Pedro Sánchez ha reaparecido este lunes en un foro internacional marcado inevitablemente por la tragedia ferroviaria de Urda, que ha causado 69 muertos y ha dejado decenas de heridos. El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana un real decreto de ayudas extraordinarias para las víctimas y sus familias, al tiempo que ha convertido su intervención en una defensa de los servicios públicos, de la unidad europea y de la necesidad de establecer límites políticos frente al avance de la ultraderecha.
Durante su intervención en World in Progress, el encuentro organizado por el Grupo PRISA en Barcelona, Sánchez ha dedicado sus primeras palabras a los fallecidos y a los 34 heridos que, según el balance ofrecido por el propio presidente, permanecen hospitalizados.
«Detrás de cada una de esas vidas hay un nombre, hay una madre, hay un hijo, hay una compañera de trabajo, hay un amigo», ha recordado, antes de comprometer el acompañamiento del Estado a las familias durante el duelo, los trámites administrativos y la búsqueda de respuestas sobre un accidente que, en sus palabras, «jamás debió suceder».
La intervención se ha producido después de los tres días de luto oficial y cuando continúa abierta la investigación sobre las circunstancias que provocaron la colisión de dos trenes de alta velocidad el pasado 28 de octubre.
El Gobierno duplicará la referencia del seguro obligatorio mediante ayudas extraordinarias
El anuncio más inmediato del presidente ha sido la aprobación, prevista para este martes 3 de noviembre, de un nuevo decreto de apoyo a las víctimas, inspirado en el mecanismo extraordinario utilizado tras el accidente ferroviario de Adamuz.
El paquete contempla cuatro actuaciones: un esquema de ayudas que duplicará la cuantía de referencia del seguro obligatorio de pasajeros, un mecanismo para anticipar indemnizaciones, una cobertura específica y mejorada de incapacidad temporal para las personas afectadas y la apertura de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan las víctimas.
Sánchez ha presentado estas medidas como una respuesta urgente a las consecuencias personales, económicas y administrativas de la tragedia, aunque las cantidades concretas y los requisitos de acceso deberán conocerse con la aprobación y publicación de la norma.
El presidente ha insistido en que la investigación independiente y las actuaciones judiciales deben desarrollarse con rigor y transparencia, sin anticipar conclusiones sobre las responsabilidades técnicas o personales. Sin embargo, también ha reconocido que el Ejecutivo afronta una tarea que no puede limitarse a esclarecer las causas: recuperar la confianza de quienes utilizan el ferrocarril.
«Nuestra principal obligación como Gobierno de España es recuperar esa confianza quebrada por parte de los ciudadanos en la alta velocidad cuanto antes y cueste lo que cueste», ha afirmado.
«Cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos»
La tragedia de Urda ha servido a Sánchez para reivindicar el papel de los trabajadores de los servicios públicos y la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones extremas.
Ha recordado la actuación de los equipos del 112, los bomberos, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, los sanitarios y los profesionales encargados de identificar a las víctimas y prestar asistencia psicológica a sus familiares. También ha agradecido la solidaridad de los vecinos de Urda, una localidad que se movilizó para atender a los supervivientes.
Entre los episodios que ha destacado figura el rescate de una joven atrapada en uno de los vagones, encontrada con vida por un guardia civil que permaneció junto a ella mientras los equipos de emergencia trabajaban para liberarla.
A partir de esos ejemplos, el presidente ha trazado una reflexión política sobre la importancia de la sanidad, la protección civil y los servicios esenciales sostenidos con recursos públicos.
«Cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos», ha proclamado.
Su conclusión ha sido igualmente explícita: «La respuesta a esta tragedia nunca puede ser menos servicios públicos».
Sánchez ha defendido que las situaciones de emergencia demuestran la necesidad de mantener administraciones capaces de intervenir, personal suficiente y recursos disponibles. A su juicio, debilitar los servicios colectivos reduce también la capacidad de protección de la sociedad cuando se producen catástrofes.
Ese planteamiento no elimina las preguntas que pesan sobre el propio Gobierno por el funcionamiento y la seguridad ferroviaria. Las causas del accidente siguen investigándose y las reclamaciones de explicaciones, auditorías y responsabilidades forman parte de un debate que el Ejecutivo deberá afrontar.
La advertencia a la derecha tradicional: pactar con la ultraderecha tiene consecuencias
Tras abordar la tragedia, Sánchez ha centrado su discurso en el futuro de Europa y en lo que considera una amenaza creciente para el modelo democrático y social del continente.
El presidente ha advertido de que la ultraderecha está construyendo alianzas internacionales para debilitar las instituciones europeas desde dentro, cuestionar derechos sociales y transformar preocupaciones legítimas de la ciudadanía en discursos de confrontación.
Pero una de sus principales advertencias no se ha dirigido exclusivamente a las fuerzas ultraderechistas, sino a los partidos conservadores tradicionales que deciden colaborar con ellas.
Sánchez ha sostenido que la extrema derecha consolida sus posiciones cuando otras fuerzas políticas aceptan sus planteamientos, normalizan sus mensajes o justifican sus alianzas de gobierno. Según su análisis, esa estrategia puede terminar debilitando a la propia derecha convencional, que corre el riesgo de quedar políticamente absorbida por quienes pretendía utilizar como aliados.
La reflexión tiene una lectura evidente en España, donde los acuerdos entre el Partido Popular y Vox han formado parte de la política territorial de los últimos años, aunque Sánchez ha situado su advertencia en una perspectiva europea.
Como contraste ha mencionado al primer ministro polaco Donald Tusk y al canciller alemán Friedrich Merz, a los que ha presentado como dirigentes conservadores capaces de marcar distancias frente a la ultraderecha pese a sus diferencias ideológicas con la socialdemocracia.
El mensaje central ha sido que la rivalidad política dentro del sistema democrático no obliga a aceptar cualquier alianza ni a relativizar cualquier discurso.
Orbán, el racismo y la internacional ultraderechista
Sánchez ha ampliado su crítica con referencias a dirigentes de distintos países europeos y a declaraciones que, según ha expuesto, evidencian el cuestionamiento de conquistas sociales y principios democráticos.
Ha recordado las palabras del primer ministro húngaro Viktor Orbán sobre la mezcla racial y las posiciones de dirigentes vinculados a la extrema derecha italiana y alemana sobre el patriarcado y la memoria histórica.
También ha cuestionado las propuestas de la ultraderecha española para eliminar políticas de igualdad de género y medidas relacionadas con la transición energética, que considera incompatibles con la protección de derechos y la respuesta al cambio climático.
Para Sánchez, el problema no se limita a la existencia de fuerzas políticas radicales, sino a la circulación internacional de discursos que relativizan el racismo, banalizan episodios oscuros de la historia europea y convierten la división social en un instrumento de poder.
El presidente ha vinculado este fenómeno con la expansión de la inteligencia artificial y el funcionamiento de los algoritmos digitales, que pueden favorecer determinadas dinámicas de polarización cuando carecen de transparencia.
Su crítica se ha extendido a la influencia de dirigentes y grandes intereses económicos extranjeros sobre determinadas corrientes políticas, frente a los que ha reivindicado la autonomía de las instituciones españolas. «España se gobierna desde España, no desde Washington, desde Tel Aviv, por supuesto, no desde Moscú o Buenos Aires», ha defendido.
España como argumento frente a la austeridad y el retroceso social
El jefe del Ejecutivo también ha utilizado la evolución económica española para defender la compatibilidad entre crecimiento, reducción del déficit y mantenimiento de las políticas sociales.
Según las cifras que ha presentado, la economía española creció un 0,6 % durante el tercer trimestre y mantiene una expansión interanual del 2,7 %. También ha destacado los 22,8 millones de personas ocupadas y un incremento de 465.000 trabajadores respecto al año anterior.
Sánchez ha argumentado que estos resultados permiten sostener un modelo económico en el que la creación de empleo y la consolidación fiscal no exijan sacrificar el Estado del bienestar.
Ha reconocido, no obstante, la persistencia de problemas especialmente graves, entre ellos el acceso a la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida, agravado por las consecuencias de las guerras y las tensiones internacionales.
En materia de vivienda ha reivindicado las actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, al tiempo que ha criticado la resistencia de otras fuerzas políticas a intervenir en un mercado que considera profundamente desequilibrado.
Más Europa frente a las guerras y la disputa mundial por los recursos
La guerra de Rusia contra Ucrania, la competencia entre Estados Unidos y China y las tensiones energéticas de Oriente Medio han formado el núcleo internacional del discurso.
Sánchez ha advertido de que el continente europeo necesita fortalecer su autonomía estratégica, su capacidad industrial y tecnológica y su posición ante las grandes potencias, pero sin renunciar a los derechos sociales, la cooperación internacional ni las políticas de transición ecológica.
Ha defendido una Europa capaz de actuar de manera conjunta, recordando la compra común de vacunas durante la pandemia, los fondos Next Generation y la coordinación energética desplegada tras la invasión rusa de Ucrania.
También ha alertado de los recortes en cooperación al desarrollo y de sus posibles consecuencias sobre la salud global y la estabilidad internacional.
El presidente ha recuperado para cerrar su intervención El mundo de ayer, de Stefan Zweig, como advertencia histórica sobre la fragilidad de sociedades que consideraron irreversible su progreso hasta que el nacionalismo y la guerra destruyeron buena parte de sus certezas.
Su conclusión ha unido la experiencia de solidaridad vivida en Urda con la necesidad de cooperación entre los Estados europeos: las sociedades son más capaces de afrontar las crisis cuando actúan juntas.
Sánchez ha pedido, en definitiva, reforzar el proyecto comunitario frente a quienes promueven la fragmentación, la confrontación y el retroceso de derechos. Lo ha hecho en una jornada en la que el Gobierno sigue pendiente de una obligación mucho más inmediata: atender a las víctimas del accidente ferroviario, aclarar las causas y demostrar con medidas concretas que la seguridad de los viajeros puede recuperarse.
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