La huelga indefinida de la enseñanza pública madrileña ha entrado este lunes, 26 de octubre, en una nueva fase de confrontación con el Gobierno regional. Después de casi dos semanas de movilizaciones, manifestaciones multitudinarias y reiteradas peticiones de diálogo, el Comité de Huelga ha presentado un requerimiento formal a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, para exigir la apertura inmediata de una negociación sobre las reivindicaciones del profesorado y advertir de posibles acciones judiciales si la Administración mantiene su negativa a reconocerlo como interlocutor específico del conflicto.
La iniciativa constituye un nuevo paso en una protesta que comenzó el 14 de octubre y que, lejos de desaparecer, continúa extendiéndose por colegios, institutos y calles de la Comunidad de Madrid. El profesorado reclama menos alumnos por aula, reducción de horas lectivas, mejoras salariales y recursos suficientes para atender las necesidades educativas, mientras denuncia que la Consejería pretende limitar cualquier negociación a los acuerdos que ya mantiene en la Mesa Sectorial.
Desde primera hora, los centros educativos han vuelto a registrar piquetes informativos y acciones reivindicativas. En la plaza de Callao, docentes y profesionales de orientación han organizado una representación con sillas vacías para denunciar la masificación de las aulas y las dificultades para ofrecer una atención individualizada. Posteriormente, cientos de profesores se han concentrado frente a la Consejería, en la calle de Alcalá, donde han reclamado la dimisión de Zarzalejo y exigido que se siente a negociar.
Una obligación legal que la Consejería no puede ignorar
El Comité de Huelga, del que forman parte UGT Servicios Públicos Madrid, CCOO y otras organizaciones sindicales y plataformas educativas, fundamenta su requerimiento en el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, que establece el deber de negociar durante el desarrollo de una huelga con la finalidad de alcanzar un acuerdo.
Las organizaciones convocantes recuerdan que ya en agosto, mucho antes de que comenzaran los paros, trasladaron oficialmente su tabla reivindicativa a la Consejería y solicitaron una reunión que permitiera evitar el conflicto.
Ahora consideran insuficiente que el Gobierno madrileño invoque la existencia de otros espacios de interlocución sin abordar específicamente las demandas que motivaron la convocatoria.
La distinción es relevante. UGT y CCOO también están representados en la Mesa Sectorial, donde existe un acuerdo firmado en abril de 2025, pero el comité sostiene que aquel pacto no resuelve las reivindicaciones aprobadas posteriormente por el profesorado movilizado.
La Consejería defiende que nunca ha dejado de dialogar y que mantiene negociaciones para introducir mejoras, entre ellas la carrera profesional docente. Sin embargo, no ha aceptado abrir la mesa específica que reclaman los convocantes de la huelga.
El requerimiento pretende resolver precisamente esa discrepancia antes de acudir a los tribunales. Todavía no existe una resolución judicial que declare que la actuación de la Administración haya incumplido el deber legal de negociación.
Zarzalejo encuentra tiempo para la concertada
Uno de los principales motivos de indignación del profesorado ha sido conocer que la Consejería tiene prevista para este martes una reunión con representantes de la enseñanza privada y concertada, concretamente con FSIE Madrid.
El Comité de Huelga ha subrayado que no cuestiona las reivindicaciones laborales de estos trabajadores, que también llevan tiempo reclamando mejoras, pero considera difícil justificar que la Administración encuentre disposición para reunirse con ese sector mientras rechaza la interlocución específica solicitada por quienes mantienen la huelga en los centros públicos.
Para los convocantes, esta diferencia pone de manifiesto las prioridades de la política educativa regional y refuerza sus críticas a la derivación de recursos públicos hacia modelos de gestión privada.
El objetivo que defienden es avanzar hacia una enseñanza pública universal, inclusiva y suficientemente financiada, capaz de garantizar la igualdad de oportunidades con independencia de la situación económica de las familias.
Menos alumnos, más profesorado y salarios dignos
Las reivindicaciones abarcan problemas que se acumulan desde hace años. Entre las principales figuran reducir las ratios hasta 13 estudiantes en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato, además de mejorar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
También solicitan establecer 17 horas lectivas semanales en Secundaria y Formación Profesional y 22 en Primaria, aliviar la carga burocrática y reforzar los equipos de orientación.
En materia salarial, reclaman un incremento de 600 euros mensuales y medidas que compensen el elevado coste de vida de Madrid. A estas demandas se añaden mejoras en infraestructuras, climatización de las aulas, retirada del amianto y recursos para los centros de especial complejidad.
La Consejería considera económicamente inasumible el conjunto de propuestas y calcula que su aplicación elevaría hasta casi el 75% la parte del presupuesto educativo destinada a nóminas. Se trata de una estimación del Ejecutivo autonómico, que los convocantes cuestionan al defender una mayor inversión y la aplicación progresiva de mejoras.
El desacuerdo presupuestario constituye uno de los obstáculos principales para resolver el conflicto, pero no elimina la necesidad de examinar las reivindicaciones y buscar posibles fórmulas de acuerdo.
La movilización suma a las familias y prepara nuevas protestas
La tercera semana de huelga llega después de la manifestación del pasado jueves, que reunió a unas 20.000 personas según la Delegación del Gobierno. Como informó Diario Sabemos, el profesorado respondió con un coro rociero a las descalificaciones de Isabel Díaz Ayuso y exigió la dimisión de la consejera.
El sábado, centenares de madres y padres volvieron a concentrarse ante Educación para expresar su respaldo a los docentes. La incorporación de las familias muestra que el conflicto no se limita a una reclamación salarial, sino que afecta a las condiciones en las que estudian miles de niños y adolescentes.
El calendario continúa con asambleas el martes, movilizaciones descentralizadas el miércoles y una nueva manifestación el jueves 29, desde Atocha hasta la Consejería. El viernes está prevista otra asamblea general en la plaza de España.
UGT Servicios Públicos Madrid y las demás organizaciones del Comité mantienen su disposición a negociar, con el compromiso de someter las posibles propuestas a los procedimientos de decisión del profesorado.
La Consejería se encuentra ante una decisión que ya no puede aplazar indefinidamente: abrir una negociación específica para intentar resolver el conflicto o afrontar nuevas actuaciones judiciales mientras la huelga continúa.
Galeria de fotos de la Huelga indefinida de la enseñanza pública
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