La Puerta del Sol ha acogido este domingo una concentración contra el proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), la nueva legislación urbanística promovida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Bajo el lema «Una región para vivir, no para especular», varios centenares de personas han participado en una movilización convocada por la Coordinadora Madrid contra la LIDER, integrada por más de 50 organizaciones sindicales, vecinales, ecologistas, culturales y profesionales que reclaman la paralización del proyecto y la apertura de un debate público sobre el futuro urbanístico de la Comunidad de Madrid.
Entre las representantes sindicales presentes ha destacado Esther Chaves Alonso, secretaria de Igualdad y responsable de Vivienda de UGT Madrid, quien ha vinculado la oposición a esta reforma con la defensa del derecho de la clase trabajadora a una vivienda digna y la conservación de los recursos colectivos.
«Estamos aquí, en la Puerta del Sol, reivindicando el derecho a una vivienda digna de la clase trabajadora. También estamos reivindicando el no a la LIDER», ha declarado Chaves, que ha advertido de las posibles consecuencias del proyecto sobre el suelo y los espacios naturales.
La responsable sindical ha insistido en que las decisiones urbanísticas afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía y ha resumido su preocupación con una advertencia: «Perderemos recursos, perderemos zonas verdes, perderemos derecho a los espacios públicos. Esta Ley LIDER acabará con nuestro patrimonio».
Una reforma urbanística que enfrenta al Gobierno madrileño con las organizaciones sociales
El proyecto de Ley LIDER fue aprobado por el Consejo de Gobierno autonómico el pasado 22 de julio y se encuentra en tramitación parlamentaria. Según el Ejecutivo regional, pretende simplificar los procedimientos urbanísticos, facilitar la construcción de viviendas y reducir los tiempos de tramitación de doce a cuatro años mediante una reorganización del planeamiento y una mayor flexibilidad administrativa.
Entre sus novedades figura la modificación del actual modelo de planificación municipal y la reducción de las categorías de suelo a tres: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. La Comunidad de Madrid sostiene que estas medidas aportarán seguridad jurídica y facilitarán nuevos desarrollos residenciales.
Sin embargo, las organizaciones contrarias a la LIDER consideran que la anunciada simplificación podría traducirse en una disminución de los controles públicos, mayores posibilidades de intervención privada y una protección insuficiente del territorio, especialmente cuando se trata de grandes proyectos urbanísticos o instalaciones con un elevado impacto ambiental.
UGT, CCOO, FRAVM y Ecologistas en Acción, unidos contra la LIDER
La coordinadora reúne a un amplio conjunto de entidades sociales, entre las que se encuentran UGT, CCOO, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción Madrid, Alianza por el Clima, ATTAC Madrid, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, Madrid Agroecológico, el Club de Debates Urbanos y el Colegio Profesional de Arqueología de Madrid.
También participan organizaciones como la Plataforma Ecologista Madrileña, Madrid al Límite, la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, Salvemos la Casa de Campo, Salvemos Montegancedo, Stop Fórmula 1 Madrid y diversas asociaciones vecinales de barrios como Tetuán, Delicias, Malasaña, Puerta del Ángel y Palomeras Bajas, además de otras entidades culturales y ambientales. La campaña cuenta igualmente con el respaldo de PSOE, Más Madrid, Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde y Partido Verde.
La plataforma considera que la reforma debería partir de un diagnóstico riguroso de las necesidades territoriales, incorporar compromisos sobre vivienda asequible y garantizar que los nuevos desarrollos cuenten con infraestructuras, servicios públicos y equipamientos suficientes.
El suelo rural, las zonas verdes y el patrimonio, entre las principales preocupaciones
Durante la lectura del manifiesto, las organizaciones han denunciado que la nueva clasificación del suelo podría facilitar actuaciones inmobiliarias en terrenos rurales actualmente sometidos a mayores limitaciones, al tiempo que han cuestionado los cambios previstos en los procedimientos de evaluación y autorización urbanística.
También advierten de una posible reducción de las garantías medioambientales, de la pérdida de relevancia de determinados instrumentos de protección del patrimonio cultural y natural y de una menor capacidad de participación ciudadana en las decisiones sobre el desarrollo de barrios y municipios.
Para la coordinadora, sustituir el planeamiento general tradicional por actuaciones parciales podría dificultar una visión conjunta del territorio, favorecer desarrollos descoordinados y reducir la capacidad de prever las necesidades futuras de transporte, vivienda, zonas verdes y equipamientos públicos. Estas consideraciones forman parte de las críticas recogidas en sus documentos de campaña.
Una concentración que coincide con la acampada por la vivienda
La protesta se ha celebrado mientras permanece instalada en Sol la acampada organizada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, un caso que también ha estado presente durante la lectura del manifiesto.
Las entidades convocantes han vinculado ambos conflictos al considerar que las dificultades de acceso a la vivienda están relacionadas con el modelo urbanístico, la disponibilidad de suelo público y las prioridades de planificación territorial. También han reclamado que la legislación incorpore medidas suficientes para garantizar vivienda pública social y evitar la pérdida de espacios de uso colectivo.
La concentración ha concluido con un llamamiento a continuar la movilización desde los barrios y municipios madrileños y a abrir un proceso de participación social antes de aprobar definitivamente la reforma.
Esther Chaves Alonso ha reiterado así la oposición de UGT Madrid al proyecto en sus actuales términos, mientras las organizaciones de la coordinadora mantienen su exigencia de una legislación urbanística que sitúe entre sus objetivos la vivienda asequible, la protección del patrimonio y la conservación de los recursos naturales de la Comunidad de Madrid.
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