La figura de Manuel Marchena vuelve al centro del escenario tras su voto determinante en la condena a Álvaro García Ortiz. No es la primera vez que su nombre copa titulares, aunque esta vez el foco se desplaza también hacia su entorno más cercano, donde se acumulan historias que, sin ser estrictamente ilegales, sí componen un paisaje difícil de ignorar. Mientras tanto, el discurso sobre la pureza institucional avanza sin que nadie parezca darse por aludido.
No es necesario ser especialista en Derecho para advertir que cada cierto tiempo, cuando la Justicia atraviesa un momento especialmente delicado —como la condena al fiscal general del Estado—, el apellido Marchena reaparece con la puntualidad del correo certificado. Primero él, con un voto que cambia el rumbo del proceso; después, sus hijos, que parece que traen un capítulo nuevo bajo el brazo justo cuando el anterior aún no se ha cerrado.
La escena comienza por el propio magistrado. Preside una Sala que ha resuelto algunos de los casos más complejos de la última década, y siempre lo hace con ese tono serio que invita a pensar que todo está perfectamente ordenado. Pero la memoria funciona, y las decisiones anteriores regresan como quien toca a la puerta para recordar que no todas las resoluciones han sido tan simétricas como el lenguaje técnico sugiere.
Por ejemplo, aquel caso de 2014, cuando se desestimó la querella de un militar porque, según razonó la Sala, la revelación de datos personales no constituía ninguna vulneración relevante. O el asunto del juez cántabro al que se le revocó la condena por otro episodio de revelación de antecedentes. La aplicación del tipo penal nunca ha sido un camino recto; eso lo saben todos los juristas. Pero que la línea describa curvas tan diferentes según el caso es algo que, inevitablemente, vuelve al debate público. Y aquí es donde hace entrada la familia.
El mayor de los Marchena, abogado, alcanzó notoriedad reciente al defender al Pequeño Nicolás, sí, ese personaje que ya forma parte del patrimonio nacional de lo surrealista. Este Marchena Jr. logró una rebaja de la pena y una absolución parcial en el Supremo. Nada que objetar, los abogados están para eso. Pero la coincidencia temporal —el apellido, la Sala, el padre al frente— invita a una sonrisa discreta, del tipo que uno intenta disimular cuando recuerda un viejo chiste.
Más llamativa fue la historia de Sofía Marchena, que consiguió su plaza en la carrera fiscal gracias a una vacante “adicional” que no figuraba en la convocatoria original. Una plaza que apareció como esas sillas extra que alguien trae de la cocina cuando llegan más invitados de los previstos. Las asociaciones judiciales pidieron explicaciones con insistencia, porque su expediente presentaba variaciones difíciles de justificar sin un manual al lado. El CGPJ y la Fiscalía defendieron la plena legalidad del procedimiento, faltaría más. Pero ahí quedó la discusión, porque en España hay asuntos que, aunque acaben archivados, sobreviven en forma de gesto levantado: sí, sí, pero explíquelo bien. Nada fue ilegal, se insiste. Pero hay decisiones que no necesitan vulnerar la ley para generar cierta estela: basta con que no encajen del todo en el sentido común compartido.
Marchena, siempre extremadamente cuidadoso con las formas, nunca hace referencia a estos asuntos. Tampoco tiene por qué. Pero la acumulación de episodios alrededor de su figura —su voto decisivo en el fallo contra García Ortiz, la trayectoria de sus hijos, los precedentes doctrinales que hoy parecen contradecirse— no ayuda a consolidar una imagen de serenidad institucional en un momento en el que la Justicia la necesitaría con urgencia.
La cuestión no es, por tanto, la legalidad de cada episodio aislado, sino algo más incómodo: la acumulación. Y aquí los Marchena vuelven a comparecer sin haber sido citados. Un voto determinante, un hijo que reduce penas en la misma casa que dirige el padre, una hija que obtiene una plaza que apareció como aparece la vajilla buena cuando vienen visitas. No hay infracción punible en tener hijos exitosos; tampoco en que esos éxitos generen conversación pública. Lo que sí produce cierta fricción es la sensación de que el perímetro institucional es un poco más poroso cuando el apellido es uno concreto.
En un contexto distinto, probablemente nadie dedicaría más de dos párrafos a estas coincidencias. Pero ocurre que el voto de Marchena ha sido decisivo para condenar a un fiscal general por un delito cuya aplicación, en la propia trayectoria del magistrado, ha tenido una flexibilidad que ahora contrasta. Es esa asimetría silenciosa la que abona la duda, incluso entre quienes prefieren pasar de puntillas por este tipo de temas.
Mientras tanto, el discurso de pureza institucional continúa. Se habla de independencia judicial como si fuera una virtud autosuficiente, inmune a cualquier revisión. Y, sin embargo, la realidad demuestra que las instituciones también se juegan su prestigio en los detalles que no figuran en los autos: coherencia, prudencia, distancia. Al final, lo que queda es esta sensación difícil de verbalizar pero presente en cada conversación jurídica de estos días: cuando la Justicia exige ejemplaridad, debería procurarse no repetir apellido que la complique.