Óscar Puente compareció en el Senado tras los accidentes de Adamuz y Gelida con un tono que incomoda a la oposición: el de quien explica, asume y no se esconde. Y eso, en la política española actual, ya es una anomalía suficiente como para pedir una dimisión.
Hay ministros que dimiten por no comparecer y otros a los que se les exige la cabeza por hacerlo. Óscar Puente pertenece a la segunda categoría. Desde que llegó a Transportes, el ferrocarril —infraestructura crítica, envejecida, sometida a temporales extremos y a décadas de decisiones aplazadas— se ha convertido en el escenario favorito del PP para ensayar una oposición sin matices: todo es culpa del ministro, incluso lo que ocurre mientras el ministro está en la vía.
Puente lo dijo sin rodeos en el Senado: le piden la dimisión porque molesta. No es una frase defensiva, sino descriptiva. Molesta un ministro que comparece sin delegar, que viaja a los lugares del accidente, que exige informes, que ordena ceses y que llama desinformación a lo que es desinformación. En un país donde el manual no escrito de la responsabilidad pública consiste en desaparecer, dar explicaciones se ha convertido en una provocación.
Gestión bajo presión real
Desde el accidente de Adamuz, el Ministerio ha activado todos los protocolos que la ley permite: investigación judicial, comisión técnica independiente, revisión de soldaduras, inspección extraordinaria de tramos críticos y sustitución inmediata de responsables operativos. Nada de eso repara una muerte, pero sí evita que el sistema se degrade en silencio, que es como se estropean de verdad las cosas en este país.
El PP, en cambio, ha elegido un atajo más rentable: convertir la tragedia en relato. Da igual que los sistemas de seguridad funcionaran, que las alarmas saltaran o que la investigación esté en marcha. La consigna es simple: repetir “dimisión” hasta que suene a argumento. Es el mismo método que se usa con la DANA, con la sanidad, con la vivienda o con cualquier ámbito donde la complejidad impide soluciones instantáneas.
La diferencia es que aquí hay un ministro que no se esconde detrás de un plasma ni delega en portavoces. Puente comparece, discute, explica y señala bulos con nombre y apellidos. Y eso, en el ecosistema político actual, se paga caro.
El ruido como política
Las acusaciones sobre “carriles chinos”, trenes auscultadores abandonados o fondos desviados a Marruecos no son errores informativos, son mensajes. Están diseñados para construir una idea simple y peligrosa: que el Estado no funciona. Puente lo dijo con claridad: la desinformación no es un daño colateral, es una herramienta. Y no beneficia a las víctimas, sino a quienes necesitan que todo parezca un desastre para justificar soluciones simples a problemas complejos.
Mientras tanto, el Ministerio sigue trabajando en un contexto que casi nunca se explica: una red ferroviaria sometida a fenómenos extremos, mantenimiento diferido y presión de uso creciente, especialmente en cercanías. Arreglar eso no es un gesto, es un proceso. Y los procesos no caben en un tuit, pero sí en una comparecencia larga, incómoda y llena de datos.
La insistencia del PP en equiparar esta gestión con otras catástrofes mal atendidas revela más de quien compara que de lo comparado. Aquí hay un ministro que duerme tres horas, que pisa la vía, que pide informes y que cesa cargos. No hay silencio, no hay ocultación, no hay negación. Hay gestión bajo presión, que es lo que suele ocurrir cuando alguien se toma el cargo en serio.
En el fondo, el problema no es Óscar Puente. El problema es que su manera de actuar deja en evidencia a quienes, durante años, confundieron responsabilidad con ausencia y gobierno con inercia. Por eso molesta. Por eso piden su dimisión. Y por eso, precisamente, no la concede.