Agosto suele conceder a la política española una tregua que los juzgados no siempre respetan. Este año, además, el regreso será especialmente intenso. Septiembre concentrará declaraciones, vistas y decisiones capaces de devolver a los tribunales buena parte de los asuntos que han acompañado el debate público durante los últimos meses. Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional abrirán casi al mismo tiempo causas y procedimientos de enorme repercusión política, aunque de naturaleza jurídica muy diferente.
La Audiencia Nacional ocupará buena parte de esa agenda. Santiago Pedraz ha asumido ya íntegramente la investigación del denominado caso Leire Díez después de incorporar los 14 tomos del sumario que hasta ahora instruía un juzgado de Madrid. La causa trata de determinar el alcance de una presunta trama destinada a obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, una hipótesis que continúa sometida al trabajo de los investigadores y a las garantías propias de cualquier procedimiento penal.
El 9 de septiembre están citados como investigados la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el abogado Ismael Oliver. La UCO sostiene que el dinero utilizado para atender gastos de la supuesta trama procedía de un mismo origen, el PSOE, y ha localizado pagos a Leire Díez canalizados a través de la consultora vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Las pesquisas se encuentran ahora especialmente concentradas en reconstruir el recorrido del dinero.
Investigar movimientos de dinero, sin embargo, no equivale a acreditar judicialmente los delitos que se persiguen. La diferencia parece elemental, pero adquiere especial importancia cuando una causa penal comienza a formar parte de la confrontación partidista antes incluso de haber terminado la instrucción.
Plus Ultra vuelve a la Audiencia Nacional
Dos días antes comenzará otro de los capítulos judiciales llamados a ocupar titulares. José Luis Calama ha citado para el 7 y el 8 de septiembre al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli. Ambos ya figuraban como investigados y deberán comparecer después de haber remitido escritos a la Audiencia Nacional en los que señalaron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con las gestiones que desembocaron en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.
La causa alcanza directamente a Zapatero, que ha negado irregularidades y ha cuestionado judicialmente distintas actuaciones de la instrucción. Aquí conviene introducir una precisión. Calama rechazó inicialmente el incidente de nulidad presentado por su defensa al considerarlo fuera de plazo, pero posteriormente rectificó parcialmente esa decisión al comprobar que algunas de las resoluciones impugnadas habían sido notificadas más tarde. El juez deberá pronunciarse, por tanto, sobre parte de las nulidades planteadas por el expresidente.
Septiembre servirá para contrastar algunas de las versiones incorporadas durante los últimos meses a una investigación que ha adquirido una considerable dimensión política. Será la instrucción la que determine qué afirmaciones encuentran respaldo probatorio y cuáles no sobreviven al avance de las diligencias.
Del ámbito penal a las cuestiones constitucionales
La actividad de septiembre no terminará en la Audiencia Nacional. El Supremo y el Constitucional tienen ya en su calendario asuntos de naturaleza muy distinta, pero con una considerable repercusión política.
El 7 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo celebrará dos vistas para examinar las medidas cautelares solicitadas en relación con las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la denominada ley de nietos. La primera, a las 10.00 horas, corresponde al procedimiento promovido por Iustitia Europa. Una hora después está prevista la relacionada con la petición de Vox. Ambas formaciones cuestionan los efectos electorales de las inscripciones derivadas de las nacionalizaciones concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Una norma concebida para facilitar el acceso a la nacionalidad de determinados descendientes de españoles ha acabado abriendo una disputa sobre el censo y sus posibles consecuencias electorales. Vox e Iustitia Europa han llevado esa discusión hasta el Supremo, que deberá decidir ahora si existe fundamento para adoptar las medidas cautelares solicitadas.
El Tribunal Constitucional tiene también una cita relevante en septiembre. El pleno comenzará el 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del procés frente a la negativa del Supremo a aplicarles la ley de amnistía. El primero será el del secretario general de Junts, Jordi Turull, con el magistrado José María Macías como ponente. Después llegará el turno de otros dirigentes independentistas.
Superado el debate general sobre la constitucionalidad de la norma, el foco se desplaza ahora hacia su aplicación concreta y hacia las decisiones adoptadas por el Supremo respecto de dirigentes del procés. Lo que decida el Constitucional irá delimitando el alcance efectivo de una ley que ha condicionado buena parte de la legislatura.
Septiembre no resolverá necesariamente todas estas causas. Algunas continuarán durante meses y otras pueden abrir nuevos recorridos procesales. Pero el regreso de la actividad judicial volverá a colocar en el centro de la política española la diferencia entre una acusación y un hecho probado.
Las investigaciones se incorporan al debate partidista casi en tiempo real, las resoluciones provisionales adquieren categoría de veredicto y cada diligencia termina interpretada según el interés político de quien la comenta.
Los tribunales tienen la obligación de investigar sin atender a carnés, gobiernos ni apellidos. La política y los medios tienen una responsabilidad distinta, pero no menor: no dictar sentencia antes de que lo hagan los jueces.
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