Margarita Robles ha comparecido este martes en el Congreso con una mezcla poco habitual de contundencia, autocrítica y defensa cerrada de las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa ha reconocido que los ciudadanos de Ceuta pudieron sentirse abandonados durante la crisis iniciada el 30 de julio, ha pedido disculpas por ello y ha reconstruido una cronología que confirma que durante las semanas anteriores existieron señales crecientes de presión migratoria, movimientos en redes sociales y advertencias sobre el deterioro de la situación.
La comparecencia ha dejado también un importante debate político sobre hasta qué punto aquellas señales permitían anticipar una entrada de las dimensiones finalmente registradas. El PP sostiene que el Gobierno disponía de información suficiente para haber reforzado antes la frontera. Robles, por el contrario, ha defendido que la magnitud del fenómeno fue extraordinaria y que la respuesta militar se produjo en cuanto fue requerida por las autoridades competentes.
Pero la propia ministra ha reconocido que hay preguntas cuya respuesta todavía no se conoce.
"Hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en conocerse; otras que quizá nunca lleguemos a conocer», aseguró, antes de advertir de la posible existencia de «actores interesados" que hubieran favorecido la crisis con una finalidad política y desestabilizadora.
"Quiero pedir disculpas"
Robles comenzó su intervención recordando a los fallecidos, que cifró en casi un centenar entre España, la frontera y el mar, aunque admitió que el número exacto todavía se desconoce. «Nuestra obligación es garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad», afirmó, subrayando al mismo tiempo la necesidad de respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes.
El momento políticamente más relevante de esa primera parte llegó cuando se dirigió directamente a la población ceutí.
«He conocido de primera mano su sensación de angustia, de abandono y de inseguridad. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido, o que incluso hoy sigan sintiéndose, abandonados o no suficientemente acompañados», declaró.
No fue una frase menor. Mientras otros miembros del Ejecutivo han defendido durante estas semanas la respuesta del Gobierno, Robles asumió explícitamente que una parte de la población pudo experimentar una sensación real de abandono.
Inmediatamente después quiso despejar cualquier duda sobre la soberanía española: «Ceuta y Melilla son España». Y fue todavía más lejos: «No es simplemente que sean españolas: son españolísimas».
"Cualquier agresión o intento de agresión a Ceuta o a Melilla lo es contra España entera, porque nuestra soberanía y nuestra integridad territorial son intocables", afirmó.
Los avisos existieron
La parte más delicada de la comparecencia llegó con la reconstrucción de las semanas anteriores al 30 de julio.
Robles confirmó que 25 miembros del CNI destinados en Ceuta monitorizan diariamente la situación geopolítica del flanco sur, las relaciones con los países vecinos, las mafias, el terrorismo yihadista, la migración irregular y las posibles amenazas híbridas. Añadió que tanto el CNI como el CIFAS realizaron las tareas que les correspondían y compartieron y analizaron información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Delegación del Gobierno.
El informe del Estado Mayor de la Defensa utilizado por la ministra divide la crisis en tres fases. La primera, denominada de «migración concentrada», comenzó después de la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio y estuvo marcada por un incremento progresivo de las entradas a nado y una intensa actividad en redes sociales.
Según Robles, en Facebook circulaban itinerarios, recomendaciones para adquirir neoprenos y aletas e instrucciones sobre cómo entrar en Ceuta. Posteriormente apareció un mensaje según el cual la Fiesta del Trono marroquí supondría una reducción de la presencia policial y abriría una oportunidad para cruzar la frontera.
La ministra recordó además que el 27 de julio el presidente de Ceuta y el delegado del Gobierno se reunieron ante un incremento que rondaba ya las 150 llegadas irregulares diarias y alertaron públicamente de la presión sobre los recursos de acogida. Dos días después aparecieron convocatorias en WhatsApp y Facebook para intentar entrar masivamente aprovechando la festividad marroquí. Algunos grupos, afirmó, alcanzaban los 180.000 seguidores.
5.200 personas por hora
El salto llegó a las 11.30 del 30 de julio. Según la cronología expuesta por Defensa, el flujo llegó a alcanzar las 5.200 entradas por hora. A las ocho de la tarde se calculaba que entre 45.000 y 55.000 personas se encontraban ya en Ceuta. A las 20.30 se solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas y, a las siete de la mañana siguiente, la cifra aproximada alcanzaba las 60.000 entradas.
Robles argumentó que una avalancha de semejantes dimensiones difícilmente habría podido detenerse mediante la fuerza sin provocar una tragedia todavía mayor. "No podrían evitarse esas avalanchas ni siquiera mediante una utilización mínimamente proporcional de material antidisturbios y, no digamos, obviamente, mediante otros medios armados. La tragedia y el número de muertos serían incontables", afirmó.
El PP pregunta por qué no se actuó antes
La portavoz del PP, Ester Muñoz, centró precisamente ahí su crítica. Frente a la frase final de Robles —«Lo sucedido el pasado 30 de julio no puede volver a ocurrir»—, respondió: "Se ha equivocado usted de tiempo verbal: nunca debió haber ocurrido".
Muñoz recordó la crisis de 2021, diferentes documentos de seguridad elaborados durante los últimos años y el Informe Anual de Seguridad Nacional, que ya advertía en abril del incremento de la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla.
Su argumento fue que, si los servicios de inteligencia conocían los movimientos en redes y existían advertencias anteriores, el Gobierno debía explicar por qué no reforzó preventivamente el dispositivo.
"¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska, que dijo que no había recibido ninguna información?", preguntó la diputada popular.
Se trata de una acusación política del PP, no de una conclusión acreditada por la comparecencia. Robles sostuvo que los servicios cumplieron sus obligaciones y que la dimensión que adquirió finalmente el movimiento no podía equipararse a las señales detectadas inicialmente.
Más de 3.000 militares
La ministra dedicó buena parte de su intervención a defender la actuación de las Fuerzas Armadas después de activarse el dispositivo. Explicó que se superaron los 3.000 efectivos, que entre el 4 y el 21 de agosto se realizaron 1.600 patrullas móviles, y que participaron unidades terrestres, fragatas, patrulleros y buques de acción marítima en operaciones de vigilancia, presencia, disuasión y apoyo logístico.
Robles aseguró además que el refuerzo posterior contribuyó a impedir nuevos intentos masivos anunciados a través de las redes.
La comparecencia deja así dos verdades difíciles de conciliar políticamente. El Gobierno puede defender un enorme despliegue una vez desencadenada la crisis y el trabajo de miles de servidores públicos, pero tendrá que explicar también por qué las señales previas no provocaron una reacción preventiva suficiente para impedir que la frontera quedara desbordada.
Robles no ocultó que quedan incógnitas. Tampoco quiso señalar directamente a Marruecos como responsable de la operación y habló de redes, mafias, actores internacionales y posibles amenazas híbridas.
Su última frase resumió el compromiso que ahora deberá demostrar el Gobierno: "Lo sucedido el pasado 30 de julio no puede volver a ocurrir".
Después de conocer que hubo alertas, seguimiento de inteligencia y una creciente movilización durante semanas, la cuestión ya no es únicamente cómo reaccionó España cuando decenas de miles de personas atravesaban la frontera. La pregunta pendiente es qué debe cambiar para que todos esos avisos sirvan la próxima vez para evitar llegar hasta ese punto.
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