La defensa de la sanidad pública volvió a llenar este domingo las calles de Madrid. Bajo un calor sofocante y con miles de personas procedentes de distintos puntos de la región, la capital fue escenario de una nueva movilización ciudadana contra lo que numerosas organizaciones sociales, sindicales y vecinales consideran un proceso continuado de deterioro y privatización del sistema sanitario madrileño.
Cerca de 10.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, participaron en una manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, integrada por más de un centenar de asociaciones, plataformas y entidades ciudadanas. La protesta se desarrolló bajo el lema “Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos” y recorrió la ciudad en cuatro columnas que partieron desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza de Felipe II para confluir finalmente en la Plaza de Cibeles.
La movilización, la quinta de estas características en los últimos años, evidenció que la preocupación por el estado de la sanidad pública madrileña sigue siendo una de las principales inquietudes sociales. Los convocantes denunciaron una situación que califican de “crítica”, marcada por listas de espera que consideran “interminables”, falta de profesionales sanitarios, escasez de pediatras y dificultades crecientes para conseguir una cita médica en plazos razonables.
Una sanidad cada vez más difícil de utilizar
Las críticas de los manifestantes se centraron especialmente en la Atención Primaria, considerada tradicionalmente la puerta de entrada al sistema sanitario público y uno de los pilares fundamentales de la sanidad universal.
Alvar Chalmeta, vecino de Carabanchel y participante en la marcha, denunció que conseguir una cita con el médico de cabecera puede requerir esperar varias semanas. Además, recordó que más de un millón de madrileños permanecen actualmente en listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas.
Para muchos de los asistentes, estos datos reflejan un problema estructural y no una situación coyuntural. La sensación generalizada es que la falta de inversión pública y la escasez de personal sanitario están provocando una degradación progresiva del servicio que afecta especialmente a quienes dependen exclusivamente de la red pública.
Los manifestantes insistieron en que la sanidad no puede convertirse en un servicio condicionado por la capacidad económica de cada ciudadano. Precisamente ese temor fue uno de los mensajes más repetidos durante toda la jornada.
La denuncia de los profesionales sanitarios
La protesta también contó con una importante presencia de trabajadores de la sanidad madrileña, que aprovecharon la movilización para denunciar sus condiciones laborales.
Lucía García, técnica en cuidados auxiliares de enfermería en el Hospital 12 de Octubre, criticó los bajos salarios, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales. Según denunció, los trabajadores sanitarios madrileños continúan desarrollando su labor en condiciones que consideran claramente insuficientes para garantizar una atención adecuada a la población.
Las quejas de los profesionales coinciden con las reclamaciones que durante los últimos años han realizado diferentes colectivos médicos, enfermeros y personal sanitario, que vienen alertando de dificultades para cubrir plazas, problemas de fidelización de profesionales y una creciente presión asistencial.
La consecuencia, según denuncian, es un sistema cada vez más tensionado donde las plantillas trabajan al límite mientras aumenta la demanda sanitaria de una población que supera ya los siete millones de habitantes.
El debate de fondo: dinero público para la sanidad privada
Más allá de las reivindicaciones concretas sobre plantillas o listas de espera, el centro político de la protesta estuvo en la denuncia de la creciente colaboración entre la administración autonómica y las empresas privadas del sector sanitario.
La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, defendió durante la movilización que la Atención Primaria constituye la auténtica puerta de acceso a la salud en condiciones de igualdad y denunció que la derivación de recursos públicos hacia empresas privadas está contribuyendo al deterioro del sistema.
Según explicó, cuando se reducen recursos en la sanidad pública mientras se incrementan los fondos destinados a operadores privados, el resultado es una asistencia sanitaria cada vez más desigual. En su opinión, se está consolidando un modelo en el que la rapidez y la calidad de la atención dependen cada vez más de la capacidad económica de cada ciudadano.
Huertas también criticó la situación de los enfermos de ELA, denunciando que muchas familias se ven obligadas a asumir costes que deberían estar cubiertos por las administraciones públicas. A su juicio, una comunidad con los recursos económicos de Madrid debería garantizar una protección integral para las personas más vulnerables.
“La salud no es un negocio”
La dimensión política de la protesta quedó reflejada en la presencia de representantes de organizaciones sindicales y partidos de izquierda.
La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, afirmó que “la salud no es un negocio” y acusó al Gobierno regional de favorecer intereses privados en detrimento del sistema público. La dirigente socialista reclamó la reversión de los conciertos sanitarios con empresas privadas al considerar que priorizan la rentabilidad económica frente al interés general.
En términos similares se expresó Irene Montero, quien exigió la derogación de la Ley 15/1997, una norma que permitió nuevas formas de gestión dentro del Sistema Nacional de Salud y que desde hace años es señalada por diversos movimientos sociales como una de las principales puertas de entrada a la privatización sanitaria.
Para los sectores más críticos, la cuestión ya no se limita a la gestión de hospitales o centros de salud. Lo que está en juego, sostienen, es el propio modelo sanitario sobre el que se construyó el Estado del bienestar.
Un conflicto que trasciende la política
La manifestación volvió a poner de manifiesto que la sanidad pública se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla de la política madrileña. Sin embargo, el alcance de la protesta trasciende claramente la confrontación partidista.
Las miles de personas que recorrieron Madrid bajo temperaturas extremas no reclamaban únicamente más médicos o menos listas de espera. Lo que expresaban era un temor creciente a que uno de los servicios públicos más valorados por la ciudadanía termine transformándose en un sistema donde la rapidez de la atención, el acceso a especialistas o incluso determinados tratamientos dependan cada vez más del nivel de ingresos.
Ese es el núcleo del conflicto que se vive actualmente en la Comunidad de Madrid: la confrontación entre dos modelos. Por un lado, quienes defienden una sanidad pública fuerte, universal y suficientemente financiada. Por otro, quienes consideran legítimo ampliar el papel de la gestión privada dentro del sistema sanitario.
La multitudinaria protesta de este domingo demuestra que una parte importante de la sociedad madrileña percibe que esa batalla está lejos de haberse resuelto. Y que, para muchos ciudadanos, la defensa de la sanidad pública ya no es únicamente una reivindicación social: es una cuestión de igualdad, de derechos y, literalmente, de salud colectiva.