El abandono de la CEOE de la mesa de diálogo sobre el despido marca otro capítulo en la ofensiva empresarial contra las reformas laborales. La decisión de Antonio Garamendi llega en pleno proceso de revisión de las normas para adecuarlas a la Carta Social Europea, y evidencia el choque entre quienes quieren avanzar hacia una mayor protección del empleo y quienes se resisten a cualquier cambio.
La huida estratégica de la patronal
Ni tres días ha durado el gesto de diálogo. La CEOE, presidida por Antonio Garamendi, anunció que no participará en la mesa para reformar la regulación del despido. Según su argumento, el proceso parte de una “premisa falsa”: que España incumple la Carta Social Europea por mantener una indemnización insuficiente ante un despido improcedente.
En otras palabras, si la realidad incomoda, se niega. La patronal elige el portazo antes que la discusión. Lo hace justo cuando el Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido que el sistema español no garantiza una compensación que repare el daño ni disuada al empleador de despedir de forma arbitraria. La posición de Garamendi no es nueva. Desde que la reforma laboral de 2021 consolidó los equilibrios del llamado “diálogo social”, la CEOE se ha movido en un terreno táctico: negociar cuando el resultado es favorable y ausentarse cuando no controla la agenda. El abandono de esta mesa responde al mismo patrón.
Diálogo social o simulacro
El Ministerio de Trabajo mantiene abierta la negociación con los sindicatos, pero la retirada patronal deja al descubierto una tensión de fondo: qué entiende cada actor por “diálogo”. Para la CEOE, parece consistir en asistir mientras nada cambie. En su intervención ante la asamblea de las pymes, Garamendi acusó al ministerio de “trufar la normativa con reglamentos” y de actuar “en sentido contrario” a las necesidades empresariales. También criticó que Trabajo busque “cambiar lo que ya dijeron los tribunales” o incluso lo aprobado por el Parlamento.
El discurso revela un giro en el discurso interesante: la patronal, que siempre ha defendido la desregulación como valor supremo, apela ahora a la letra de la ley como escudo. La seguridad jurídica se convierte en refugio cuando peligra la ventaja estructural. Mientras tanto, los sindicatos preparan su estrategia para la siguiente reunión, conscientes de que la patronal intenta vaciar la mesa antes de que se discuta el fondo: la adecuación de las indemnizaciones a los estándares europeos y la posible reparación individual del daño sufrido en cada despido.
La disputa sobre la “seguridad jurídica”
El argumento empresarial pivota sobre una idea repetida: el sistema actual “funciona”. El Tribunal Supremo lo avaló este verano al considerar que las indemnizaciones fijadas por ley —33 días por año trabajado— ofrecen uniformidad y previsibilidad.
Esa uniformidad, sin embargo, es también su límite. La compensación se aplica igual en todos los casos, sin medir el daño real, las circunstancias personales o el grado de arbitrariedad del despido. Lo que para las empresas es seguridad, para quien pierde su empleo puede ser simplemente indemnización de trámite. La doctrina europea no discute la necesidad de estabilidad jurídica, sino el derecho a una reparación efectiva. La diferencia es más que semántica: supone pasar de un sistema que calcula costes a otro que reconoce daños. Y ese salto, para la patronal, resulta inasumible.
Microempresas, carga normativa y relato de víctimas
En paralelo, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa ha vuelto a insistir en la necesidad de “simplificar la normativa”. Su presidenta, Ángela de Miguel, advierte de que las microempresas “no pueden soportar más carga burocrática ni fiscal”. El argumento es reconocible: el del pequeño empresario convertido en héroe asfixiado por la regulación.
Pero bajo esa retórica se desliza una confusión deliberada. Lo que se presenta como exceso de burocracia suele encubrir resistencia a cualquier política de protección laboral. Es el viejo recurso de hablar en nombre del débil para blindar al fuerte.
La patronal grande y la pequeña coinciden en un mismo punto: que el coste laboral —no la desigualdad— es el problema. Y en esa coincidencia se entiende el sentido real de su retirada: no se trata de una discrepancia técnica, sino de una negativa política a redistribuir el poder dentro del trabajo.
La mesa que sigue vacía
El Gobierno mantiene abierta la negociación, con la intención de avanzar aunque falte uno de los interlocutores. Lo que se discute no es solo una cifra de indemnización, sino el modelo de relaciones laborales que España quiere consolidar tras décadas de reformas a la baja.
El vacío de la patronal no es ausencia: es estrategia. Un modo de afirmar poder a través de la negativa. Garamendi lo sabe. Al levantarse de la mesa, deja claro que su influencia no se mide por los acuerdos que firma, sino por los que logra impedir.