La entrada en 2026 marca un punto sensible en el calendario de las pensiones: la edad para acceder al 100% de la prestación vuelve a retrasarse y se activa un sistema dual de cómputo. No es un cambio aislado, sino la consecuencia acumulada de reformas que buscan sostener el sistema sin romper su lógica contributiva.
El próximo 1 de enero, jubilarse con el 100% de la pensión exigirá 66 años y 10 meses, dos más que en 2025. El calendario avanza hacia los 67 años fijados para 2027 y lo hace sin sobresaltos normativos, pero con un impacto social creciente. El ajuste no es nuevo ni improvisado: responde a la reforma pactada en 2011 y desplegada de forma gradual desde 2013, con el objetivo declarado de acompasar la jubilación al aumento de la esperanza de vida y a la presión demográfica que ya se deja sentir.
La norma mantiene una vía alternativa que amortigua el retraso: quien acredite 38 años y tres meses de cotización podrá seguir retirándose a los 65 sin penalización. Ese umbral, sin embargo, no es menor. El mercado laboral real —marcado por trayectorias fragmentadas, entradas tardías y lagunas de cotización— hace que cada año menos trabajadores lleguen a esa cifra sin interrupciones. La consecuencia es clara: la edad legal se convierte, de facto, en la referencia mayoritaria.
El cálculo de la pensión entra en terreno técnico
Junto a la edad, 2026 inaugura un cambio menos visible pero estructural: el inicio del régimen dual para calcular la base reguladora. Durante doce años convivirán dos fórmulas hasta 2037, cuando el sistema permitirá elegir entre computar los 29 últimos años descartando los dos peores, o mantener el cálculo sobre los 25 años finales.
La medida introduce flexibilidad en un sistema que penalizaba especialmente las carreras irregulares. Permitir descartar meses de baja cotización corrige sesgos evidentes del modelo anterior, pero también desplaza el debate hacia la suficiencia de las pensiones futuras. El cálculo mejora en términos distributivos, aunque no neutraliza el efecto de salarios bajos o de largas etapas de precariedad.
A corto plazo, el impacto será limitado: en 2026 el periodo ampliado alcanza solo 25,33 años, con posibilidad de excluir dos meses. El cambio es incremental, casi imperceptible, pero apunta a un rediseño más profundo del vínculo entre vida laboral y pensión.
Más ingresos hoy para sostener mañana
El tercer eje del ajuste llega por la vía de las cotizaciones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube al 0,9%, reforzando un fondo pensado para absorber el pico de gasto que traerá la jubilación de la generación del ‘baby boom’. A ello se suma la cuota de solidaridad para los salarios más altos y el aumento de la base máxima de cotización, que se sitúa ya por encima de los 5.100 euros mensuales.
Estas medidas responden a una lógica distinta a la de los recortes clásicos: ensanchar ingresos antes que recortar derechos. El sistema asume que el reto no es solo demográfico, sino también distributivo, y que la sostenibilidad no puede descansar exclusivamente en retrasar la salida del mercado laboral.
El resultado es un modelo más complejo y menos intuitivo, que exige información y pedagogía. La jubilación deja de ser un hito fijo para convertirse en una ecuación de edad, años cotizados y trayectorias laborales. En ese tránsito, la política de pensiones se adentra en su fase más delicada: la de garantizar estabilidad financiera sin erosionar la confianza de quienes aún están lejos de la retirada, pero ya empiezan a hacer números.