Pagar mejor y contratar más: la letra pequeña del nuevo pacto salarial

Hacienda introduce un incentivo fiscal progresivo para las empresas que suban salarios y amplíen plantilla, en un intento de desbloquear el acuerdo sobre el SMI y desplazar el debate del coste al diseño del empleo

29 de Enero de 2026
Actualizado el 02 de febrero
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Pagar mejor y contratar más: la letra pequeña del nuevo pacto salarial
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la comparecencia en la que ha expuesto el nuevo sistema de financiación autonómica

El Gobierno ha decidido mover una pieza que hasta ahora nadie quería tocar: ligar la subida del salario mínimo no solo a la justicia salarial, sino también a la estructura fiscal de las empresas. La propuesta que Hacienda ha puesto sobre la mesa para 2026 no es un regalo ni un castigo, sino un sistema de compensaciones condicionado a un requisito incómodo para parte del empresariado: contratar más y pagar mejor al mismo tiempo. El diseño técnico del incentivo revela que el debate ya no está en el SMI, sino en el modelo laboral que lo rodea.

El plan, adelantado en la negociación con los agentes sociales, parte de una premisa sencilla: si el salario mínimo sube hasta los 1.221 euros mensuales, el Estado puede absorber parte de ese coste… siempre que la empresa no lo haga a costa del empleo. La fórmula elegida es una reducción en la base imponible del Impuesto de Sociedades que crece en función del aumento de plantilla. No se trata de una deducción automática, sino de una ingeniería fiscal condicionada al comportamiento empresarial.

Incentivo con condiciones

La arquitectura del mecanismo está pensada para evitar el viejo truco: subir sueldos a unos pocos y congelar contrataciones. Solo podrán aplicarlo las empresas que, además de pagar salarios por encima del SMI, incrementen su plantilla media anual. El umbral es bajo para las pequeñas —basta con un trabajador más— y más exigente para las grandes, que deberán crecer al menos un 1% o incorporar dos empleados a tiempo completo.

El incentivo se vuelve más generoso a medida que crece la plantilla: desde un 25% de compensación fiscal de la subida del SMI si el aumento es menor del 5%, hasta el 100% si supera el 15%. Y no basta con un año virtuoso: el empleo debe mantenerse durante dos ejercicios más, o la empresa deberá devolver el beneficio con intereses. No hay margen para el oportunismo contable, al menos sobre el papel.

Este punto es clave. Hacienda ha diseñado el incentivo como una cláusula de estabilidad laboral, no como una bonificación coyuntural. El mensaje implícito es que el salario mínimo deja de ser un problema si deja de ser el techo. Lo que se estimula no es pagar el SMI, sino salir de él.

Un mensaje a la patronal

La propuesta tiene también una lectura política: el Ejecutivo asume que la CEOE no se mueve por apelaciones morales, pero sí por balances. Al trasladar la subida salarial al terreno fiscal, el Gobierno desplaza el conflicto del coste laboral al diseño del empleo. La discusión deja de ser cuánto sube el SMI y pasa a ser qué tipo de empresa quiere sobrevivir en el nuevo ciclo económico.

En la práctica, el incentivo penaliza el modelo de bajos salarios sostenido por plantillas mínimas y alta rotación, y premia a las empresas que apuesten por estabilidad y escalado salarial. Es una forma indirecta de intervenir en la estructura productiva sin hacerlo por decreto. Más regulación por cálculo que por imposición.

El SMI como frontera

Desde que el salario mínimo empezó a subir de manera sostenida, una parte del tejido empresarial lo ha convertido en referencia absoluta: se paga lo mínimo y se ajusta el resto. El Ministerio de Trabajo lleva años intentando romper ese efecto frontera. Esta vez lo hace por la vía de Hacienda, con una herramienta que suele ser más persuasiva que cualquier discurso: la base imponible.

No es casual que la reducción fiscal se aplique solo a los trabajadores que cobran por encima del SMI. El incentivo no protege el salario mínimo: lo vuelve insuficiente como modelo de negocio. El objetivo no es compensar a quien paga poco, sino empujar a quien quiere pagar algo más a hacerlo sin miedo al impacto inmediato en costes.

La negociación se juega ahora en un terreno incómodo para la patronal. Si acepta, reconoce implícitamente que el problema no era el salario, sino la organización del empleo. Si se levanta de la mesa, deja claro que su resistencia no era económica, sino estructural. En ambos casos, el Gobierno ha logrado algo poco habitual: convertir una subida salarial en un debate sobre el modelo de empresa, no sobre el coste del trabajador.

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