El BOE publica cosas raras. A veces, incluso, publica justicia lenta. Este jueves ha declarado Lugar de Memoria Democrática el monumento dedicado a los abogados laboralistas asesinados en la calle Atocha en enero de 1977. Han pasado 49 años. No es una cifra redonda, pero sí lo bastante larga como para que el gesto no suene a gesto, sino a una reparación tardía que llega cuando ya nadie puede discutir que aquello fue un crimen político y no un accidente histórico.
El papel oficializa lo que ya sabía cualquiera que se detuviera un minuto frente a ese portal: que allí no solo murieron cinco personas, sino una idea de país que todavía estaba naciendo y que fue atacada por quienes no aceptaban perder el poder ni siquiera cuando ya lo habían perdido.
Cuando el Estado se atreve a nombrar
La declaración convierte el monumento en espacio protegido, señalizado, inscrito en el mapa de la memoria pública. Es un acto administrativo, sí. Pero también es otra cosa: el reconocimiento de que la democracia española se construyó bajo amenaza real, con muertos reales, y que algunos de esos muertos defendían derechos laborales en despachos sin calefacción mientras otros acumulaban pistolas y nostalgia del régimen.
Durante años, el recuerdo de Atocha se gestionó como un ritual: homenajes, flores, discursos. Pero nunca como política de Estado. Ahora, al incorporarlo a la red de Lugares de Memoria, el Gobierno hace algo poco frecuente: convertir el pasado incómodo en obligación institucional, no en conmemoración voluntaria.
Un crimen que ordenó la historia
El asesinato de los abogados —cometido por un comando de ultraderecha cuando el PCE estaba a punto de ser legalizado— aceleró más cosas de las que se cuentan en los manuales. No solo empujó la transición hacia delante: obligó a elegir bando a quienes todavía dudaban. El funeral multitudinario fue, probablemente, la primera demostración de que la calle ya no tenía miedo.
Que casi medio siglo después el Estado diga oficialmente “esto ocurrió y fue por esto” tiene algo de ajuste de cuentas con la amnesia selectiva que durante años confundió reconciliación con silencio. La memoria democrática no consiste en abrir heridas, como se repite en tertulias, sino en evitar que se cierren en falso.
La memoria que molesta poco
El monumento de Atocha no es grandilocuente, no ocupa plazas monumentales ni reclama atención. Está donde estuvo el crimen. Y esa discreción —casi incómoda— explica también el retraso. La memoria democrática suele avanzar cuando no molesta demasiado. Por eso el gesto llega ahora, en frío, sin estridencias, sin debate parlamentario, sin oposición airada.
Quizá ese sea su mayor valor: que el reconocimiento ya no necesita permiso.
El BOE lo ha escrito con el lenguaje aséptico de los boletines. Pero lo que queda dicho, por fin, es otra cosa: que aquellos abogados no murieron por casualidad, que no eran daños colaterales de una transición modélica, y que la democracia española también se levantó sobre despachos llenos de expedientes y cuerpos caídos en una escalera.