En el laberinto de las telecomunicaciones, el spam sigue ganando terreno. Una encuesta reciente de Facua revela que el 36,5 % de los usuarios dice recibir más llamadas comerciales no deseadas que antes de las medidas del Gobierno. El 98,9 % denuncia haber sido víctima de estas prácticas. ¿Dónde está la barrera protectora del Estado cuando los consumidores siguen siendo el objetivo?
Las cifras que no cesan
Las estadísticas no engañan. El spam telefónico no es una molestia ocasional: es un negocio constante que, pese a las promesas legislativas, sigue escalando. Casi seis de cada diez usuarios afirman recibir spam casi todos los días. Lo más inquietante no es que persista el fenómeno, sino que lo hace con inmunidad aparente frente a sanciones efectivas.
Las medidas gubernamentales —como el bloqueo a llamadas desde móviles— han empujado el problema hacia los teléfonos fijos. No se ha reducido el volumen; se ha trasladado. Y, en paralelo, se multiplican las empresas especializadas en captación agresiva con datos cuyas procedencias no se transparentan.
La impunidad estructural
Uno de los ejes que sostienen el spam es la falta de consecuencias reales. La AEPD, que tiene el mandato de proteger datos y responsabilidades, según Facua archiva denuncias por tecnicismos como la no acreditación de titularidad, en lugar de requerir información adicional. El resultado: un rechazo automático que legitima la impunidad y desincentiva la denuncia ciudadana.
Las grandes compañías de electricidad y telecomunicaciones, que se benefician directamente del spam al recibir clientes que han sido dados de alta por engaño, no pagan sanciones proporcionales. El fraude existe, pero parece no afectar sus balances. Esa asimetría penaliza al usuario, quien se ve atrapado en procedimientos ineficaces y autoridades desbordadas.
Propuestas inconclusas que esperan voluntad
Facua exige tres reformas clave:
Que cualquier alta hecha por teléfono demande confirmación verbal explícita en la misma llamada.
Que aceptar altas sin consentimiento expreso sea tipificado como infracción grave.
Que se establezca un protocolo obligatorio de información al usuario y de indemnización automática si la solicitud no fue hecha por él.
Son medidas lógicas, sencillas de aplicar, pero chocan contra la resistencia de corporaciones acostumbradas a operar con una debilidad regulatoria. El lobby de las telecomunicaciones tiene memoria, presupuesto y recursos legales. La pelea contra el spam no es solo una cruzada técnica, es un ejercicio de soberanía de los ciudadanos frente a quienes monetizan el acoso y sistematizan la intrusión. Mientras las leyes se discuten y los procedimientos se dilatan, la línea telefónica del consumidor sigue siendo territorio de invasión constante.