en los términos que permita el Estado”. No hay votación específica, ni debate político singularizado. El ajuste se desliza en el articulado presupuestario como un efecto colateral.
Esa automatización tiene consecuencias. Diluir la decisión en un marco general evita el coste político de defenderla en público, pero también vacía de contenido la noción de responsabilidad. El salario del presidente autonómico no es una nómina más del organigrama administrativo; es un símbolo institucional que expresa prioridades y cultura de gobierno.
Retribución y ejemplaridad
La comparación entre territorios revela un mapa desigual. Mientras algunas comunidades optan por congelar los sueldos de sus presidentes —con independencia de su cuantía—, otras los actualizan sin matices. No se trata tanto del importe final como del criterio. La congelación prolongada en algunos casos se ha convertido en un argumento de austeridad; la actualización, en otros, se presenta como un gesto de coherencia con el resto del sector público.
Sin embargo, esa coherencia es relativa. La capacidad de decisión, la exposición pública y la estabilidad del cargo presidencial no son equiparables a las de la mayoría de empleados públicos. Equiparar mecánicamente ambos planos introduce una ficción de igualdad que no resiste un análisis riguroso. La ejemplaridad no se mide solo en términos legales, sino en la lectura política que la ciudadanía hace de las decisiones.
El contexto importa
El debate no se produce en el vacío. Llega en un momento marcado por tensiones presupuestarias, negociaciones complejas para aprobar cuentas públicas y un clima social sensible a cualquier señal de desconexión entre instituciones y vida cotidiana. En ese contexto, la actualización salarial de los presidentes autonómicos puede interpretarse —aunque no se pretenda— como un mensaje ambiguo.
No ayuda que, en paralelo, se mantengan discursos de disciplina fiscal, contención del gasto y responsabilidad compartida. La percepción de doble vara se alimenta cuando las reglas parecen flexibles en la cúspide y estrictas en la base. Y esa percepción erosiona algo más que la imagen personal de un dirigente: afecta a la confianza en el conjunto del sistema.
Transparencia sin debate
Resulta significativo que la información sobre estas subidas emerja a través del análisis técnico de los Presupuestos y no de un posicionamiento político explícito. La transparencia formal existe —las cifras están ahí—, pero el debate público es escaso. Se habla de legalidad, rara vez de oportunidad.
Ese silencio no es neutro. Convertir una decisión política en un trámite administrativo es una forma de despolitizar lo que, en esencia, es una elección sobre el uso del dinero público. Y cuando la política se esconde detrás de la técnica, el espacio del control democrático se estrecha.
La cuestión de los salarios de los responsables públicos no admite soluciones simplistas ni gestos demagógicos. Pero sí exige reglas claras, criterios homogéneos y, sobre todo, explicaciones. En una democracia madura, la retribución del poder debe poder defenderse sin subterfugios.
Que varios presidentes autonómicos se suban el sueldo en 2026 no es un escándalo en sí mismo. Lo problemático es la normalización silenciosa de decisiones que afectan al corazón de la relación entre representantes y representados. Ahí es donde la política se juega algo más que unas cifras: se juega credibilidad.