Benjamin Netanyahu eligió una formulación calculada para dirigirse al Parlamento: Israel “no es una democracia perfecta”. No lo dijo como autocrítica, sino como coartada. La imperfección, en su discurso, no es un déficit que deba corregirse, sino una consecuencia inevitable de vivir en estado de alerta permanente. Bajo esa premisa, el jefe del Ejecutivo volvió a presentar la excepcionalidad como norma y la erosión institucional como un peaje asumible.
La intervención se produjo en un contexto de desgaste interno y aislamiento exterior. Tras meses de contestación social por la reforma judicial y con la guerra convertida en eje absoluto de la política nacional, Netanyahu optó por un mensaje defensivo: menos democracia, sugirió, no significa menos legitimidad cuando el país se enfrenta a “desafíos que ninguna otra nación conoce”.
La democracia como herramienta, no como límite
El primer ministro apeló a una idea recurrente en su retórica: la democracia no como un sistema de contrapesos, sino como un mandato plebiscitario que todo lo habilita. Las elecciones, insistió, son el único mecanismo decisorio real. El resto —tribunales, prensa crítica, movilización social— aparece en su discurso como ruido, cuando no como obstáculos.
Ese planteamiento explica la paradoja central del momento israelí: un Gobierno elegido que trabaja de forma sistemática para debilitar los controles que acotan su poder. La reforma judicial, congelada y reactivada a conveniencia, no es un episodio aislado, sino parte de una estrategia más amplia para subordinar el sistema institucional al Ejecutivo. Netanyahu habló de “equilibrio entre ramas”, pero su trayectoria reciente apunta en la dirección contraria.
Un Parlamento ruidoso y un poder cada vez más compacto
Netanyahu dijo preferir un Parlamento “ronco” a uno silenciado. La frase buscaba proyectar tolerancia al disenso, aunque la realidad parlamentaria cuenta otra historia: mayorías disciplinadas, oposición arrinconada y un debate público tensionado por la acusación constante de deslealtad. El ruido, en este contexto, no se traduce en capacidad de influencia.
El mensaje es coherente con la lógica de su Gobierno: aceptar la forma democrática mientras se vacía parte de su contenido. La pluralidad se tolera, pero no se incorpora; la crítica se escucha, pero no se integra. En paralelo, la presión sobre medios de comunicación y el descrédito sistemático de jueces y fiscales refuerzan una narrativa en la que cualquier límite al Ejecutivo se presenta como una amenaza existencial.
Netanyahu volvió a situar a Israel en un escenario de asedio permanente. “Con los enemigos a las puertas”, dijo, la democracia debe servir para garantizar resiliencia y estabilidad. El razonamiento no es nuevo, pero sí cada vez más explícito: la seguridad nacional justifica la concentración de poder y la postergación de derechos.
Ese marco tiene consecuencias internas profundas. La protesta social contra la reforma judicial fue leída por el Gobierno no como una expresión democrática, sino como un factor de inestabilidad. El resultado es una democracia defensiva, donde el Ejecutivo se arroga la capacidad de decidir qué derechos son prescindibles y cuándo.
Al admitir que Israel no es una democracia perfecta, Netanyahu no abrió un debate sobre cómo mejorarla. Hizo lo contrario: convirtió esa imperfección en doctrina política. En su relato, la excepcionalidad no es transitoria, sino estructural. Y cuando la excepción se vuelve permanente, la democracia deja de ser un sistema de garantías para convertirse en un instrumento al servicio del poder.
El discurso parlamentario no buscó cerrar heridas ni rebajar la polarización. Fue, más bien, una reafirmación de rumbo. Con una sociedad exhausta y unas instituciones tensionadas, el primer ministro volvió a apostar por una idea simple y eficaz: frente al miedo, menos controles; frente a la crítica, más autoridad. Sin grandilocuencia, pero con precisión quirúrgica.