El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta un juicio inédito por revelación de secretos. El caso tiene su origen en la difusión de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— reconocía fraudes fiscales antes de negociar una conformidad. La acusación sostiene que el fiscal general impulsó una filtración para condicionar el relato público; la defensa sostiene que actuó para corregir una información falsa ya difundida. La disputa excede el contenido probatorio: se libra en el terreno de la legitimidad institucional.
La línea que separa información y desinformación
El punto de partida del caso es importante. El primer relato público no lo construyó la Fiscalía, sino el entorno político y mediático de la Comunidad de Madrid. Se difundió que la Fiscalía había presionado a la defensa de González Amador para pactar, cuando el propio correo —hoy núcleo de la causa— muestra lo contrario.
Esto es lo que García Ortiz afirma haber intentado corregir mediante una nota oficial.
Aquí se ubica el conflicto: ¿corregir una falsedad es filtración o es obligación institucional? La acusación elige la primera respuesta. La defensa, la segunda. Mientras tanto, lo que sí está acreditado es el fraude fiscal del querellante, un dato que en la superficie pública parece haberse desplazado hacia el segundo plano.
El lugar desde el que se juzga
El proceso se sostiene en un tribunal excepcional y en una atención mediática sostenida. El hecho no es menor: se está juzgando a quien dirige el Ministerio Fiscal, y el juicio definirá también cómo se entiende la autoridad de la institución en adelante.
El debate no se limita a la legalidad de una nota informativa. Está en juego si la Fiscalía tiene margen para defenderse de campañas de descrédito o si cualquier movimiento en esa dirección puede ser interpretado como abuso de posición. En ausencia de regulación clara, la frontera entre rendición de cuentas y acoso político se vuelve operativa, no teórica. Este es el vacío que las derechas institucionales y mediáticas explotan con precisión.
No se trata de proteger a una persona, sino de observar qué modelo de Fiscalía se está diseñando a través de este proceso
El papel de González Amador en la construcción del conflicto
El acusado formal en el origen del caso no es García Ortiz, sino González Amador, con un proceso abierto por fraude fiscal. Su defensa ha logrado desplazar el eje del debate: del contenido del delito a la supuesta vulneración de su intimidad.
Ese giro no se entiende sin el entorno político que lo sostiene. La figura pública de Ayuso se construye discursivamente sobre la noción de ataque externo constante: todo señalamiento se convierte en persecución; toda investigación, en conjura. En ese marco, el fiscal general aparece como antagonista perfecto.
Lo que se discute, por tanto, no es solo un correo, sino la capacidad del poder judicial para contradecir un relato político dominante.
La pregunta central no es si el juicio es o no legítimo —la supervisión judicial debe existir—, sino qué efectos tendrá sobre la autonomía de quien ocupe la Fiscalía en el futuro.Si el mensaje final es que corregir una falsedad puede costar el puesto, la institución queda sometida al ruido, no al derecho.