La causa judicial por las muertes en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia ha entrado en una fase decisiva. Y lo ha hecho de la forma más incómoda posible para el Gobierno de la Comunidad de Madrid: el propio firmante de los protocolos que bloquearon el acceso de miles de mayores a los hospitales ha señalado directamente a la cúpula sanitaria del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. No a un error técnico, no a una mala interpretación, no al colapso inevitable del sistema, sino a una decisión política conocida, sostenida y no rectificada.
Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, imputado por la presunta discriminación de personas mayores en las residencias, ha declarado ante una jueza que el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sabía que la medicalización de las residencias no funcionaba. Y lo sabía cuando ya estaban muriendo personas sin atención hospitalaria.
El correo que desmiente años de propaganda
El núcleo de la declaración es demoledor. Mur ha confirmado que el 20 de marzo de 2020 envió un correo electrónico a varios altos cargos del Gobierno regional —entre ellos Escudero— alertando de que el plan para tratar a los enfermos en las residencias “no era factible”. No era una duda técnica: era una advertencia explícita de consecuencias mortales. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, escribió.
Ese mensaje dinamita el relato sostenido durante años por el Ejecutivo de Ayuso. Si el Gobierno sabía que el plan no funcionaba y no lo corrigió, la responsabilidad deja de ser administrativa y pasa a ser política. Los protocolos no fueron un accidente: fueron una elección mantenida incluso cuando se conocía su fracaso.
Protocolos discriminatorios con firma política
Los llamados protocolos de triaje limitaron de forma drástica las derivaciones hospitalarias desde las residencias, introduciendo criterios que excluían a personas por su grado de dependencia, discapacidad o deterioro cognitivo. Miles de mayores quedaron atrapados en centros sin recursos médicos suficientes mientras hospitales privados permanecían disponibles y el hospital de campaña de Ifema apenas recibió residentes.
Mur ha intentado descargar parte de la responsabilidad afirmando que él no redactó los protocolos, sino que fueron elaborados por geriatras colaboradores, entre ellos Francisco Javier Martínez Peromingo. Pero esa defensa no borra el hecho esencial: él los firmó y los envió, y lo hizo como parte de una cadena de mando que dependía directamente de la Consejería de Sanidad.
La jueza ha insistido en una cuestión clave: cómo es posible firmar un documento con efectos letales alegando que no se está de acuerdo con su contenido. Esa pregunta resume el corazón del caso: los protocolos se aplicaron porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió aplicarlos.
El fracaso de la medicalización como coartada
Durante lo peor de la pandemia, el Ejecutivo de Ayuso defendió que las residencias estaban siendo medicalizadas y que, por tanto, podían asumir la atención de los enfermos. Mur ha reconocido ahora que esa medicalización nunca fue real. Los refuerzos no llegaron, los medios no existían y, aun así, se mantuvo la orden de no derivar.
Este reconocimiento es clave porque desmonta la coartada central del Gobierno regional: si las residencias no estaban medicalizadas, impedir el traslado a hospitales equivale a negar asistencia sanitaria. No fue un fallo del sistema, fue una política activa de contención hospitalaria a costa de los más vulnerables.
Ayuso y su Gobierno, en el centro del foco
Aunque Isabel Díaz Ayuso no está imputada, la declaración de Mur vuelve a situar a su Gobierno en el epicentro de la tragedia. Las asociaciones de familiares consideran que existen ya elementos suficientes para investigar responsabilidades políticas de alto nivel, incluidas las de la entonces viceconsejera y actual consejera de Sanidad, Ana Dávila.
El hecho de que Escudero sea hoy senador y esté aforado no borra los hechos ni el sufrimiento. La justicia avanza lentamente, pero la verdad judicial empieza a converger con lo que las familias llevan años denunciando: que sus padres y madres no murieron solo por un virus, sino por decisiones políticas que los dejaron sin auxilio.
Una herida que no se cierra
A las puertas de los juzgados siguen concentrándose los familiares con fotografías, nombres y fechas. No piden revancha, piden justicia. La declaración de Carlos Mur no es una exculpación: es una confesión indirecta de que los protocolos no fueron un error aislado, sino parte de una estrategia asumida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los protocolos de las residencias ya no pueden presentarse como un documento técnico mal entendido. Fueron una política pública que discriminó, abandonó y dejó morir. Y, por primera vez, quien los firmó ha señalado hacia arriba. Hacia el poder. Hacia el Gobierno de Ayuso.