Pedro Sánchez convirtió el desahucio de Mari Carmen en Madrid en el principal asunto de política nacional de su comparecencia ante los medios en Nueva York, horas antes de intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hizo con palabras especialmente duras contra las administraciones madrileñas y vinculando el caso particular de una mujer que llevaba siete décadas pagando el alquiler de su vivienda con una crisis habitacional que, según defendió, exige una nueva actuación del Gobierno y del Parlamento.
"El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país", afirmó Sánchez nada más ser preguntado por el caso. El presidente situó la «responsabilidad principal» en las administraciones con competencias sociales y de vivienda y señaló expresamente al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.
La comparecencia terminaba así girando, durante buena parte del turno de preguntas, hacia Madrid. Sánchez volvió varias veces sobre el asunto, hasta el punto de afirmar que el Ejecutivo "no descarta nada" para reforzar la protección frente a determinados desahucios y garantizar que un caso como el de Mari Carmen no vuelva a producirse.
Sánchez apunta al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid
El presidente elevó considerablemente el tono cuando habló de la actuación de las instituciones madrileñas. Según Sánchez, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad habían hecho «caso omiso» ante una situación que, a su juicio, debería haber encontrado una respuesta desde los servicios públicos.
En ese contexto lanzó una de las frases políticas más contundentes de toda la rueda de prensa, al contraponer el desahucio con las polémicas inmobiliarias de los últimos días en Madrid. Sánchez acusó a las administraciones madrileñas de estar más preocupadas por operaciones relacionadas con «áticos con 200 metros de terraza» que por responder a la situación de una persona vulnerable.
Más adelante regresó a esa comparación: calificó de «indignante» que haya responsables políticos que, según sus palabras, puedan permitirse operaciones inmobiliarias con dinero público y, al mismo tiempo, "no sean capaces de mover un dedo" por quienes necesitan la protección de las administraciones. Se trata de una acusación política de Sánchez formulada durante la comparecencia, no de una constatación independiente sobre esas operaciones.
El presidente también cargó contra el modelo de vivienda defendido por el Gobierno madrileño. Afirmó que en Madrid existe una administración que, en su opinión, se "vanagloria" de su relación con los fondos de inversión, de la venta de vivienda protegida a este tipo de inversores y de una política basada en la liberalización del mercado y en no utilizar los instrumentos de intervención contemplados en la legislación estatal.
El señalamiento político apuntaba directamente hacia el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso y hacia el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Sánchez presentó el caso de Mari Carmen como el ejemplo de dos modelos enfrentados sobre la vivienda: el que atribuye al Gobierno central, basado en una mayor intervención pública, y el que reprocha a las administraciones madrileñas.
"Si se hubiera aprobado, Mari Carmen no habría sido desahuciada"
Sánchez no descargó, sin embargo, toda la responsabilidad sobre Madrid. Una parte sustancial de su respuesta estuvo dirigida al Congreso de los Diputados y a la dificultad del Gobierno para reunir una mayoría suficiente alrededor de nuevas medidas de vivienda.
El presidente sostuvo que, si el Parlamento hubiera aprobado el real decreto-ley que el Ejecutivo quiso impulsar antes del verano, el desahucio no se habría producido. "Hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen", afirmó.
El Gobierno ya había prorrogado mediante el Real Decreto-ley 2/2026 determinados mecanismos de protección para hogares vulnerables, incluida la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de determinados procedimientos de desahucio y lanzamiento. La protección, sin embargo, está sujeta a requisitos y excepciones y no supone una paralización general de todos los desahucios.
Sánchez reclamó ahora "altura de miras", "responsabilidad" y "empatía" a los grupos parlamentarios para sacar adelante nuevas medidas. Preguntado directamente sobre si ese decreto llegará de inmediato al Consejo de Ministros, evitó poner fecha: dijo que se presentará «de manera urgente cuando sea necesario» y reiteró varias veces que el Ejecutivo "no descarta ninguna opción".
La idea la repitió ante una última pregunta sobre qué capacidad real conserva el Gobierno si no consigue el respaldo parlamentario. Sánchez insistió en que habrá una respuesta, pero volvió a reclamar el concurso de las Cortes para modificar la legislación y ampliar la protección de las personas vulnerables.
Ceuta: más inversión, control fronterizo y presión sobre Marruecos
Superado el largo bloque dedicado a la vivienda, Ceuta ocupó otra parte destacada de la rueda de prensa.
Sánchez explicó que en sus conversaciones con dirigentes europeos y de otros países había encontrado, según su propia valoración, "mucha empatía" tanto hacia España como hacia las personas migrantes. Rechazó además la caracterización de los menores llegados a Ceuta como una "invasión" y dividió la respuesta del Gobierno en tres ámbitos: control fronterizo, gestión humanitaria y recuperación económica de la ciudad autónoma.
El presidente afirmó que el Gobierno movilizará 80 millones de euros antes de final de año para pequeñas empresas y autónomos afectados por la crisis y situó en 309 millones el volumen global de recursos destinado a Ceuta. También anunció una inversión superior a 170 millones para reforzar la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla. Estas cifras fueron ofrecidas por Sánchez durante la comparecencia.
Sobre Marruecos, Sánchez reconoció que los mecanismos de control fronterizo resultaron insuficientes durante la crisis de los días 30 y 31 de julio, aunque destacó posteriormente el despliegue de fuerzas marroquíes ante nuevas convocatorias difundidas a través de las redes sociales.
Frente a las preguntas sobre si Rabat había modificado su actuación, Sánchez recordó que Marruecos ya desplegó Policía, Gendarmería y Fuerzas Armadas desde el 30 de julio y volvió a intervenir ante las alertas del 15 de agosto. Su mensaje fue que España seguirá exigiendo información y actuaciones a Marruecos, al tiempo que reforzará sus propios dispositivos fronterizos.
Trump: "No hace falta posar en una foto para trabajar juntos"
La relación con Donald Trump apareció después de que Sánchez fuera preguntado por su ausencia de una recepción ofrecida por el presidente estadounidense a los dirigentes desplazados a Nueva York.
Sánchez rechazó interpretar esa ausencia como una ruptura política. «No hace falta posar en una foto para trabajar juntos», respondió, y aseguró que España pretende cooperar con la Administración estadounidense en aquellos asuntos en los que existan intereses compartidos.
También negó estar desarrollando una agenda internacional diseñada específicamente contra Trump. Según explicó, su Gobierno defiende simplemente las políticas que considera adecuadas para España.
La precisión resulta relevante porque Sánchez había utilizado previamente su intervención para defender un modelo basado en el multilateralismo, la regulación económica, las políticas climáticas, la cohesión social y la cooperación internacional frente a las posiciones partidarias de una mayor desregulación o del repliegue nacional.
Delcy Rodríguez, Begoña Gómez y Zapatero
La política española volvió a entrar en la sala con otras tres cuestiones. Sobre el encuentro con Delcy Rodríguez, Sánchez redujo lo ocurrido a un saludo protocolario durante la Asamblea General. Explicó que la dirigente venezolana se acercó a saludarlo y añadió que había sido invitada a la próxima Cumbre Iberoamericana, aunque en ese momento no había confirmado su asistencia.
Al ser preguntado por la apertura de juicio contra Begoña Gómez, Sánchez hizo una precisión deliberada: «Begoña Gómez. No mi mujer, sino Begoña Gómez». Después afirmó que sobre el procedimiento judicial considera que «está todo dicho desde hace ya bastante tiempo», sin entrar en una valoración más extensa.
También fue preguntado por José Luis Rodríguez Zapatero y por las informaciones relativas a unas joyas que el expresidente habría recibido del rey de Arabia Saudí cuando ocupaba la Presidencia del Gobierno. Sánchez aseguró inicialmente que Zapatero mantiene su confianza y apeló a la presunción de inocencia. Ante una segunda pregunta, evitó pronunciarse sobre si debería renunciar a esas piezas hasta conocer con precisión los datos del caso.
De la política española a la ONU
La vivienda terminó eclipsando buena parte de una comparecencia que Sánchez había comenzado planteando como balance de la presencia española en la Asamblea General.
Antes de las preguntas, el presidente defendió que España había acudido a Nueva York con un mensaje basado en la cooperación internacional, el diálogo, los derechos humanos y el respeto al derecho internacional frente al aumento de los conflictos y las tensiones geopolíticas.
También reivindicó el comportamiento de la economía española y destacó ante inversores internacionales el crecimiento, la creación de empleo y la combinación entre actividad económica y cohesión social. En su exposición aseguró que Standard & Poor's había elevado al 2,4 % su previsión de crecimiento para España en 2026.
La agenda de Nueva York incluyó además una reunión con Francia, Kenia y Australia sobre protección de menores frente a los riesgos de la inteligencia artificial; la defensa de una regulación pública de esa tecnología; encuentros relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la reivindicación de una mujer latinoamericana para ocupar por primera vez la Secretaría General de Naciones Unidas y un acuerdo de cooperación climática con California.
Una mujer desahuciada de la casa en la que había vivido durante siete décadas
Desde la representación española ante Naciones Unidas, a miles de kilómetros de Madrid, Sánchez acabó dedicando buena parte de su comparecencia a una mujer desahuciada de la casa en la que había vivido durante siete décadas. Convirtió el caso de Mari Carmen en una exigencia al Parlamento para revisar la protección legal frente a los desahucios y, al mismo tiempo, en una ofensiva política contra la gestión de vivienda de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.
El mensaje que dejó en Nueva York fue inequívoco en cuanto a la posición del Gobierno: habrá nuevas actuaciones, aunque Sánchez no concretó todavía cuáles ni cuándo llegarán al Consejo de Ministros. «No descartamos nada», repitió.
He mantenido las acusaciones sobre Ayuso, los fondos y los áticos siempre atribuidas a Sánchez, porque en una pieza informativa conviene no convertir automáticamente una acusación política pronunciada en rueda de prensa en un hecho probado. También he evitado cargar el arranque con la ONU: aquí la noticia está claramente en Mari Carmen, los desahucios y Madrid.
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