La crisis de Ceuta entra hoy en el Congreso. Después de varias semanas en las que el debate político ha avanzado con frecuencia más deprisa que los datos, Margarita Robles abrirá a las 12.30 horas una ronda extraordinaria de comparecencias con la que el Gobierno pretende explicar qué ocurrió los días 30 y 31 de julio, qué respuesta ha desplegado desde entonces y cuáles serán los siguientes pasos ante una situación que continúa condicionando la vida de la ciudad autónoma.
La ministra de Defensa será la primera en comparecer, pero no estará sola durante mucho tiempo. Félix Bolaños y Mónica García acudirán el jueves; Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Elma Saiz lo harán el viernes, y Sira Rego cerrará el calendario el lunes 31. A ellos se ha sumado también la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El Gobierno ha optado por una rendición de cuentas extensa y sectorial, con cada departamento explicando su intervención en una crisis que afecta simultáneamente a la seguridad, la política exterior, la inmigración, la atención sanitaria y la protección de los menores.
El calendario tiene además una evidente dimensión política. El PP llevaba semanas reclamando la presencia de varios ministros en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta, y ha acusado al Ejecutivo de eludir el control parlamentario al no acudir a la Cámara Alta. El Gobierno ha elegido el Congreso y ha solicitado las comparecencias a petición propia. El debate, por tanto, ya no consiste en si habrá explicaciones, porque las habrá durante prácticamente toda la semana, sino en dónde deben darse y hasta dónde debe alcanzar la responsabilidad política por lo sucedido.
También hoy regresará el Consejo de Ministros después del paréntesis estival y, antes de su reunión, Pedro Sánchez ha convocado de manera extraordinaria al Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación de Ceuta. Participará telemáticamente el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, junto a responsables de Interior, Defensa y Exteriores, la dirección del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional. La decisión incorpora así la crisis al máximo órgano de coordinación del Estado en materia de seguridad.
Del relato político a los datos
La comparecencia de Robles tiene una importancia particular porque una parte sustancial de la disputa de las últimas semanas se ha construido alrededor de lo que sabía el Estado antes de la entrada masiva y de cómo respondió una vez desbordada la frontera. El PP ha utilizado expresiones como “invasión” y “ataque a la soberanía nacional”, ha cuestionado la actuación del Ejecutivo y ha reclamado una política de retornos mucho más rápida, también para los menores.
El Gobierno tendrá ahora la oportunidad de reconstruir los hechos en sede parlamentaria. Y esa diferencia importa. Una crisis de esta magnitud necesita algo más que una sucesión de declaraciones políticas, necesita una cronología verificable, datos y una explicación completa de las decisiones adoptadas. El Ejecutivo sostiene que detrás de la llegada masiva hubo una combinación de redes organizadas, difusión en redes sociales y mensajes procedentes de distintos países, sin atribuir a Marruecos una actuación hostil equiparable a la crisis de 2021.
La situación sobre el terreno tampoco permanece inmóvil. El Gobierno ha decidido reforzar la coordinación mediante un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acompañado de un comité en el que estarán representados el Ejecutivo ceutí, la Delegación del Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional y los servicios de inteligencia. La respuesta estatal incorpora asimismo medidas económicas para la recuperación de la ciudad y nuevos recursos para gestionar una emergencia cuya dimensión excede claramente la capacidad ordinaria de Ceuta.
Es ahí donde la discusión parlamentaria debería empezar a abandonar algunos de los excesos que han dominado agosto. La situación exige control fronterizo y cooperación con Marruecos, pero también procedimientos legales para los retornos, atención humanitaria y garantías específicas para los menores. Convertir cada una de esas obligaciones en una prueba de debilidad del Estado puede resultar electoralmente rentable, pero difícilmente ayuda a resolverlas.
Una semana que también medirá a la oposición
El Congreso no escuchará únicamente al Gobierno. Mañana, miércoles, la Diputación Permanente debatirá las iniciativas registradas por el Partido Popular, incluida su petición para convocar un Pleno extraordinario en el que comparezca Pedro Sánchez. El PP intentará mantener así la presión sobre el presidente después de que las comparecencias ministeriales hayan dejado encauzada buena parte de las explicaciones que reclamaba.
La oposición tiene motivos legítimos para fiscalizar la actuación del Ejecutivo y para exigir respuestas sobre las decisiones adoptadas durante estas semanas. Pero el debate también permitirá comprobar hasta qué punto el PP pretende ejercer ese control sobre hechos comprobados o prolongar el lenguaje de excepcionalidad que ha empleado desde finales de julio.
La diferencia ha adquirido especial relevancia después de que Alberto Núñez Feijóo planteara estudiar un confinamiento por razones sanitarias ante casos de tuberculosis, sarna, varicela y gastroenteritis. Sanidad respondió que la evaluación disponible considera bajo el riesgo de incremento de enfermedades transmisibles para la población residente y defendió medidas de vigilancia, aislamiento de los casos que lo requieran y mejora de las condiciones higiénicas y de alojamiento. La política sanitaria ofrece poco margen para gobernar mediante impresiones.
También existe una cuestión que atravesará varias comparecencias y que probablemente será una de las más delicadas de la semana, la situación de los menores no acompañados. Sira Rego presidirá el jueves la Conferencia Sectorial de Infancia, donde está previsto abordar un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta. El choque político está servido porque el PP insiste en priorizar el retorno, pero la protección de los menores está sometida a garantías legales individualizadas que ninguna declaración política puede abreviar.
Ceuta llega así al Congreso después de un agosto extraordinariamente áspero. Lo hace con problemas todavía pendientes, pero también con decisiones ya adoptadas, nuevos recursos y una estructura reforzada de coordinación. A partir de hoy habrá además algo que durante buena parte del mes se ha reclamado desde casi todos los frentes, explicaciones parlamentarias.
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