Javier Milei ha vuelto a España con su motosierra ideológica, dispuesto a repartir insultos, proclamar las supuestas virtudes de su revolución económica y ofrecer a la derecha española una receta que presenta como el camino hacia la prosperidad. Su intervención en Nueva Economía Fórum no fue simplemente una conferencia sobre Argentina. Fue una declaración política dirigida también a España, en la que llegó a pedir que se sacara «a los socialistas a patadas» y calificó a Pedro Sánchez de «impresentable dictador».
El presidente argentino se presentó como defensor de la libertad mientras descalificaba a sus adversarios, acusaba sin pruebas al Gobierno español de promover la inmigración por intereses electorales y exhibía su amistad con Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso. Su discurso merece ser examinado más allá de sus exabruptos, porque detrás de la provocación existe un proyecto económico y político con consecuencias comprobables.
La cuestión no es que España vaya a reproducir necesariamente el modelo argentino. La cuestión es qué ocurre cuando la reducción del Estado se convierte en un objetivo político en sí mismo y cuando la defensa de la libertad empieza a convivir con decisiones que restringen derechos o condicionan la creación cultural.
La motosierra también tiene consecuencias sociales
Milei asegura haber salvado Argentina de la hiperinflación, reducido la pobreza y abierto una etapa de prosperidad. Es cierto que la inflación ha descendido considerablemente desde los niveles heredados y que la pobreza se encuentra por debajo de la registrada al final de 2023. Pero esa fotografía, presentada sin contexto, deja fuera una parte importante de la realidad.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino, la pobreza afectaba al 41,7 % de la población urbana medida en el segundo semestre de 2023, ascendió al 52,9 % durante los primeros seis meses de 2024 y bajó posteriormente al 28,2 % al terminar 2025. Sin embargo, en el primer semestre de 2026 volvió a aumentar hasta el 32,3 %. La inflación interanual seguía siendo del 33,4 % en septiembre.
Son datos incompatibles con la imagen de un país cuyos problemas sociales hubieran quedado resueltos mediante la motosierra.
Además, los conflictos por la financiación universitaria muestran otra consecuencia de las políticas de ajuste. El Gobierno argentino ha mantenido suspendida la aplicación de una ley destinada a reforzar los recursos de las universidades públicas, pese a las reclamaciones de estudiantes y docentes.
La discusión de fondo no es si las administraciones deben utilizar eficientemente los recursos, una exigencia perfectamente legítima, sino si el equilibrio presupuestario puede convertirse en una justificación permanente para limitar servicios esenciales.
La motosierra no distingue por sí sola entre gasto innecesario e inversión social. Esa distinción depende de las decisiones de quienes la manejan.
Del experimento argentino a los pactos españoles
Milei no oculta sus afinidades políticas en España. Su respaldo a Abascal y Ayuso obliga a examinar las coincidencias ideológicas, aunque no permita afirmar que todos los proyectos de la derecha española sean idénticos al argentino.
El problema adquiere especial relevancia cuando se observan las decisiones de gobiernos autonómicos integrados por el Partido Popular y Vox.
En Castilla y León, la Consejería de Cultura, gestionada por Vox dentro del Gobierno de coalición, ha introducido en las ayudas públicas al cine una cláusula que excluye proyectos considerados de «adoctrinamiento ideológico», propaganda partidista o apoyo expreso a determinadas opciones políticas.
Sus responsables defienden la medida en nombre de la neutralidad institucional. Sin embargo, la falta de criterios precisos para determinar qué constituye adoctrinamiento suscita una pregunta fundamental: ¿quién decidirá qué obras son ideológicamente aceptables y cuáles merecen quedarse sin financiación?
No se trata de una preocupación abstracta. En 2023, la cancelación de una adaptación teatral de Orlando, de Virginia Woolf, en Valdemorillo, provocó una denuncia de censura por parte de la compañía. El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, negó aquella interpretación y alegó motivos económicos.
Son episodios diferentes, pero ambos muestran cómo las decisiones administrativas sobre programación y financiación cultural pueden abrir conflictos sobre la libertad de creación.
La libertad proclamada y la libertad efectivamente ejercida
Existe una contradicción política que merece atención. Milei identifica la libertad con la disminución de la intervención estatal, pero esa definición económica no agota las libertades que sostienen una democracia.
La libertad también comprende la posibilidad de disentir del Gobierno, ejercer derechos laborales, desarrollar proyectos culturales sin discriminación ideológica y disponer de instituciones capaces de garantizar servicios públicos.
Cuando una administración introduce criterios políticos ambiguos para seleccionar qué películas pueden recibir ayudas, aparece un riesgo para el pluralismo. Cuando un dirigente convierte sistemáticamente a sus adversarios en enemigos de la nación, deteriora las condiciones del debate democrático.
Y cuando se presenta la protección social exclusivamente como una carga económica, se corre el riesgo de olvidar que las desigualdades materiales también condicionan el ejercicio real de la libertad.
Los acuerdos de gobierno entre PP y Vox deben juzgarse por sus medidas concretas, no por una culpabilidad automática derivada de sus afinidades internacionales. Precisamente por eso resultan relevantes las decisiones ya adoptadas sobre cultura, derechos sociales y distribución de recursos.
El futuro no está escrito, pero las señales ya existen
El mayor peligro de los discursos políticos construidos alrededor de la motosierra es su aparente sencillez. Prometen acabar con privilegios, burocracia y despilfarro, pero rara vez explican con la misma claridad qué servicios dejarán de financiarse, quién soportará las consecuencias y qué derechos pueden verse afectados.
España dispone de un marco constitucional, unas instituciones y unas condiciones sociales distintas de las argentinas. No hay fundamento para afirmar que un hipotético Gobierno del PP y Vox aplicaría exactamente el programa de Milei. Sí existen razones para examinar con rigor sus propuestas, sus acuerdos y las restricciones que algunas administraciones ya han introducido.
La experiencia argentina demuestra que la reducción de la inflación puede convivir con dificultades sociales graves y conflictos por la financiación pública. La experiencia de determinados gobiernos autonómicos españoles demuestra que las proclamas sobre la libertad pueden acompañarse de decisiones controvertidas sobre los límites de la expresión cultural.
El futuro preocupante no tiene por qué comenzar con una gran prohibición ni con el derribo inmediato del Estado del bienestar. Puede construirse mediante decisiones sucesivas sobre presupuestos, derechos, subvenciones y acceso a servicios esenciales.
Por eso resulta imprescindible examinar lo que se promete, lo que se acuerda y, sobre todo, lo que finalmente se hace. La libertad no se mide por el ruido de una motosierra ni por la contundencia de un discurso, sino por los derechos que pueden ejercer efectivamente los ciudadanos.
Y una democracia no es más libre porque sus gobernantes hablen constantemente de libertad, sino porque sean capaces de garantizarla también a quienes discrepan de ellos.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.