Míriam Nogueras ha aprovechado la crisis migratoria de Ceuta para recuperar una de las exigencias que Junts dejó pendientes en el Congreso. La formación independentista ha registrado este miércoles, esta vez en solitario, su proposición de ley para delegar en la Generalitat competencias estatales en materia de inmigración, una iniciativa que ya fracasó por el rechazo de Podemos, PP y Vox.
Esta vez Junts ha introducido un cambio muy concreto. Ha eliminado la exposición de motivos que provocó buena parte de las críticas de Podemos, pero mantiene el mismo articulado, según ha reconocido la propia Nogueras. Desaparece así el preámbulo que incomodó a la izquierda, no las competencias que Junts pretende asumir ni el contenido de la propuesta.
La portavoz independentista considera que con ese cambio Podemos se ha quedado sin argumentos para votar en contra. «Ahora mismo no hay ninguna excusa para no votar que sí», ha sostenido. Una afirmación peculiar, porque concede a Junts la facultad de decidir no solo qué presenta en el Congreso, sino también qué razones pueden tener los demás para rechazarlo.
Podemos ya ha contestado. Su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido de que su formación volverá a oponerse si la proposición mantiene lo que considera un «enfoque securitario» de la inmigración. Para el partido morado, el problema de la iniciativa anterior no estaba únicamente en unas líneas del preámbulo. Afectaba a la orientación política de la propuesta.
Las competencias que reclama Junts
La proposición permitiría a la Generalitat asumir facultades sobre las autorizaciones de residencia temporal y las estancias de larga duración, intervenir en la documentación de extranjeros y ampliar las funciones de los Mossos d'Esquadra, que compartirían con Policía Nacional y Guardia Civil determinadas tareas de seguridad en puertos y aeropuertos. Incluye además competencias relacionadas con las devoluciones de extranjeros y la gestión de los centros de internamiento existentes en Cataluña.
La transferencia de competencias migratorias nació de un acuerdo político entre PSOE y Junts y forma parte de una discusión legítima sobre los límites y posibilidades del autogobierno catalán. Otra cosa es el discurso que Junts ha ido construyendo alrededor de la inmigración.
La formación de Carles Puigdemont lleva tiempo endureciendo el lenguaje. Durante la tramitación de la anterior iniciativa, Podemos recuperó expresiones de dirigentes independentistas como Jordi Turull, que había afirmado que «aquí no cabe todo el mundo», o del propio Puigdemont vinculando la política migratoria con la preservación de la identidad catalana.
No son expresiones aisladas de la disputa parlamentaria. Coinciden con un momento especialmente delicado para Junts en Cataluña. Aliança Catalana le disputa una parte de su espacio electoral desde posiciones abiertamente antiinmigración. La formación de extrema derecha independentista ha convertido esta cuestión en uno de los ejes de su crecimiento y obliga a Junts a competir en un terreno que durante años tuvo mucha menos presencia en el discurso del independentismo tradicional.
No todos los movimientos de Junts pueden explicarse por el avance de Aliança Catalana. Pero tampoco tendría demasiado sentido analizar su endurecimiento migratorio como si esa competencia electoral no existiera.
Ceuta entra en la batalla contra Sánchez
Nogueras ha acompañado la presentación de la ley con una ofensiva contra Pedro Sánchez por la gestión de la crisis de Ceuta. «Los socialistas siempre van tarde, pero van tarde en todo», ha afirmado, antes de acusar al Ejecutivo de ofrecer «palabrería» y «escaparate».
La crítica deja fuera una parte de lo ocurrido estos días. El Gobierno ha situado la crisis de Ceuta bajo la consideración de asunto de interés para la seguridad nacional, ha establecido una estructura de coordinación y sostiene que cualquier devolución, especialmente cuando afecta a menores, debe realizarse conforme a la legislación y con las garantías correspondientes.
La actuación del Ejecutivo admite discusión. Pueden cuestionarse los tiempos, los recursos disponibles o la eficacia de las medidas adoptadas. Convertir una emergencia migratoria en una competición política sobre quién demuestra mayor dureza conduce a un terreno bastante distinto.
Porque detrás de las competencias, los Mossos, las autorizaciones administrativas y los reproches parlamentarios siguen existiendo personas. Gestionar la inmigración exige controlar fronteras, aplicar la ley y disponer de recursos suficientes. Exige también integración, cooperación entre administraciones y garantías jurídicas.
Y obliga a evitar un atajo que empieza a resultar demasiado rentable en la política europea: utilizar al inmigrante como explicación inmediata para problemas que tienen causas mucho más amplias.
Cambiar el texto sin cambiar la política
Junts tiene derecho a defender que Cataluña asuma mayores competencias migratorias y a buscar en el Congreso los votos necesarios para conseguirlo. El debate sobre el autogobierno catalán no convierte por sí mismo una propuesta migratoria en una iniciativa de derechas.
Importa el endurecimiento del lenguaje de algunos de sus dirigentes y la presión electoral de Aliança Catalana. Importa que la crisis de Ceuta se utilice ahora para golpear al Gobierno y que la respuesta de Junts al rechazo de Podemos haya consistido en eliminar precisamente las palabras que hicieron más visible el sentido político que la formación morada atribuía a la iniciativa.
Podemos tendrá que decidir si eso basta para modificar su voto y el PSOE deberá comprobar si el acuerdo que alcanzó con Junts consigue esta vez superar el Congreso. Pero la discusión que deja esta nueva ofensiva independentista va más allá de una votación. Junts está decidiendo también desde qué lugar quiere hablar de inmigración en una Cataluña donde la extrema derecha independentista intenta convertirla en uno de los grandes campos de batalla electorales. Borrar unas palabras de la proposición era sencillo. La cuestión es si Junts ha cambiado también aquello que quería decir con ellas.
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