En Teruel, Pedro Sánchez verbalizó lo que desde hace meses se percibe en el Congreso y en las comunidades autónomas: el Partido Popular ha renunciado a sostener una posición propia en inmigración y ha optado por acompasarse al discurso de Vox, incluso cuando eso implica desmentirse a sí mismo.
El reproche no es nuevo, pero esta vez se produce en un contexto especialmente incómodo para el PP. Los populares apoyaron en 2024 la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a cientos de miles de personas migrantes. No fue un gesto retórico. Fue un voto explícito, consciente, en un Parlamento fragmentado donde cada posición cuenta. Hoy, ese mismo partido guarda silencio o se sitúa en el rechazo frontal, no porque haya cambiado la realidad económica o social, sino porque ha cambiado el marco político que le impone Vox.
La alusión de Sánchez a la regularización masiva aprobada por el Gobierno de José María Aznar no fue casual. Aquella decisión, que benefició a más de medio millón de personas, se adoptó en un contexto de crecimiento económico y con el respaldo de sectores empresariales que reclamaban mano de obra. No hubo entonces discursos sobre colapso de servicios públicos ni advertencias sobre la identidad nacional. España “iba bien”.
Hoy, con indicadores de empleo más sólidos, mayor afiliación a la Seguridad Social y una economía que depende de manera estructural de trabajadores extranjeros en sectores clave, el PP sostiene el argumento contrario. No se trata de una revisión crítica de aquella política, sino de una amnesia selectiva que solo se activa cuando la extrema derecha señala el camino.
“Vox tira del ronzal y el PP allá que va”. La expresión, pronunciada en un mitin, tiene una lectura más profunda que la caricatura electoral. Resume una relación de dependencia que se repite en otros ámbitos: violencia de género, política europea, comercio internacional o transición ecológica. El patrón es reconocible. El PP firma acuerdos, vota resoluciones o adopta posiciones moderadas mientras el foco está lejos. Cuando Vox convierte el asunto en bandera identitaria, los populares retroceden.
No es una estrategia de contención del extremo. Es asimilación progresiva. El resultado es un partido que no explica su cambio de postura ni lo defiende con datos, sino que se limita a acompañar el ruido.
Inmigración sin política
La consecuencia más visible de esta deriva es la ausencia de una propuesta alternativa. El PP no plantea un modelo distinto de gestión migratoria. No discute los requisitos, los plazos o los mecanismos administrativos de la regularización. Tampoco ofrece soluciones a la escasez de mano de obra que reconocen las patronales o los ayuntamientos. Se limita a negar, a cuestionar la oportunidad o a refugiarse en consignas genéricas.
Ese vacío es significativo. En un país descentralizado, donde comunidades autónomas y municipios gestionan buena parte de los servicios afectados, la falta de una posición clara no es neutral: traslada el problema a otros niveles de gobierno y alimenta la incertidumbre.
La campaña
Sánchez vinculó esta incoherencia a un clima político marcado por el insulto y la descalificación personal, que ha tenido como uno de sus blancos a Pilar Alegría en Aragón. No es un apunte menor. La campaña se ha convertido en el argumento para justificar cualquier renuncia programática. Todo vale si sirve para no perder terreno frente a Vox.
En ese contexto, la defensa explícita del ministro Óscar Puente frente a las críticas del PP por los accidentes ferroviarios introduce otro contraste. Mientras el Gobierno asume responsabilidades políticas y comparece, la oposición opta por la acusación sin propuesta, incluso cuando los hechos desmienten los relatos más alarmistas difundidos en redes y determinados medios.
Modelos en disputa
El presidente del Gobierno insistió en que la disyuntiva no es retórica. Hay dos formas de entender el poder público. Una que asume la intervención del Estado cuando el mercado no corrige desigualdades y otra que se desentiende de esa función mientras utiliza el conflicto cultural como cortina de humo. En inmigración, esa diferencia se traduce en ordenar una realidad existente o negarla para contentar a un aliado incómodo.
El PP ha elegido lo segundo. No porque carezca de experiencia de gobierno, sino porque ha decidido subordinarla a una competición interna por el liderazgo de la derecha. La regularización de migrantes, lejos de ser una anomalía, se ha convertido así en el espejo donde se refleja una pérdida más amplia: la de la autonomía política frente al extremo.
Y esa dependencia, más que cualquier discurso, es hoy el principal problema de la oposición conservadora.